Miércoles 3 de Septiembre de 2025
Perfeccionamiento del procedimiento de expulsión administrativa avanza a Sala
Esto, luego de que la Comisión de Gobierno aprobara por unanimidad la idea de legislar. El mensaje, que cumple su segundo trámite, propone -entre otras medidas- reforzar las facultades del Subsecretario del Interior y fortalecer las atribuciones de la PDI.
Por unanimidad, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, aprobó en general el mensaje, en segundo trámite, que modifica la ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
La instancia especializada, presidida por la senadora Paulina Vodanovic, realizó sendas sesiones para conocer el texto legal que fue presentado por al director nacional de Extranjería, Luis Eduardo Thayer, quien indicó que el objetivo es proporcionar al Estado de Chile herramientas más efectivas para llevar a cabo las expulsiones administrativas
REFORZAR FACULTADES
El texto legal busca principalmente reforzar las facultades del Subsecretario del Interior, ampliando las hipótesis, debidamente calificadas, que le permitan ejercer dicha facultad en la mantención del orden público. “Ampliando la facultad al Subsecretario del Interior para expulsar directamente por motivos de orden público”, precisó.
Fortalece las atribuciones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) facultándola, previa autorización del Subsecretario del Interior, a ingresar al domicilio de la persona que tiene orden de expulsión para materializar la medida.
Adicionalmente, se habilita a la PDI para tomar los datos biométricos de extranjeros en situación irregular que ingresan al territorio nacional.
En otro orden, propone una reducción del plazo de presentación de recursos judiciales de 10 a 5 días para expulsión administrativa.
Una vez que la secretaría técnica emita el respectivo informe, el proyecto será analizado por la Sala de Sesiones.
CONDONACIÓN
Durante la sesión, la Comisión también despachó a Sala el proyecto, en segundo trámite, que condona la deuda originada en pagos en exceso, realizados erróneamente por las municipalidades, a funcionarios y exfuncionarios (16620-06)
Expusieron la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales y representantes de UFEMUCH y ASEMUCH, quienes reforzaron “la buena fe del funcionariado” y se despejó cualquier intento de enriquecimiento ilícito.
La subsecretaria indicó que el proyecto responde a un protocolo de acuerdo con el funcionariado, “con el fin de evitar afectar el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios municipales que recibieron recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades empleadoras, disponiéndose al efecto la condonación de la deuda originada en dichos pagos en exceso”.
El cálculo erróneo derivó de sendos dictámenes de la Contraloría, lo que involucró a 286 municipalidades. “Algunos municipios del país erradamente consideraron que la entidad contralora había modificado su interpretación de la norma, autorizando una nueva fórmula para determinar el aludido beneficio”.
La senadora Luz Ebensperger sentenció que “cuando la Contraloría realizó el dictamen y 286 municipios, de 345, se equivocan el problema no es de los municipios, el problema es de la Contraloría”.
En esta línea, las y los integrantes de la Comisión coincidieron en que también se debe considerar a quienes realizaron los pagos. “Los que pagaron también son funcionarios que dieron cumplimiento a un dictamen. Se pagó de buena fe”, se indicó.
Adicionalmente, se acordó oficiar al CDE y a la Contraloría para informar que el proyecto está en plena tramitación, con el fin de evitar que los juicios, principalmente de embargos, sigan avanzando.