Sala aprueba reducción de plazos y trámites para construir y ampliar cárceles

En casi 36 meses se pueden reducir los plazos para la construcción de determinadas cárceles, según lo establece el proyecto de ley que exime de trámites y reduce los plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que fue aprobado en general por la unanimidad de la Sala del Senado.

Ahora corresponde que la iniciativa, que cumple su segundo trámite constitucional, sea analizada en particular por la Comisión de Constitución, para lo cual se fijó el 4 de septiembre para presentar indicaciones.

Según explicó la presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez, el objetivo de este proyecto es establecer reglas especiales para eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permitan conseguir una tramitación acorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a la sobrepoblación penal que existe en el país.

Para ello se establecen medidas que buscan permitir la ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad.

Cabe recordar que durante el debate los temas analizados fueron la necesidad de agilizar procesos administrativos vinculados a la ampliación y construcción de recintos penitenciarios; dilucidar la eventual vulneración de normativa ambiental al acelerar procesos sobre construcción de cárceles; y la importancia de que las municipalidades participen en el proceso de construcción y ampliación de cárceles.

PROYECTO URGENTE

Previo a la votación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que esta iniciativa es clave para reducir la sobrepoblación  y establece cinco ideas que permiten reducir los plazos en alrededor de 36 meses, pues se establecen plazos perentorios para la toma de razón por parte de la Contraloría, se exceptúa del sistema de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de ampliación y se reduce a la mitad el plazo para los estudios de impacto ambiental de los nuevos proyectos.

Asimismo, se faculta al MOP a que mitigue y compense más allá del sistema de impacto ambiental la zona donde se emplacen las cárceles y entrega una autorización amplia, sin plazos, para que el presidente de la República por decreto fundado determine la construcción de los recintos penitenciarios.

Durante el debate intervinieron las y los senadores Iván Moreira, Rojo Edwards, Alfonso De Urresti, Alejandro Kusanovic, Carmen Gloria Aravena, Juan Castro Prieto, Yasna Provoste, Gastón Saavedra, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Karim Bianchi, Kenneth Pugh, Sebastián Keitel, Luz Ebensperger, Jaime Quintana, Matías Walker, José Pilo Durana, Francisco Chahuán, Fidel Espinoza y Esteban Velásquez.

Hubo coincidencia en la necesidad urgente de darle una solución al problema de sobrepoblación penal existente en el país, pues no solo genera un problema humanitario, sino que se dificulta el trabado de Gendarmería, la rehabilitación de los reclusos y aumenta la contaminación criminológica.

Señalaron que construir nuevos recintos es demasiado caro y lento y que la seguridad y la inversión no pueden paralizarse por trámites administrativos interminables. "No se pueden seguir paralizando proyectos por temas administrativos", se indicó.

También se señaló que es necesario tener una política permanente de mirar los recintos carcelarios y ver qué está sucediendo con las medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, pues existen muchos internos en esa condición.

Durante el debate se recordó que el origen del Tren de Aragua se dio en una cárcel, donde los internos construyeron negocios y hasta un zoológico en la cárcel, para luego extenderse a distintos penales y países. De ahí, la importancia de poder reducir la sobrepoblación.