Inician estudio de proyecto que crea Sistema Nacional de Gestión de Datos

En la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, se inició la discusión en general del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos que fue presentado por el Ejecutivo este año.

La propuesta establece una plataforma común de gestión, intercambio y cuidado de la información en el sector público, con el objetivo de reducir la fragmentación en las instituciones, eliminar convenios burocráticos y garantizar estándares de ciberseguridad.

En materia de una transformación digital del Estado, se sumaría a una serie de iniciativas que han marcado la agenda en los últimos años, entre ellas, la Ley de Transformación DIgital del Estado (2019), la Ley de Marco de Ciberseguridad (2023), la Ley que crea la Secretaría de Gobierno Digital (2024) y la Ley sobre Protección y Tratamiento de los Datos Personales (2024).

Durante la sesión en que se analizó el tema, las y los senadores coincidieron en la importancia estratégica de esta propuesta legislativa. En tal sentido, el senador Kenneth Pugh valoró la iniciativa y señaló que los datos son “un activo valioso del Estado” al que no se le da la importancia correspondiente, pero advirtió que sin gobernanza ni recursos el proyecto podría quedarse “en el título”.

El senador Pugh señaló que Chile llega tarde a esta discusión, por lo que el desafío es avanzar hacia un modelo de interoperabilidad real. Se refirió al principio “Once Only” (“Sólo una vez”), aplicado en Europa, en que los ciudadanos entregan sus datos al Estado una sola vez, y a través de la reutilización de la información, se reduce la carga administrativa y mejora la eficiencia de los servicios públicos.

Lo anterior, porque el proyecto no cuenta con asignación de recursos y según la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, es por ser “una habilitante legal para operar”.

Por su parte, la presidenta de la comisión, senadora Ximena Ordenes, calificó el cambio en la legislación como “necesario y urgente”, y concordó en la preocupación por la ausencia de presupuesto para el proyecto, por lo que consideró necesario solicitar un informe y presentación a la Biblioteca Nacional del Congreso para conocer el funcionamiento y financiamiento de otras bases de datos existentes. Además, relató su experiencia en la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la que constató la dificultad de crear un banco de datos conjunto entre policías sin habilitantes legales para ello.

En tanto, el senador Alfonso De Urresti cuestionó la exclusión de órganos autónomos y universidades, advirtiendo que la mayor cantidad de instituciones posibles debiera estar adscrita a esta nueva ley. De Urresti apuntó también la necesidad de incluir bases de datos de la Contraloría General, como la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), e información de las policías, que hoy no tienen la obligación de cruzar datos entre servicios.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que el proyecto permitirá simplificar el intercambio de información, como los que actualmente realiza la Contraloría con el Servicio de Impuestos Internos, bajo el amparo las Bases Generales de Administración del Estado, que establece principios para la celebración de convenios y colaboración en el intercambio de datos.

Asimismo, detalló que las instituciones obligadas a sumarse serán el gobierno central, gobiernos regionales, los municipios, y que los datos de las policías están considerados. La subsecretaria aclaró que la norma concede la participación voluntaria a universidades y órganos autónomos justificado en la línea de alcance del Gobierno Digital.

En el caso del sistema de salud, recalcó que la interoperabilidad con Fonasa y los otros organismos será clave para mejorar la gestión, siempre bajo el resguardo de la Ley de Protección de Datos Personales, que establece los límites respecto al uso de información sensible.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional y en etapa de discusión general. De aprobarse, pasará a revisión particular, donde se espera la introducción de mejoras sobre alcance, financiamiento y mecanismos de gobernanza.