Uso de agua de mar para desalinización: proyecto queda en condiciones de convertirse en ley

Destacando el avance con un “marco legal claro y definido”, que hace frente a los efectos negativos de la “escasez hídrica” en “actividades productivas y para el propio consumo humano”, el Senado respaldó en tercer trámite las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y Diputadas al proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización, con lo que la norma queda a un paso de convertirse en ley.

El proyecto fue valorado por los y las senadoras Camila Flores, Matías Walker, Sergio Gahona, Sebastián Keitel, Renzo Trisotti, Ricardo Celis, Yasna Provoste y Esteban Velásquez. 

Se hizo notar que estamos frente a una “compleja realidad” y este avance es “un asunto de seguridad nacional y de justicia territorial”, principalmente, se advirtió, para las regiones del norte y centro del país.

“No se limita a habilitar una actividad, sino que es un marco integral, con estrategia nacional y reglas de fiscalización. Un sistema completo, coherente y aplicado”, se argumentó.

Asimismo, se dejó planteada la necesidad de asegurar la no ocurrencia de efectos negativos, “por eso es importante considerar que el reglamento que se dicte compatibilice el desalar agua, sin afectar actividades como la pesca artesanal”.

REGULACIÓN

La idea matriz del proyecto de ley consiste en establecer una regulación para el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, contribuyendo con ello a una mejora en la seguridad hídrica, a una mejor adaptación al cambio climático y el resguardo de la biodiversidad y el uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros. 

Del mismo modo, busca regular el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras.

Además, de  modificar el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.

Por último, dispone que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deberán someterse siempre al sistema de evaluación ambiental.