Jueves 30 de Abril de 2026
Buscan fortalecer la protección de espacios públicos y la convivencia ciudadana
La moción propone fortalecer la protección de espacios públicos, centros de salud y educación, redefiniendo el concepto de daño para incluir rayados y sancionando el abandono de residuos y ruidos molestos.
La Comisión de Seguridad Pública será la encargada de analizar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de persecución de conductas que afectan la seguridad en espacios públicos o alteran gravemente la convivencia ciudadana.
La moción -de autoría de la senadora Paulina Núñez y los senadores Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel e Iván Moreira- surge como respuesta a la necesidad de proteger la red material que permite el funcionamiento cotidiano de la sociedad, como establecimientos educacionales, recintos de salud y servicios de emergencia.
¿QUÉ SE BUSCA?
Con esta normativa, se busca una regulación más sistémica que garantice que el espacio público cumpla su destino de facilitar la vida en comunidad, resguardando la seguridad y la accesibilidad de todas las personas.
Uno de los pilares del proyecto es la precisión del régimen de daños en el Código Penal. Se propone que constituya daño la alteración no autorizada de la apariencia de una cosa (mueble o inmueble), cuando esta sea considerable, duradera o costosa de remover, incluyendo explícitamente rayados, firmas o dibujos realizados con pinturas o marcadores.
Al respecto, para facilitar la aplicación de sanciones, el proyecto redefine el "daño" incluyendo la alteración no autorizada de la apariencia de una cosa (mueble o inmueble) cuando sea considerable, duradera o costosa de remover, mencionando específicamente los rayados, dibujos y pegatinas y para determinar la cuantía de la sanción, “el tribunal deberá considerar el costo de limpieza, reparación o restauración”.
Fortalecer la protección penal e infraccional del espacio público y de la infraestructura comunitaria, sanitaria, de emergencia y de uso común, mediante la precisión del concepto de daño y la incorporación de reglas específicas para conductas que deterioran el entorno o alteran gravemente la convivencia ciudadana".
Asimismo, la iniciativa refuerza la protección penal de bienes de especial relevancia como: establecimientos educacionales; recintos de salud, públicos o privados, y equipamiento de urgencia o rescate; instalaciones y vehículos de emergencia, socorro o extinción de incendios; equipamiento comunitario en puentes, caminos y paseos.
El proyecto también aborda “vacíos legales en conductas que, aunque menores, deterioran el entorno” y se establecen multas de más de $280.000 (1 a 4 UTM) para quienes abandonen basura o escombros en playas, carreteras, plazas o sitios eriazos.
Se incluyen acciones que perturben gravemente la tranquilidad mediante dispositivos sonoros o amplificadores en espacios de uso público o bienes comunes, sin contar con la debida autorización.
Finalmente, la propuesta extiende la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias sicotrópicas a los bienes de dominio común sujetos al régimen de copropiedad inmobiliaria, salvo en espacios comunes autorizados específicamente por el reglamento respectivo.