Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas listo para ley

En condiciones de ser remitido al Ejecutivo quedó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, luego que el Senado aprobara en general y en particular la iniciativa y la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara los cambios que se hicieron durante su tramitación.

El proyecto, que forma parte de la agenda priorizada de seguridad, considera una completa transformación institucional, agrupando en un servicio a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial y estableciendo que habrá un servicio descentralizado y regionalizado para prestar atención oportuna a las víctimas.

Así lo señalaron los senadores Pedro Araya y Ximena Rincón, quienes informaron sobre los alcances y los cambios que se hicieron a la iniciativa en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Hacienda, respectivamente.

El proyecto establece que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas es una entidad pública descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además de definir su funciones y atribuciones, establece la forma en que se estructurará y funcionará este nuevo servicio público, los derechos de las personas que son víctimas de delitos y las reglas que se aplicarán a los funcionarios que serán traspasados desde las Corporaciones de Asistencia Judicial y de otras reparticiones públicas a este nuevo organismo.

VOTACIONES

Durante el debate intervinieron las y los senadores Matías Walker, Enrique Van Rysselberghe, Luz Ebensperger, Claudia Pascual, Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Paulina Vodanovic, Alfonso De Urresti y Juan Antonio Coloma.

La Sala aprobó por unanimidad todas las disposiciones que fueron aprobadas de manera unánime en las comisiones que analizaron el proyecto y también las normas que no experimentaron cambios.

Luego, se dio paso a una serie de votaciones para definir algunas disposiciones que no habían sido aprobadas por mayoría en las comisiones.

En primer término, se aprobó por unanimidad incorporar una disposición que señala que "el sistema de remuneraciones del personal del Servicio deberá sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia y no discriminación arbitraria".

Luego se votaron dos disposiciones relativas a los migrantes y el catálogo de delitos que se considerarían por parte del nuevo Servicio.

La primera de ellas buscaba suprimir una frase aprobada en general que señala que "si se trata de delitos en los que se afecten bienes jurídicos de índole patrimonial, no será priorizada la atención de aquellas personas de nacionalidad extranjera que se encuentren en una situación migratoria irregular o que hayan hecho ingreso clandestino al territorio nacional".  Tras debatir los alcances de la disposición, la mayoría de la Sala optó por mantener en el proyecto esa disposición.

La segunda norma aprobada por mayoría es la que suprime del catálogo de delitos que serán vistos por el nuevo Servicio el relativo al tráfico de migrantes.

Todos los cambios realizados al texto en el Senado, fueron ratificados por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que el proyecto quedó despachado del Congreso.