Prevención del delito y asistencia a víctimas estarán consagrados en los gobiernos regionales

Incorporar la facultad de prevención del delito a los gobiernos regionales, manteniendo las funciones de órgano rector en el Ministerio de Seguridad Pública, es parte de los lineamientos del mensaje que recientemente respaldó -en general y por mayoría- la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, presidida por la senadora Paulina Vodanovic.

La instancia especializada realizó sendas sesiones para abordar la propuesta legal y escuchó a la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile y a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, respectivamente.

En general, las y los senadores calificaron la iniciativa como “necesaria”, reconociendo que parte del mandato ya está siendo asumido por los gobiernos regionales y destacaron que se incluya el apoyo y asistencia a víctimas.

Sin embargo, dejaron constancia que se debe asegurar la coordinación desde el nivel central y el senador Rojo Edwards, quien se abstuvo, precisó sus dudas sobre la creación de un cargo en la planta y los años de experiencia requeridos, entre otros.

Cabe precisar que la subsecretaria Leitao señaló que, sobre el financiamiento “se propondrá incorporar una disposición transitoria que permita, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, modificar subtítulos, ítem, asignaciones y glosas. Incluida la dotación máxima de personal, para implementar la división de prevención del delito de los gobiernos regionales”, es decir, el proyecto no irrogaría gastos.

En tanto, desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras, indicaron como temas pendientes los colaboradores para la División y los recursos para financiar la División. 

EL PROYECTO

El mensaje, que cursa su segundo trámite constitucional, propone, entre otros: 

Incorporar al Gobierno Regional la función general de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materias de atención y asistencia a víctimas en la región.

Estas acciones deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices del Ministerio de Seguridad Pública.

Los Gobiernos Regionales podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores.

Para llevar a cabo la función de prevención del delito, los Gobiernos Regionales podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado y para el ejercicio de esta función, los Gobiernos Regionales deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Se propone facultar a cada Gobierno Regional para crear una División de Prevención del Delito en los Gobiernos Regionales, además de otras adecuaciones normativas.

Una vez que el respectivo informe sea emitido por la Secretaría Técnica, el proyecto será sancionado por la Sala.