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Martes 27 de Enero de 2026

Prevención y mitigación de incendios forestales: Senado despacha proyecto a tercer trámite

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Tras un arduo debate, la Cámara Alta respaldó en particular el proyecto que tiene por objeto establecer nuevos instrumentos y fortalecer los existentes para prevenir y mitigar, así como reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales en el territorio nacional.

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“Prevención”, “herramienta para evitar que se repitan tragedias”, “busca salvar vidas”, “que el Estado llegue antes que el fuego” fueron parte de las frases que acompañaron el despacho a tercer trámite, del proyecto que regula prevención y mitigación de incendios forestales.

 

Durante la sesión se dieron por aprobadas todas aquellas normas que no fueron objeto de observaciones y se respaldaron por mayoría una serie de votaciones separadas y enmiendas propuestas. 

 

MENSAJE

 

Con todo, el mensaje propone un marco regulatorio para la prevención y mitigación, introduciendo conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deben implementar medidas obligatorias como cortafuegos y manejo de vegetación.

 

Se otorga al Servicio Nacional Forestal la facultad de fiscalizar el cumplimiento de estos planes preventivos y aplicar sanciones económicas según la gravedad de las infracciones. 

 

Además, la propuesta fomenta la corresponsabilidad ciudadana, la educación técnica y el uso de sistemas de agroforestería para reducir riesgos.

 

El texto también modifica normativas de urbanismo para agilizar la actualización de los instrumentos de planificación territorial ante amenazas de desastres. 

 

Finalmente, se establecen mecanismos de asistencia técnica para pequeños productores y la coordinación entre organismos públicos para patrullajes y peritajes.

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DEBATE

 

La senadora Alejandra Sepúlveda fue la encargada de entregar el informe del trabajo de la Comisión de Agricultura y recordó que la instancia especializada destinó 15 sesiones para su análisis, con amplia participación.

 

Lo propio hizo el senador Rodrigo Galilea, integrante de la Comisión de Hacienda, instancia que se pronunció sobre las materias de su competencia, entre otras, financiamiento, impacto fiscal, mecanismo de asistencia técnica y apoyo y eventuales implicancias patrimoniales de su aplicación.

 

Al respecto, dejó constancia de la preocupación expresada ante la Comisión por costos futuros, el carácter facultativo de algunos puntos y el resguardo patrimonial. 

 

Luego, intervinieron los y las senadoras Paulina Vodanovic, Alejandra Sepúlveda, José Miguel Insulza, Carmen Gloria Aravena, Carlos Kuschel, Fabiola Campillai, Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla, Juan Ignacio Latorre, Loreto Carvajal, María José Gatica, Alejandro Kusanovic, Ximena Ordenes, Gastón Saavedra, Juan Castro Prieto, José Pilo Durana y Javier Macaya. Además, hizo uso de la palabra la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández. 

    

  

Una de las materias más cuestionadas fue “los rasgos expropiatorios” que tendría el proyecto, lo que -a juicio de algunos senadores- “limitan el derecho de propiedad”.

 

Al respecto, se aclaró que solo se avanzaría en “responsabilidad social” y “en ningún caso es expropiatorio” y se llamó a “no cercenar” el proyecto.

 

Con todo, para el artículo 18, sobre cumplimiento de acciones o medidas en zonas de amortiguación, se rechazó el último párrafo con el fin de “generar un espacio y una alternativa para una nueva propuestas”.

 

Se detalló que la propuesta (desestimada) se hacía cargo “del daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley deberá ser indemnizado (…)” y algunas voces insistieron en que era “indispensable para los pequeños propietarios”.

 

En cuanto a las sanciones se respaldó que las infracciones graves recibirán multa de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales y las infracciones gravísimas serán sancionadas con multas de hasta 3.000 unidades tributarias mensuales.

 

En otro orden, advirtieron que el mensaje tiene “sentido de urgencia, pese a que no se ha reflejado en su tramitación”, “han pasado más de 2 años desde su ingreso”, se reclamó.

 

Se pusieron de relevancia cada una de las zonas, a lo largo del país, que han debido enfrentar tragedias, con “costos de vidas”, “miles de hectáreas quemadas” y “cientos de evacuados”. 

 

Similar alerta se levantó por “la necesaria preparación del personal que debe enfrentarlas (emergencias)”, la “reparación” y “fiscalización”.

 

Los recursos y la falta de imperatividad de la ley también fueron objeto de debate y se instó a avanzar en el combate de incendios, mejorar los temas tecnológicos y adoptar una visión sistémica para enfrentar estos hechos.

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¿QUÉ BUSCA EL PROYECTO?

 

- Regular la prevención y mitigación de incendios forestales, por medio de la implementación de nuevos instrumentos de gestión y fortalecimiento de los existentes para evitar incendios y, en caso de ocurrencia, reducir su impacto sobre la vida de las personas, los bienes, la infraestructura y el medio ambiente. 

 

- Establece nuevas definiciones técnicas en la materia.

 

- Refuerza las capacidades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y entregar más herramientas al Servicio Nacional Forestal (Sernafor) respecto a la protección contra incendios forestales. 

 

- Potencia la coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y con otros actores, públicos y privados, que propician y ejecutan acciones de prevención y mitigación de incendios forestales. 

 

- Consagra acciones destinadas a la educación, con un especial enfoque en la preparación de comunidades organizadas. 

 

- Regula el uso del fuego e incentivos a la agroforestería.

 

- Establece patrullajes para prevenir los incendios intencionales y la labor pericial del Senapred. 

 

- Crea un sistema de denuncias, fiscalizaciones, infracciones, sanciones y procedimiento ante incumplimientos de la normativa. 

 

- Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo un mecanismo ágil para la incorporación de las zonas de interfaz urbano rural en los instrumentos de planificación territorial.