Avanzan conversaciones sobre prórroga del Plan de Emergencia Habitacional

En la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado continúa el análisis de la propuesta que modifica la ley N° 21.450, con el objeto de prorrogar la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional (Boletín N° 17.780-14), que pretende prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia de la ley. La norma, vigente desde 2022, ha sido clave para fortalecer la gestión estatal del acceso y mejora a la vivienda.

La moción de autoría de los senadores integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo: Juan Ignacio Latorre, María José Gatica, Fidel Espinoza, Yasna Provoste y David Sandoval  se respalda en los números positivos que ha dejado la aplicación de este programa, con la generación de más de 260 mil viviendas a nivel nacional, a través de mecanismos como: la aceleración de gestiones de suelo del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), eliminación de barreras administrativas y flexibilización exigencias normativas sin renunciar a la calidad urbana.

"Extender su vigencia hasta 2029 permitirá no solo consolidar los avances logrados, sino también dar sostenibilidad y proyección a los mecanismos previstos en esta legislación, muchos de los cuales se encuentran aún en proceso de implementación, por lo que desde ya manifestamos nuestra disposición para seguir enriqueciendo la iniciativa durante su discusión", señalaron los y las legisladores autores de la moción. 

Durante la primera sesión de la comisión donde se analizó este tema, las y los senadores expresaron su apoyo transversal a la medida, abogando para su pronta resolución. El presidente de la instancia, senador Juan Ignacio Latorre destacó la necesidad de tramitar rápido la mencionada extensión del programa. “Lo fundamental es aprobarla con celeridad, dejando a la administración actual y futura el rediseño de instrumentos más robustos”, dijo.

De la misma manera, el senador David Sandoval recalcó que se trata de una moción simple. “Estamos todos de acuerdo en que tiene que prorrogarse, no tiene sentido alargar audiencias”, puntualizó.

Un punto central de la discusión fue la definición de cómo abordar la tramitación: Si limitarse a extender el plazo de vigencia del Plan de Emergencia Habitacional, o si aprovechar la ocasión para introducir ajustes significativos. Algunos parlamentarios y representantes sociales advirtieron que la ley vigente requiere de reformas estructurales, como un banco de suelos o mecanismos más contundentes de traspaso de terrenos fiscales, lo que podría traducirse en un debate más largo y complejo.

El senador Latorre hizo hincapié en lo anterior, señalando que la modificación robusta de la ley vigente involucra presupuestos, por lo que necesita de la iniciativa del Ejecutivo, ralentizando el proceso, lo que podría poner en riesgo la aprobación de la prórroga dentro de los plazos necesarios, considerando que la vigencia de la ley actual está limitada al 31 de diciembre del presente año.

“Profundizar herramientas para traspaso de terrenos hábiles, banco de suelos, programa de habilitación de suelo para vivienda pública, son atribuciones directas del Gobierno, incluso si queremos una meta más ambiciosa como 100 mil viviendas o más al año, eso ya es presupuesto, iniciativa de gastos del Ejecutivo”, profundizó Latorre.

El senador David Sandoval, por su parte, incorporó una visión multifactorial a la discusión, no sólo respecto al acceso, sino a la obsolescencia de las viviendas actuales que se incorporan anualmente en un 3% respecto al problema del Estado en general, así como el potenciamiento de subsidios rurales y de recuperación de viviendas que no han tenido tanto alcance.

En tanto, los representantes de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, Carlos Marambio y Enrique Matuschka; la directora de Déficit Cero compartieron sus distintos diagnósticos sobre la promoción de subsidios habitacionales como el DS49, DS10, la vivienda industrializada y la oferta de arriendo a precio justo, especialmente enfocada en la clase media. Además abordaron los planes en territorios críticos, el fortalecimiento de las herramientas de gestión de suelo y los riesgos de proliferación de campamentos, entre otros aspectos.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Vicente Burgos, Jefe de División de Desarrollo Urbano, concedió en que la extensión es prioritaria y sugirió que un proyecto de ley paralelo podría hacerse cargo de introducir nuevas herramientas, con el fin de no entorpecer el avance inmediato del proyecto en actual discusión.

Respecto al trámite de la iniciativa, el senador Latorre adelantó que aún falta recibir en audiencia a otros expositores para discutir la idea de legislar, por lo que la votación en general podría verificarse a partir de la próxima semana.
 

OFICIOS Y SOLICITUDES

La sesión de la Comisión estuvo marcada también por diversas observaciones a la gestión de solicitudes y presupuestos del SERVIU. La senadora Yasna Provoste, mencionó un posible negocio especulativo en Quilicura, donde un terreno fue revendido al SERVIU a un precio cuatro veces superior en menos de un mes. “No sólo afecta a las arcas fiscales, sino a la confianza ciudadana. Es fundamental que el Ministerio de Vivienda explique cómo se justifican estas operaciones”, advirtió Provoste.

En la misma línea, la senadora María José Gatica, emplazó al ministerio a responder los oficios pendientes sobre proyectos habitacionales en Neltume, acusando retrasos injustificados que afectan a las familias. “Lo mínimo es que se les dé la cara a los vecinos y se les diga la verdad, porque no se puede seguir jugando con sus ilusiones”. Tras lo expuesto por las senadoras Provoste y Gatica, se acordó el envío de oficios al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

Al respecto, el senador David Sandoval recalcó que el MINVU “está en el ojo del huracán” tras los “Casos Convenios”, recalcando ineficiencias en la respuesta a emergencias como el megaincendio en la región de Valparaíso. Agregó que es importante conocer la situación financiera de los compromisos actuales de los 16 SERVIU a lo largo del país.

En ese sentido, Carlos Marambio, Gerente General de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, evidenció el retraso de pagos de anticipos y subsidios de vivienda otorgados, estimando el déficit del Serviu Metropolitano en un 6,2%, lo que podría repercutir en problemas de caja para inicios del próximo año, y podría generar un efecto cadena con otras regiones.