Durante el amplio debate, las y los senadores hicieron ver la necesidad de incorporar a sectores como la pesca artesanal y la agricultura en el subsidio que el Ejecutivo contempla para los taxis, colectivos y el transporte escolar. También se solicitó asegurar que las regiones reciban el apoyo necesario y efectivo para no ver afectadas las tarifas de la locomoción colectiva.

Dando cuenta de las distintas interpretaciones y reacciones que ha despertado en el mundo parlamentario el alza de los combustibles y el rol de la actual administración, la Sala del Senado despachó el proyecto que adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico.
Con este resultado la norma iniciada en mensaje queda ad portas de su promulgación, una vez que los cambios sean visados por la Cámara Baja. Las y los legisladores respaldaron con 32 votos a favor y 6 abstenciones en general el texto y los artículos que no fueron objeto de modificaciones.
Durante la jornada, la Comisión de Hacienda conoció el texto apoyado por las y los diputados, y las indicaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda, y parlamentarios. Sus integrantes (las senadoras María José Gatica y Paulina Vodanovic, y los senadores Javier Macaya, Diego Ibáñez y Daniel Núñez) aprobaron en general y particular la versión final de la propuesta. Los cambios introducidos por esta instancia fueron apoyados en la Sala con 31 votos a favor y una abstención.
Entre las materias introducidas están incluir dentro del bono de cien mil pesos mensuales que se entregará a los dueños de taxis colectivos y del transporte escolar, a colectivos que circulen entre Arica y Tacna, y una flota de Aysén, los que no estaban contemplados en la propuesta original.
A su vez, se excluye a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del reintegro del impuesto específico a los combustibles; y se adelanta la entrada en vigencia de la norma generando un decreto exento que se dictará dentro de los diez días de la publicación de ésta.

PROYECTO
Para mitigar el alza de los combustibles, el proyecto propone:
Facultar al Ministerio de Hacienda para incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) en hasta 60 millones de dólares, mediante una o más transferencias de recursos disponibles en activos financieros del Tesoro Público. Dicha facultad podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto busca evitar el alza de la parafina en el contexto del aumento del valor del petróleo por el conflicto armado en Medio Oriente. El precio se mantendría a un nivel similar al mes de febrero, previo al conflicto.
• Modificar el impuesto específico a los combustibles. Así se establecen diferentes porcentajes de deducción, de acuerdo al monto de los ingresos anuales que tienen los contribuyentes, según el siguiente desglose:
-Un 80% del impuesto específico para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 UF.
-Un 70% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 2.400 y que no excedan las 6 mil UF.
-Un 52,5% a contribuyentes de ingresos anuales entre 6 mil y 20 mil UF.
-Un 31% del impuesto para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 20 mil UF.
• Crear un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. Se concede, a partir del 1 de abril de 2026 y durante los seis meses siguientes, un bono mensual de cien mil pesos a los propietarios de taxis y colectivos que, al 24 de marzo de 2026, se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros. La medida también contempla a los transportistas escolares. El beneficio solo podrá usarse para la compra de combustibles y permite el traspaso de éste, al conductor del vehículo.
Cabe consignar que, vía decreto, el Ejecutivo estableció modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) aumentando el cálculo del precio de paridad de dos a cuatro semanas. Todo con el fin de atenuar el impacto fiscal y reflejar más lentamente las fluctuaciones internacionales en los precios locales.
También la tarifa del Transantiago (sistema Red) se mantendrá congelada hasta diciembre de este año. En regiones se implementará un sistema de “espejo” de recursos. Este punto generó debate en la Comisión de Hacienda puesto que las y los parlamentarios reconocieron que la entrega de estos fondos no asegura que se usen para evitar el alza de los pasajes, por lo que se solicitó al Ejecutivo estudiar que los ministerios de Hacienda, y Transportes y Telecomunicaciones sean los encargados de la medida financiera y administrativamente.

DEBATE
En primer término, la Sala escuchó al presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, quien describió el debate del texto y su votación en particular. “Los miembros de la Comisión escuchamos al ministro de Hacienda y se plantearon otras fórmulas para contener el alza y sus efectos (…) En el informe financiero, se contempla el incremento del FEPP, la tasa variable del impuesto específico y el bono mensual para dueños de colectivos y taxis. También se presentaron varios informes complementarios que explican el gasto y los menores ingresos”, mencionó.
En medio de la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz agradeció la disposición a dialogar y detalló las indicaciones presentadas por el Gobierno. "En este proyecto estamos financiando básicamente, las medidas de mitigación en el transporte y la parafina con un impuesto inédito a las empresas. Al ritmo del gasto que estábamos por semana, nos exigía por responsabilidad fiscal, focalizar las medidas (...) En cuanto al apoyo a regiones, estamos trabajando con el ministro del Interior para recoger las inquietudes presentadas", explicó. En la misma línea, el ministro del Interior, Claudio Alvarado comentó que "los gobiernos regionales definen dónde destinan los recursos pero nos interesa que éstos rebajen las tarifas de los pasajes haciendo un acuerdo con las seremis de transportes".
A nombre del comité Mixto del Partido Demócrata Cristiano, Independiente II, Partido Federación Regionalista Verde Social e Independientes, Partido Comunista y Partido Frente Amplio hizo uso de la palabra primero, el senador Daniel Núñez.
El legislador aseguró que “esta discusión no es solo el traspaso del alza a la gente porque se anuncia también un ajuste del 3% del presupuesto y que el 1 de abril entrarán 40 medidas de reconstrucción que es una contrareforma tributaria (…) Por qué se pone una ayuda de cien mil pesos, creemos que es insuficiente (…) Este proyecto no incluye los fondos para congelar el alza del transporte público. Esto se va a hacer vía decreto, pero para las regiones se va a aplicar la ley Espejo y el gobierno central no podrá administrarlos”.
El senador Diego Ibáñez hizo un llamado “a que tomarse en serio el debate. Nadie dice que la bencina no va a subir por la guerra. Habían otras herramientas para hacerlo gradual y responsablemente. Por decreto se jodieron a la clase media (…) La única certeza es que se bajará la carga a las grandes empresas que son el 2% de todas (…) La recaudación no se compensa así (…) La solución profundiza el problema. Se creó una emergencia. La misma presidenta del BC reconoció el alza de la inflación que viene”.
La senadora Beatriz Sánchez recordó que “presentamos una propuesta para levantar una mesa de emergencia para llevar a los territorios algunas medidas. Se mira el Transantiago como si operara en todo el país (…) Los gobernadores regionales ya emitieron un comunicado reconociendo que no podrán administrar los fondos. Se necesita un subsidio directo al trasporte regional y otro para los transportistas rurales”.
Por su parte, el senador Iván Flores indicó que “me preocupa la rebaja pareja del 3% de las instituciones, en particular respecto a seguridad (…) El IPC de los pobres es mucho más caro (…) El 50% de los hogares consume bencina, pero ¿Qué pasó con el fondo Espejo? ¿Qué pasa con el gas? La parafina la usamos para calefacción, el combustible para moverse, pero el gas lo usa la mayoría de las familias y nadie habla de eso”.
La senadora Karol Cariola aseguró que “se ha decidido traspasar el problema a las familias y eso es una decisión política. No estamos de acuerdo que se debilite un mecanismo de protección, sube el costo de la vida. Esto significa que el costo de la crisis se distribuye en forma injusta, pagan las pymes, los trabajadores independientes, trabajadores del mar, las pymes. Por qué no asumen este esfuerzo las grandes empresas. El congelamiento debe aplicarse de Arica a Magallanes”.
Para la senadora Yasna Provoste, “se deja una señal preocupante. Se ha optado por traspasar a las familias el alza del petróleo. Desde los años 90 tenemos un mecanismo para suavizar las alzas, abandonar este camino es un error de ideologismo (…) Los pescadores artesanales han sido olvidados porque salir a faenar ya era difícil y ahora lo será aún más. Estamos en vísperas de Semana Santa. El alza va a gatillar alzas en transporte, las cuentas de la luz, en todo. El plan de mitigación es insuficiente porque no cubre el impacto regional”.
“NO ES UN PROBLEMA NUEVO”
Por el comité del partido Renovación Nacional e Independientes, intervino la senadora Paulina Núñez. “Lo que estanos viendo hoy no es un problema nuevo, cada vez que sube el precio del petróleo, nos vemos obligados a reaccionar y no se aplica una solución estructural. Hoy el precio se determina en base al impuesto específico y el sistema de estabilización, ambos funcionan como uno solo, pero jurídicamente no, están desalineados. Hay que dar un paso adicional para ordenar el sistema, hemos trabajado en un proyecto para generar solo un mecanismo”, hizo ver.
Por el partido Unión Demócrata Independiente intervino el senador Javier Macaya, quien planteó que “somos conscientes que el alza impacta a las familias, pero no es culpa de los gobiernos porque la guerra nos afecta, sin embargo, hay una responsabilidad. Lo que nos deja con menos margen de acción es la irresponsabilidad del gobierno anterior (…) Amortiguar artificialmente el alza, beneficia más a la clase alta que a la media, es regresivo (…) Mantener un subsidio parejo es igual que construir un hospital por semana”.
El senador Ignacio Urrutia, a nombre del Partido Republicano e Independientes, respaldó la medida que tuvo que adoptar el Ejecutivo ante la coyuntura internacional y recordó que “el presidente Boric quería ser la continuación del gobierno de Allende, y lo hizo muy bien porque dejó el Estado sin plata (…) y eso nos llevó a esta situación", dijo y agregó que "hoy día llegó un gobierno con pantalones y esperamos que Chile sea próspero como antes”.
En el tiempo del partido Evópoli e Independientes, el senador Miguel Ángel Calisto reconoció que “las regiones extremas serán una de las más perjudicadas por las alzas (…) No hay recursos para enfrentar la crisis, este Congreso debe esforzarse por buscar soluciones. Hoy el Gobierno ha venido un proyecto para apoyar las alzas pero estamos dispuestos a apoyar con otras medidas como aumentar el subsidio del cabotaje (…) El golpe en zonas extremas es más fuerte porque nos veamos castigados más que la gente de Santiago”.
En representación del comité Mixto Partido Socialista, Partido por la Democracia e Independientes y Partido Liberal, el senador Juan Luis Castro dijo que “la crisis internacional deriva de una guerra, pero creemos que el Mepco debiera mantenerse. Hay ajuste fiscal, sí pero no hay una quiebra como reconocieron las máximas autoridades (…) Pedimos celeridad para que haya seremis para interlocutar los recursos que se van a mandar (…) Necesitamos claridad del Ejecutivo de las medidas que llegarán a las personas”.
DECISIÓN ERRÓNEA
Luego el senador Ricardo Celis admitió que "creemos que es una decisión errónea porque se ha metido la mano al bolsillo de la clase media. Vamos a votar a favor porque soluciona un tema específico, pero vemos que se piensa más en la Región Metropolitana. Esperamos que eso cambie. No solo los ricos usan bencina, en el campo lo usan todos los agricultores y la gente en general (...) No es cierto que esta es la mayor alza del planeta. En la guerra de Ucrania, el barril de petróleo era más alto".
A su turno, la senadora Daniella Cicardini comentó que "cada semana le va a doler más a los trabajadores de la pesca, los pirquineros, llenar el estanque. No es la primera vez que usted ministro, le complica la vida a la gente. (...) Ahora el Gobierno permite un alza tres veces más alta (...) Las medidas que proponen son solo parches, podrían generar recursos terminando con la Secom".
La senadora Danisa Astudillo recordó que "el propio ministro nos dijo que esto era para guardar plata y esa es una decisión política que pagarán quienes menos tienen. Explíquele esto a la gente del norte, a quienes van al colegio, en Tarapacá no hay metro ni tren, el vehículo no es un lujo. Les exijo medidas diferenciadas para las zonas extremas y subsidios para los pueblos del Tamarugal".
En tanto, la senadora Paulina Vodanovic también abordó la decisión del Gobierno. "Esta es una decisión política que se muestra como un alivio pero no es más que un traspaso a los más pobres porque encarece la canasta básica y los que pagan más son los sectores medios y las regiones. Este proyecto no es un gesto suficiente (...) aunque se mejoró (...) Debe haber voluntad política. Acá falta la pesca artesanal porque los trabajadores dependen de la bencina para laborar", insistió.
La senadora Ximena Ordenes apuntó a la falta de diálogo político. "El 60% de los chilenos habitamos en regiones y se habla de congelar las tarifas en la zona metropolitana (...) Hago un llamado a que este congelamiento sea para todo Chile. El bono de cien mil pesos es insuficiente, por lo que invito a revisarlo. Se habla de electromovilidad pero se han hecho pilotos fallidos. El subsidio de zonas aisladas, ¿va haber un incremento porque los contratos ya se firmaron".
El senador Gastón Saavedra admitió que "el Gobierno debe dejar de lado la refundación del país disminuyendo los ingresos, la disminución del Estado y el gasto público. Esta decisión unilateral rompe la capacidad de acuerdos, es un error grave político. No hay una medición de los impactos. ¿Qué pasa con los uber? (...) Con todo se va ampliar la desigualdad territorial, no seremos pobres felices. Hay que estudiar el ingreso mínimo porque con eso no se vive y muchos tienen autos".
La senadora Fabiola Campillai declaró que se "presentan alternativas para golpear a los más vulnerables. Parece que a mis colegas de derecha no los consideraron. La gente está pagando en las bencineras con crédito, con dinero que no tiene. Los dividendos y los arriendos van a subir. Hace minutos el presidente Kast le pida ayuda a la gente, el Estado tiene el deber de cuidar a su gente (...) Incrementen el bono invierno e impulsen un aumento del sueldo mínimo".
En tanto el senador Vlado Mirosevic reconoció que "hay un indicador que me gusta mucho que es el índice de libertad económica. La discusión si estamos quebrados es ridícula. Chile tiene un 21% de carga impositiva, la OCDE tiene 34% (...) Me ha costado encontrar economistas con el diagnóstico que se hace. Habían otros caminos. Tras la guerra de Ucrania, las medidas se tomaron con el barril de petróleo más caro".
La senadora Alejandra Sepúlveda recordó las cifras y el tiempo que ya tiene este Gobierno, "veo que hay errores tras errores. Que digan que estamos quebrados es una brutalidad. Briones dijo que 'la ignorancia es atrevida'. Podríamos sentarnos y esperar. Siempre debe graduarse una medida compleja como ésta, pero acá no se hizo. No vamos a soportar es que las regiones seamos maltratadas".
El senador Esteban Velásquez analizó el escenario que ha impuesto el Gobierno. "Decir que no hay plata, no hay académico responsable que no vea esto como algo irresponsable. Hemos visto un gobierno ansioso y eso nos preocupa porque molesta a la ciudadanía (...) No quiero pensar en una política pública que busca crear un estado emocional de miedo. Pido que vuelva la cordura y la calma".
La senadora Claudia Pascual aseguró que “es imposible no apoyar alguna mitigación por el alza, eso no está en cuestión, pero sí que se detenga el mecanismo. No se puede tratar de tramitar las cosas parceladamente, por una parte, se detiene el Mepco, se nos dio una cifra (…) Parece que hubo una decisión administrativa y la responsabilidad de ésta se vino a difuminar acá”.
A su turno, el senador Enrique Lee confesó que "no es posible perder dos hospitales regionales por mes cuando se busca contener las alzas. Quiero agradecer el apoyo que se dará a los taxis que recorren de Arica a Tacna. Esto es mejorable en la medida que haya diálogo porque representamos a gente que lo está pasando mal. En Tacna, la bencina está tanto o más cara que en Arica. La gente que votó por el presidente Kast, también votó porque reconoce la importancia del crecimiento económico".
Finalmente, el senador Alfonso De Urresti aseguró que "la administración Boric entregó cuentas ordenadas. La propia presenta del Banco Central lo reconoce así (...) Se ha dicho que no debe traspasarse el costo a las regiones. Hay temas no considerados porque no se habla del transporte fluvial, hay que incorporarlo. También los pequeños agricultores que ocupan combustibles".