A ley proyecto que prorroga los plazos para la autorización de personal de seguridad privada

En condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su firma y promulgación, quedó el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.659, sobre seguridad privada, para aumentar el plazo de presentación y pronunciamiento sobre los estudios de seguridad que dispone, y extiende la prórroga de vigencia de la última autorización del personal de seguridad privada.

Esto, luego que la Sala aprobara en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa que establece una prórroga hasta el 28 de noviembre de 2026, para dar cumplimiento a la normativa de la ley sobre seguridad privada. El plazo establecido con anterioridad era el 28 de mayo de 2026.

Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Karim Bianchi, quien explicó los objetivos del proyecto, que, en lo fundamental, busca prorrogar los plazos respecto de la entrada en vigencia de:

- Entrega del primer estudio de seguridad por parte de las empresas de transporte de valores, las instituciones bancarias y financieras, las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dineros en sus operaciones y los establecimientos de venta de combustibles.

- Las autorizaciones para ejercer actividades de seguridad privada de vigilantes, guardias de seguridad, porteros, nocheros, rondines y otros.

La prórroga propuesta comprende hasta el 28 de noviembre de 2026, para dar cumplimiento a la normativa de la ley sobre seguridad privada y se dispone que la Subsecretaría de Prevención del Delito contará con noventa días hábiles para pronunciarse acerca de los estudios de seguridad propuestos por las entidades respectivas.

Durante la votación del proyecto, hicieron uso de la palabra las y los senadores Pedro Araya, Andrés Longton, Matías Walker, Cristián Vial y Claudia Pascual, además de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien explicó los motivos que llevaron al Ejecutivo a presentar esta "ley corta".

Las y los legisladores hicieron ver la importancia de legislar en esta materia, pues debido a una serie de problemas en la plataforma que tenía que habilitar el Estado a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, no se pudieron entregar las autorizaciones en materia de seguridad privada establecidas en la ley.

Agregaron que, de no aprobarse la iniciativa, cerca de 35 mil personas podrían ver en riesgo sus trabajos al no contar con las autorizaciones para ejercer actividades de seguridad privada de vigilantes, guardias de seguridad, porteros, nocheros, rondines y otros, y por consiguiente, quedar fuera del sistema.

No obstante, advirtieron que el tiempo adicional que tendrán las entidades públicas para otorgar las autorizaciones, debe utilizarse de la mejor manera a objeto de que en noviembre esté solucionado el problema y no tenga que volverse a discutir este tema.

En tal sentido, se solicitó un compromiso concreto al Ejecutivo para que esto se solucione, teniendo en vista el nuevo plazo a fin de generar la gestión necesaria