La Sala del Senado aprobó la mayoría de las disposiciones contenidas en la iniciativa y la Cámara de Diputados ratificó lo sancionado por la Cámara Alta.
Tras una serie de votaciones y pasadas las 20 horas del martes 20 de enero, la Sala del Senado despachó a tercer trámite el proyecto que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios.
El texto despachado desde el Senado fue analizado por la Cámara de Diputadas y Diputados el miércoles 21 de enero y fue ratificado en los mismos términos, por lo que quedó en condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su promulgación.
Durante la sesión de Sala, la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón, fue la encargada de realizar el respectivo informe y recordó que recibieron a más de 15 invitados.
Manifestó que entre los aspectos abordados se consideraron las implicancias para la hacienda pública y se debatió en torno a: financiamiento del reajuste y sostenibilidad fiscal; informe financiero y trazabilidad del gasto; uso de holguras presupuestarias; contenido misceláneo del proyecto; y reposición de normas rechazadas en primer trámite.
DEBATE
Por 28 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención fue aprobado el texto en general y, en particular, todas aquellas normas sobre las cuales no se solicitaron votaciones separadas, ni se presentaron indicaciones.
En tanto, aguinaldos y bonos acordados con la mesa del sector público fueron asegurados por unanimidad, al igual que lo dispuesto sobre teletrabajo, que se prorrogará hasta 01 de marzo de 2027.
En otro orden, sobre imputación de gastos se generó debate en torno a estabilidad financiera y la realidad de la Ley de Presupuestos, advertido por, entre otros, los senadores Rodrigo Galilea y Javier Macaya.
Al respecto, el ministro Grau respondió que “se mirará cómo bajaron los ingresos el 2025 respecto a la proyección, qué parte se repetiría el 2026 y cuáles son solo coyunturales… para hacer corrección (…)”.
REPOSICIONES Y RECHAZOS
En otro orden, se repuso el pago y reajuste del Bono Atacama; el bono de término de conflicto; y adelantar la instalación del Consejo de la Agencia de Protección de Datos Personales.
También avanzaron normas sobre compras de universidades y trato directo; protección a las personas electrodependientes; actualización planta del Ministerio de Vivienda.
Distinta suerte corrió lo referido a asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, que buscaba precisar indemnidad de remuneraciones, operación de asambleas y audiencias con autoridades, lo que fue rechazado por 19 votos a favor y 20 en contra.
Tampoco alcanzó los votos lo concerniente a la planta del Instituto de Previsión Social; ni el cese de funciones de asesores de confianza en conjunto a las autoridades que asesoran, por obligación legal.
La propuesta sobre la expansión del giro de Correos de Chile no alcanzó los votos requeridos para su aprobación.
CONTRATAS
En tanto, con 18 votos a favor y 21 en contra se rechazó una norma sobre reglas de no renovación de contrata. El ministro Grau explicó que en el gobierno central trabajan 100 mil personas en planta y 287 mil a contrata, lo que implica que éstas últimas trabajan en funciones de carácter permanente, por lo que se buscaba que, en el caso de no renovarse su contrata, se hiciera por un acto fundado.
Acto seguido se rechazó una norma que establecía que cuando una persona que haya trabajado a contrata 5 años o más y reclame ante la Contraloría, ésta tiene el deber de entregar su opinión al respecto si es que ese caso en particular no está judicializado.
Asimismo, se rechazó una disposición que buscaba anticipar el traspaso del servicio local de educación pública en la región de O'Higgins.
Por otra parte, se aprobó una norma que permite que la Subsecretaría de Derechos Humanos tenga la función de realizar investigaciones administrativas por adopciones forzadas.
Además, se aprobó una disposición que señala que las mutualidades de empleadores y las demás instituciones que mantengan hospitales podrán solicitar autorización para extender la atención médica que presten sus establecimientos cuando estén en condiciones para ello sin desmedro de las funciones y obligaciones que tienen por ley.
Intervinieron en las diversas votaciones las y los senadores Rojo Edwards, Yasna Provoste, Rafael Prohens, Rodrigo Galilea, Javier Macaya, Daniel Núñez, Alejandra Sepúlveda, Juan Antonio Coloma, José Miguel Insulza, Pedro Araya, Claudia Pascual, Alfonso De Urresti, Iván Flores, Fidel Espinoza, Ximena Rincón, Karim Bianchi, Ricardo Lagos, Luz Ebensperger,
Además de los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; del Trabajo, Giorgio Boccardo, y de la Segpres, Macarena Lobos.