Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios a un paso de ser votado en Sala

En condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda, quedó el proyecto -iniciado en mensaje- que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS). Esto luego que las y los integrantes de la Comisión de Agricultura aprobaran su articulado.

Tras ser analizada la propuesta por Hacienda, la Sala deberá analizar el nuevo texto que será derivado a la Cámara de Origen para que curse su tercer trámite.

La iniciativa tiene como fin reemplazar y modernizar el antiguo programa denominado Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), de manera de promover la producción sostenible de alimentos y detener la degradación de la tierra por un plazo de 12 años.

La idea es impulsar la adopción de prácticas, por parte de los agricultores, que permitan mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agropecuarios. Para el logro de tales objetivos, la iniciativa dispondrá de tres instrumentos: la bonificación de la gestión sostenible de los suelos agropecuarios, la transferencia de conocimientos para su gestión sostenible y el fondo comunitario para la gestión sostenible de los suelos.

De esta forma, la normativa crea el programa de Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS). Para los efectos, define el concepto de gestión sostenible de suelos agropecuarios como el conjunto de acciones, prácticas y políticas que promueven la conservación, mejoramiento y habilitación de los suelos agropecuarios. 

LO APROBADO

Luego de la revisión de una treintena de indicaciones en tres sesiones, la instancia presidida por la senadora Alejandra Sepúlveda e integrada por las senadoras Andrea Balladares y Loreto Carvajal y los senadores Alfonso De Urresti e Ignacio Urrutia, aprobó las siguientes materias:

• Crear un subsidio estatal directo para cofinanciar prácticas agrícolas que mejoren o mantengan las propiedades físicas, químicas y biológicas de la tierra. El programa de incentivos operará por un plazo de 12 años. 

• Crear un instrumento legal explícito orientado a la capacitación y asesoría técnica de los agricultores. La idea es garantizar que las prácticas sostenibles no solo cuenten con financiamiento, sino también con el acompañamiento técnico continuo de organismos como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el SAG (Servicio Agrícola Ganadero).

• Crear un Fondo Comunitario para la Gestión Sostenible que permita financiar proyectos de recuperación de suelos a escala comunitaria o territorial, permitiendo un impacto que va más allá de los predios individuales de los agricultores.

• Habrá una gobernanza de carácter participativo que recoja propuestas de la comunidad científica. Se aprobaron criterios para orientar y priorizar suelos productivos en macrozonas o regiones específicas bajo criterios de sostenibilidad medioambiental, viabilidad económica y equidad social.

   

DEBATE

En términos generales, el debate se centró en encontrar el equilibrio óptimo entre la rigurosidad de la evidencia científica y la accesibilidad real para los agricultores al momento de postular y rendir las prácticas de conservación de suelos.

Centros de investigación científica advirtieron que para que una política pública de suelos sea efectiva y demuestre impacto real ante el cambio climático, debe sustentarse en un monitoreo científico permanente. Esto se contrapuso con la necesidad de no burocratizar el beneficio ni exigir requisitos tan complejos que terminen excluyendo a los pequeños y medianos agricultores. Al final, se buscó conciliar estos enfoques mediante un sistema de caracterización mínima y financiamiento diferenciado.

También se analizó extensamente, cómo operaría la fiscalización técnica por parte del SAG y el INDAP. Se recalcó que los mecanismos de control no debían transformarse en trabas administrativas o multas excesivas que desincentivaran la adopción de prácticas sostenibles.

A su vez parte de la discusión se centró en definir con precisión los montos de los incentivos económicos para asegurar una cobertura inclusiva que resguardara la soberanía alimentaria, priorizando de manera equitativa a los productores de agricultura familiar frente a los grandes predios agropecuarios.