Modernización de los planes reguladores avanza a su análisis en particular

Las y los senadores de la Comisión de Vivienda están analizando el mensaje que incorpora mejoras al procedimiento general de aprobación de los instrumentos de planificación territorial.

Hasta el 10 de julio, los parlamentarios y parlamentarias así como el Ejecutivo, tendrán plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país.

Esto luego que el mensaje en segundo trámite, fuera aprobado en general, por unanimidad, por los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en su última sesión. En la jornada, la instancia conoció las opiniones de la Contraloría, la Asociación de Municipios Rurales y el Colegio de Arquitectos de Chile respecto a la iniciativa.

PROYECTO

El proyecto que cuenta con suma urgencia, tiene por objetivo modernizar, fortalecer, agilizar y hacer más eficiente el sistema de planificación territorial. La idea es resolver de manera oportuna los problemas que se presentan en las ciudades y prever su ocurrencia.

Las actuales dificultades que existen en la planificación territorial responden al aumento de los tiempos en los procedimientos de elaboración o modificación; el excesivo formalismo; la duplicidad de funciones; y la falta de coordinación entre órganos de la administración del Estado en la tramitación de los instrumentos de dicha planificación.

De tal modo, la norma se orienta a incorporar mejoras al procedimiento general de aprobación de los instrumentos de planificación territorial. Así, se aclaran disposiciones que resultan obscuras o dudosas. Igualmente, se dota de mayor eficiencia al proceso de planificación, evitando paralizaciones o retrocesos en etapas muy avanzadas de la tramitación.

Asimismo, se diversifican los mecanismos de modificación de la norma urbana y gestión territorial. Para ello se consolidan, mejoran y amplían los procedimientos existentes. Esto se realizará en armonía con el reconocimiento de procedimientos simplificados de evaluación ambiental estratégica. Además, estarán en línea con lo que establezca el reglamento que rige el procedimiento ambiental, en los casos que corresponda.

El texto también aclara las dudas en cuanto a las atribuciones y obligaciones que recaen en los instrumentos de planificación territorial en todos sus niveles. De igual modo, se fortalecen y detallan las competencias de la administración urbanística.

Por otro lado, se instala, a nivel institucional, una cultura de la planificación territorial con énfasis en el monitoreo constante de los instrumentos y en la formación de capacidades institucionales. Por ello, se le entregará a la División de Desarrollo Urbano la competencia para capacitar en planificación territorial y materias afines. Esto apuntará, especialmente, a las autoridades electas a nivel regional y comunal.

COMENTARIOS

El subcontralor general Víctor Hugo Merino calificó como razonable el proyecto haciendo ver algunas observaciones generales. Entre éstas mencionó la injerencia del concejo municipal en los planes maestros de regeneración, la necesidad de aclarar qué se entiende por áreas de influencia la hora de entregar incentivos regulatorios y la falta de financiamiento para capacitar a los profesionales que elaboran planes reguladores comunales.

En cuanto a la contraloría como tal, el profesional advirtió que “lo más relevante nos aparece que se estaría eliminando el trámite de toma de razón de la Contraloría en algunos aspectos”. Al respecto mencionó la aprobación de los planes reguladores comunales solo a través de decretos alcaldicios, los que muchas veces presentan fallas o faltan antecedentes.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Christian González valoró la propuesta coincidiendo con la opinión entregada en una sesión previa, por la Asociación de Municipalidades. Así destacó las nuevas atribuciones que se le entregan a los municipios para autorizar planes seccionales de remodelación es espacios estratégicos, y la habilitación normativa de terreno para la construcción de viviendas de interés público.

A su vez, el representante del Colegio de Arquitectos, Adolfo López dio cuenta de una serie de mejoras al texto trabajadas en el gremio. Así hizo mención a aspectos relacionados con la enajenación de terrenos e inmuebles municipales y la necesidad de consultar a las partes implicadas; administración de bienes nacionales y municipales de uso público; otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público y privado; y el desarrollo de planes maestros de regeneración de barrios.

Luego la senadora Yasna Provoste y los senadores Juan Ignacio Latorre (presidente) y David Sandoval analizaron las observaciones haciendo énfasis en la pertinencia de acortar los tiempos de tramitación, revisar en las indicaciones que se considere la toma de razón de la Contraloría, y la relación de este proyecto con la ley de Bases del Medio Ambiente en relación a la obligación someter a evaluación ambiental planes regulares y otros.

Cabe consignar que la Comisión de Vivienda recibió en audiencia a una serie de actores durante tres sesiones, entre ellos se encuentran el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, académicos de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, la fundación Huella Local, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Gobernadores Regionales, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Asociación de Oficinas de Arquitectos.