Viernes 19 de Septiembre de 2025
Celebramos la edición N° 1000 del Periódico Electrónico:
Los cambios políticos, sociales y económicos de las últimas dos décadas
A través del resumen semanal del quehacer legislativo, revisamos los principales temas que dan cuenta de las profundas discusiones, acuerdos y transformaciones en la estructura institucional del país.
En las últimas dos décadas, Chile experimentó una serie de reformas legales de gran envergadura que impactaron profundamente en su estructura política, económica y social. El cambio de siglo llevó al Poder Legislativo a asumir una serie de debates, tensiones, acuerdos y desafíos inéditos en su trayectoria histórica, con el fin de implementar una serie de modernizaciones en el marco legal institucional.
A través de las mil ediciones del Periódico Electrónico dimos cuenta no solo del quehacer legislativo sino que llevamos hasta sus suscriptores el pulso de reformas legales que ampliaron y profundizaron distintos derechos sociales, influyeron en el modelo económico y productivo; además de rediseñar la representación política legislativa.
En diversos formatos, el Periódico Electrónico pasó desde el papel a la internet y se adaptó a los distintos sistemas tecnológicos de envíos mediante suscripción, con el fin de dar cuenta, a través del resumen semanal, de las transformaciones legislativas, muchas de las cuales todavía están en curso.
1998-2006: MODERNIZACIONES
En este periodo destacan el debate y los acuerdos indispensables para la promulgación de leyes emblemáticas, tales como, la Ley de Filiación (N° 19.585 de 1998) que terminó con la diferenciación entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, estableciendo que todos los niños son iguales ante la ley con los mismos derechos de parentesco, herencia y alimentos.
Esta ley facilitó la reclamación de paternidad o maternidad mediante juicios en los juzgados de familia, permitiendo que todos los hijos tengan los mismos derechos. Este fue un hito histórico cultural pues la ley eliminó las categorías de hijos "legítimos", "ilegítimos" y "naturales", que existían desde 1855.
Otra legislación fundamental de este periodo fue la discusión y promulgación de la Reforma Procesal Penal (Ley N° 19.696 del año 2000). Esta legislación transformó por completo el sistema de justicia penal chileno, reemplazando el antiguo sistema inquisitivo por uno acusatorio, oral y público. Se implementó de manera gradual en todo el país y también modernizó el sistema que regía en Chile desde el siglo 19.
En el ámbito social la discusión de la nueva Ley de Matrimonio Civil (N° 19.947, 2004) significó un amplio debate acerca de la legislación vigente sobre el matrimonio. Por primera vez, se estableció el divorcio legal en Chile y nuevas causales y procedimientos para la disolución del vínculo matrimonial. Esta ley fue un hito en materia de derechos civiles y familia.
Por otro lado, también se estableció un nuevo marco jurídico para la Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N° 20.084, 2005) que introdujo un sistema especial para los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometen delitos, con el fin de reinsertarlos en la sociedad. Durante el debate de esta legislación en el Congreso el espíritu de esta normativa es que los adolescentes infractores de la ley tienen derechos específicos, como defensa gratuita, y si son condenados a penas privativas de libertad, deben cumplirlas en centros especiales (CIP-CRC) y no en cárceles para adultos.
En el año 2005 se promulgó también la Ley N.º 20.050 que fue la reforma más profunda a la Constitución de 1980. Los debates se enfocaron en terminar con los llamados “enclaves autoritarios” heredados de la dictadura y dotar a la Carta Magna de mayor legitimidad democrática. De este modo, se puso fin a los senadores designados y vitalicios; se aumentaron las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y se redujo el período presidencial de 6 a 4 años, sin reelección inmediata.
La Ley de Subcontratación (N° 20.123, 2006) fue objeto de profundos debates sobre el sistema económico y productivo chileno. Se hizo cargo de regular el trabajo en régimen de subcontratación, estableciendo derechos y obligaciones para las empresas principales y contratistas. Otorgó mayor protección a los trabajadores subcontratados, incluyendo la responsabilidad solidaria de las empresas mandantes.
2007- 2014: DESAFÍOS DEL SIGLO 21
Posteriormente, se introdujeron inéditas modificaciones para el manejo del gasto público y la transparencia presupuestaria. Con la promulgación de la Ley N.º 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal (2007) se sentaron las bases de un acuerdo destinado a fortalecer la disciplina fiscal del Estado.
Para enfrentar de manera más efectiva la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar se legisló para incorporar medidas cautelares más eficaces, como la prohibición de acercamiento y el uso de dispositivos de control electrónico. Ley N.º 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar (modificaciones en 2007).
Una transformación fundamental se inició con la consagración del derecho de acceso a la información pública y el Consejo para la Transparencia (Ley de Transparencia N° 20.285, 2008). Esta normativa ha sido fundamental para el control ciudadano y la rendición de cuentas en la administración pública.
En el año 2008 se legisló sobre Subvención Escolar Preferencial con el fin de apoyar a estudiantes vulnerables mediante mayores recursos a sus escuelas. (Ley N.º 20.248 2008). El objetivo era mejorar la gestión educativa en establecimientos con alta matrícula vulnerable.
Por eso, al año siguiente se votó y promulgó la Ley N.º 20.370 sobre Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación que creó la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación Escolar. Desde entonces la meta ha sido mejorar la calidad de la educación escolar.
En el ámbito social, un avance significativo fue sin duda, la Ley de Postnatal Parental (N° 20.545, 2011) fruto de amplios acuerdos transversales amplió el permiso postnatal, permitiendo una mayor conciliación familia-trabajo y un avance significativo en los derechos.
Otra legislación que sentó las bases para un cambio cultural fue la Ley Antidiscriminación (N° 20.609, 2012) conocida como “Ley Zamudio”. Esta normativa estableció medidas contra la discriminación arbitraria por motivos de raza, orientación sexual, religión, entre otros, y creó un procedimiento judicial especial para su resguardo.
En 2012, tras intensos debates que no estuvieron exentos de polémicas que se mantienen hasta hoy, se aprobó Ley de Inscripción automática y voto voluntario (Ley 20.568). La iniciativa introdujo cambios en el sistema político vigente, ampliando el padrón electoral al incorporar automáticamente a todos los ciudadanos habilitados para votar. También modificó el funcionamiento del Servicio Electoral (Servel) y cambió la naturaleza del sufragio: de obligatorio a voluntario. Esta normativa fue posteriormente modificada y se reinstauró el voto obligatorio en 2023, con la promulgación de la Ley N° 21.524.
Y si de avances de salud se trata en 2013, Chile se puso a tono con legislaciones similares promulgando la Ley Antitabaco (N° 20.660). La norma restringió el consumo de tabaco en espacios públicos y reguló su publicidad, lo que significó un significativo cambio en el hábito de los chilenos y chilenas.
En tanto, la Reforma tributaria (Ley 20.780 de 2014) y sus ajustes posteriores) introdujeron diversos cambios con el fin de aumentar la recaudación para financiar políticas sociales.
2015- 2022: AGENDA CIUDADANA
En este periodo se registraron amplios debates en torno a la representatividad en política. Tras numerosas discusiones y acuerdos, en 2015 el fin del sistema binominal cambió la forma de elegir parlamentarios, pasando a un sistema proporcional que amplió la representación política. (Ley 20.840, 2015)
En 2015 se legisló en torno a un tema especialmente sensible para la educación pública, la reforma Ley de Inclusión Escolar (Ley N° 20.845). Esta iniciativa prohibió la selección de estudiantes en colegios que reciben financiamiento estatal y eliminó el lucro y el copago en la educación escolar, promoviendo la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. Desde entonces este tema no ha salido de la agenda pública generando diversas modificaciones que permitan su implementación más efectiva.
La Ley Ricarte Soto (N.º 20.850) que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo se promulgó en 2015 con el fin de garantizar cobertura financiera universal para tratamientos de alto costo, independiente del sistema previsional de salud (FONASA, ISAPRES, CAPREDENA, DIPRECA).
Otro tema que se mantiene dentro de los debates públicos es el relativo a la interrupción del embarazo. En 2017 se promulgó la ley sobre aborto en tres causales (Ley 21.030) que despenalizó la interrupción del embarazo en casos específicos.
La reconfiguración del poder a nivel regional también fue objeto de numerosos debates que convergieron en la ley que permitió la elección directa de gobernadores regionales (Ley 21.073, 2018). Éste fue el primer paso hacia una descentralización, atendiendo una serie de diagnósticos sobre la necesidad de otorgar una mayor autonomía a las regiones.
En 2018 se legisló sobre Identidad de género (Ley 21.120). Mediante esta normativa se permitió a personas trans rectificar su nombre y sexo registral.
La Pensión Garantizada Universal – PGU (Ley 21.419) fue otro hito histórico fruto del debate y los acuerdos alcanzados entre los distintos sectores políticos en el año 2022. Es una de las políticas públicas más valoradas por la ciudadanía, pues estableció un piso de ingresos para todos los mayores de 65 años, independiente de sus cotizaciones, generando un principio de mayor dignidad a este importante segmento de la población.
REFORMAS A LA CONSTITUCION 2019- 2023
A partir del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 en el contexto de la crisis del estallido social se abrió la puerta a un nuevo texto constitucional.
La Ley N.º 21.200 de marzo de 2020 modificó el Capítulo XV de la Constitución con el fin de incorporar un plebiscito de entrada (abril 2020, luego postergado a octubre por la pandemia). Asimismo, definió los mecanismos para elegir Convención Constitucional o Convención Mixta y estableció la paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y facilidades para listas de independientes.
Asimismo se legisló en la reformas transitorias para regular el plebiscito de salida (4 de septiembre de 2022) y el funcionamiento de la Convención, cuyo texto final fue rechazado en dicho plebiscito por amplia mayoría.
En tanto, en enero de 2023 se promulgó otra Reforma constitucional clave (Ley N.º 21.533) que estableció un nuevo procedimiento de elaboración y aprobación de una Carta Fundamental.
A través del Consejo Constitucional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad se elaboró una nueva propuesta de Carta Fundamental que se entregó en octubre de 2023. En tanto, en el plebiscito de salida, la propuesta fue rechazada nuevamente por la ciudadanía.