Senado presente en la firma de la reforma constitucional de agenda de seguridad

Con un llamado a agilizar la tramitación y con “altura de miras”, el presidente de la República, José Antonio Kast, firmó el proyecto de reforma constitucional en el marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que busca consagrar expresamente en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado.

"Con el Senado presente en esta firma, el desafío es legislar con rigurosidad y sentido de urgencia, respondiendo a la seguridad como la principal prioridad de las familias hoy", manifestó el presidente de la República.

Además, la autoridad instó a “agilizar la tramitación de esta agenda robusta con la celeridad y diligencia necesarias para que los chilenos vean estas leyes promulgadas dentro de este 2026".

SEGURIDAD: DEBER DEL ESTADO

La senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado reconoció que "la seguridad nacional debe ser un deber del Estado y no una priorización del gobierno que esté de turno; por eso es tan relevante esta reforma constitucional".

"En estos temas espero que haya unidad de los parlamentarios, dado que en el país hay unidad para enfrentar el crimen organizado y recuperar la seguridad pública", recalcó.

Hizo presente que el texto original “probablemente sufra modificaciones durante el debate legislativo”, pero realizó un llamado a la “unidad y transversalidad de todos los sectores políticos para enfrentar el crimen organizado”.

VISIONES 

Sin embargo, la senadora Loreto Carvajal, también presente en la ceremonia, llamó a una “urgencia con cautela”. "Hay una necesidad urgente de más seguridad, pero no puede ser a todo evento. Tenemos que ser cautelosos y entender cómo se garantizan los derechos básicos de las personas".

Agregó que “hoy día la prioridad nacional es la seguridad, y nuestra obligación y responsabilidad es analizar este proyecto en su totalidad para generar garantías en donde los derechos también sean resguardados".

El senador Gustavo Sanhueza recalcó que “la seguridad es hoy una prioridad para la familia y lo que ha hecho el Presidente hoy es resaltar la importancia que tiene finalmente en el diario vivir para cada uno de nosotros”. En este orden, coincidió con la necesidad de “tomarlo con el sentido de urgencia que requiere para las chilenas y chilenos: una agenda de seguridad robusta que toma diferentes aristas”.

Por su parte el senador Arturo Squella recalcó que "si hacemos lo mismo que se estaba haciendo con la delincuencia común, el crimen organizado gana; esta reforma es la manera de que el Estado gane y con eso la seguridad de los chilenos" y destacó que la reforma constitucional propuesta permite una colaboración más activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En tanto, el senador Cristián Vial manifestó que "es una señal política muy clara dejar explicitado en el primer artículo de nuestra carta fundamental el deber del Estado en cuanto a seguridad pública; esto es algo que permea las ideologías y convoca a todos". Añadió que “seguir en un debate ideológico cuando debemos ser sensatos para hacer frente a la amenaza que afecta a todos los chilenos no tiene sentido”.

A la actividad acudieron también la senadora Andrea Balladares y el senador Andrés Longton; además de ministros de Estado, subsecretarios, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden y autoridades regionales y comunales.

REFORMA

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue el encargado de detallar la reforma constitucional presentada que busca enfrentar el crimen organizado y el terrorismo a través de tres pilares fundamentales:

La seguridad como deber del Estado: se propone modificar el artículo primero de la Constitución para reconocer que la seguridad pública es una base de la institucionalidad. Al ubicarla al mismo nivel que la dignidad y el bien común, deja de ser una función administrativa para convertirse en un principio rector de todas las instituciones del Estado (Gobierno, Congreso, jueces y fiscales).

El argumento central es que la seguridad es el requisito que hace posible el ejercicio de otros derechos, como la libertad de emprender o de transitar.

Eficacia en la persecución y golpe al patrimonio: busca facilitar el trabajo de los fiscales mediante la creación de una nómina de organizaciones criminales calificada por el Ejecutivo y controlada por el Senado.

Esto evita tener que demostrar judicialmente la naturaleza criminal de una banda en cada caso individual; además, se enfoca en dos frentes: endurecer el control en las cárceles para impedir que los cabecillas sigan operando y "golpear el bolsillo" del crimen, rastreando, congelando e incautando sus activos financieros.

Recuperación de territorios: se crea una herramienta específica para intervenir en barrios capturados por bandas criminales, diseñada para situaciones que no encajan en los estados de excepción tradicionales (como guerras o catástrofes)

Según explicó el ministro, esta facultad es acotada, con una causal precisa y un plazo determinado, permitiendo que las policías cuenten con la colaboración de las fuerzas armadas bajo reglas de uso de la fuerza previamente aprobadas y control del Congreso.

Arrau manifestó que esta reforma es el fundamento de una agenda más amplia que incluye 20 proyectos de ley en trámite y una docena adicional por ingresar.