Sala comienza revisión de la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa

RELACIÓN DE HECHOS

El Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, realizó una pormenorizada relación de la acusación y detalló que la parte acusadora, se fundó en una serie de hechos que dan lugar a tres capítulos:

1. Faltar el deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes. Se indica que el ministro incurrió en cinco oportunidades, en la filtración de resoluciones de causas confidenciales. Los diputados explican que el jurista reveló al abogado Hermosilla, a través del chat, resoluciones relacionadas con el caso del gobernador Rodrigo Mundaca, entre otros. Se manifiesta que estas conductas fueron sistemáticas afectando el derecho de reserva, el principio de igualdad de las partes y el deber de probidad.

2. Deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales. Se asegura que el ministro participó de la resolución de causas a pesar de tener conflictos de interés y manifestó animadversión hacia los intervinientes. De esta forma, se recuerdan los casos del expresidente Sebastián Piñera y los hermanos Yarur. Se indica en que estas acciones dan cuenta de la falta de neutralidad afectando la garantía de juez imparcial.

3. Intervención indebida en los nombramientos, que da lugar al notable abandono de deberes. El ministro habría intervenido en la designación de ministros de la Corte Suprema y fiscales gestionando apoyo a los candidatos. El libelo hace ver que estas conductas sostenidas entre el 2020 al 2022, afectaron la independencia y legitimidad del proceso de nombramientos. También se le acusa de tomar contacto con senadores en el marco de la acusación constitucional en contra de la ministra Silvana Donoso y la designación del juez Raúl Mera; y tener una canal de comunicación con el abogado Hermosilla para desacreditar a los candidatos.
    

ARGUMENTOS DEFENSA

Por su parte, el acusado hizo ver que los hechos que se le juzgan, son los mismos por lo que fue sancionado con la Corte Suprema –con rebaja de su remuneración y suspensión por dos meses- que habría dado curso a un cuaderno de remoción. Al respecto enfatizó que ya la Corte decidió no removerlo (por falta de quorum), por lo que la acusación constitucional no procede.

En cuanto al primer capítulo (falta al deber de reserva), aseguró que no envió los documentos que se indican como resoluciones de fallos y procesos disciplinarios internos de la Corte. A su vez, planteó que aquello que sí envió fue con la convicción de no cometer faltas y dichas resoluciones, se entregaron una vez que habían sido públicas.

Respecto al segundo (parcialidad en las causas), el acusado explicó que ignoraba las conversaciones que sostenían la ministra Verónica Sabaj y el abogado Hermosilla, y que no mantiene una relación personal con el abogado Samuel Donoso ni con el jurista del caso Audios. Indicó que “las conversaciones que podría haber sostenido fueron de buena fe y solo tuvieron como fin ilustrar los méritos de los candidatos”.

Finalmente, respecto del tercer capítulo (intervención en nombramientos), manifestó que no hubo un ánimo de intervenir y que solo conversó con el abogado Hermosilla para hacer ver sus propios méritos. En cuanto a su relación con senadores, indicó que “se limitó a explicarles el mecanismo de otorgamiento de la libertad condicional y los antecedentes positivos el ministro Mera”.
 

FORMALIZACIÓN

Tras la detallada relación del Secretario General, fue el turno de los miembros de la Comisión designada por la Cámara para formalizar la acusación, quienes argumentaron por cada uno de los capítulos y enfatizaron en los audios, la intervención en nombramientos y, en general, en “la conducta del ministro Ulloa, que es incompatible con la probidad”.

Además, se recordó “la votación importantísima de la acusación en la Cámara que consideró que es corrupción”.

“Si hoy no entendemos la importancia de tener instituciones transparentes, libres de corrupción, y que den confianza, la decepción de la gente pronto comenzará a convertirse en rabia”, así enmarcó “la relevancia de esta acusación constitucional” el diputado Daniel Manouchehri.

Afirmó que “se sustenta en el clamor ciudadano y cuenta con bases jurídicas sólidas para que sea destituido, por haber incurrido en notable abandono de sus deberes constitucionales y legales”.

La diputada Carolina Tello reforzó el deber de “defender la democracia, la probidad, la independencia y la confianza pública de la justicia chilena”. Lo que está en juego -añadió- “es la credibilidad de las instituciones del Estado, nada más y nada menos que del Poder Judicial”.

A su turno, el diputado Eric Aedo recalcó que, “el Senado es más que una cámara revisora, es la conciencia institucional de nuestra república y es por esto que esta acusación no es un ajuste de cuentas, sino que es una reafirmación del principio de que nadie está por sobre de la ley” y evidenció que “cuando la justicia se corrompe, la democracia se tambalea”.

DEFENSA

Luego intervino la defensa del magistrado Antonio Ulloa, que se dividió en dos partes: la primera a cargo del abogado defensor, Domingo Hernández y la segunda a cargo del propio ministro acusado.

Hernández insistió en señalar que el juzgamiento político del ministro Ulloa afecta el principio jurídico "non bis in idem", que señala que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. "Es la primera vez que se plantea al Senado como jurado un pronunciamiento de estas características…es primera vez que un caso sancionado por la máxima magistratura llega al Senado", indicó.

Al respecto, dijo que en los casos de acusaciones constitucionales el Senado se constituye como jurado y, por tanto, ejerce facultades jurisdiccionales pues debe pronunciarse si el acusado es o no culpable.

Indicó que el ministro Ulloa "ya fue investigado y sancionado disciplinariamente en sede judicial" con suspensión de su cargo por dos meses y reducción de sus remuneraciones. Hernández señaló que "varios de los cargos que se le hacen al señor Ulloa no tienen correspondencia con la Corte Suprema que lo exoneró de varios de esos cargos, pero el principio de objetividad brilla por su ausencia…estamos en presencia de un juicio mediático".

"NIEGO PERTENECER A RED DE CORRUPCIÓN"

Acto seguido, el magistrado Antonio Ulloa indicó que la acusación tiene falta de rigor pues se existen diversos errores en su presentación y tampoco esperó el veredicto de la Corte Suprema. Respondió a cada uno de los capítulos acusatorios citando hechos, fechas e información y afirmó que "esta acusación constitucional es la culminación de una operación política".

"Niego pertenecer a una red de corrupción al interior del Poder Judicial", dijo el magistrado tras explicar que su relación con el abogado Luis Hermosilla "fue circunstancial, precaria, diría yo" y se desarrolló básicamente desde el año 2020 a septiembre de 2022, mientras el abogado asesoraba al entonces ministro del Interior de esa época, Andrés Chadwick.

Junto con señalar que "yo me comuniqué con un abogado serio" y que "nada hacía suponer que Hermosilla iba a ser objeto de una causa criminal", afirmó que "jamás conversé con el señor Hermosilla respecto de una causa jurisdiccional, administrativa en la cual él pudiera haber intervenido en la decisión que tomé como ministro".

El magistrado dijo que "esta acusación constitucional es la culminación de una operación política…se me ha construido una imagen de mi persona en que se falta a la verdad sostenidamente, lo que tiene un componente ideológico…no tengo participación en ninguna red de corrupción".

Posteriormente, se desarrolló la réplica y duplica respectiva.