Escuelas protegidas: Comisión de Educación comienza estudio del proyecto

La falta de financiamiento fue uno de los temas que centró la atención de los integrantes de la Comisión de Educación, quienes comenzaron el estudio en general y particular, del proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo, contempla distintas medidas que apuntarían a enfrentar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales. Estas incluyen la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras.

REVISIÓN DE MOCHILAS

El texto en segundo trámite, fue explicado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien enfatizó que “estamos frente a hechos que tienen que ver con las dificultades de los profesores y los equipos escolares para mantener el orden en las salas (…) A eso se suma la importante carga administrativa que significa gestionar denuncias. De ellas, solo un 20% termina en una sanción efectiva”.

La autoridad reconoció que “se han constatado 43 delitos en promedio, por año en los establecimientos educacionales. Hablamos de delitos contra la vida y aquellos que tienen relación con drogas y armas (…) Las acciones que proponemos en este proyecto -algunas de ellas como es la revisión de mochila-, probablemente no van a ser necesarias en todos los colegios.

En cuanto al contenido del texto, la ministra aclaró que “hay que precisar que el proyecto permite –no es obligatorio- que los colegios puedan incluir la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias, ellos evaluarán esa necesidad Ahora no se abren las mochilas, se les pide a los estudiantes abrirlas. Esto se hará en una sala aparte y lo hará profesional específico para ello”.

INVERSIÓN

Tras la exposición, la senadora Yasna Provoste aseguró que “lo que está en la base del proyecto es que se interpreta la violencia en contextos escolares principalmente como un problema de seguridad pública, cuando toda la evidencia disponible indica que esto se trata de un fenómeno socioeducativo estructural (…) El informe financiero dice que todo este proyecto no irroga gasto fiscal. Esto significa que los apoyos a salud mental, la dotación de las duplas psicosociales que están en los establecimientos educacionales más psicólogos, la implementación de los nuevos procedimientos quedan entregados a la capacidad de cada sostenedor”.

Por su parte, el senador Rojo Edwards manifestó que cuando se producen hechos de violencia se tiene que reaccionar. “Hay que aceptar lo que dice la senadora Provoste, pero en estos casos específicos de alta violencia, debe haber una respuesta. La violencia no se debe tolerar independiente del enfoque preventivo. Podríamos agregar que los apoderados que no hayan adoptado medidas para evitar que sus hijos sigan delinquiendo, tengan alguna responsabilidad”.

El senador Cristián Vial comentó que “el diagnóstico es adecuado, todos concordamos que hay que tener medidas estructurales pero estamos en una crisis. El articulado es sensato, genera un marco jurídico fácil de manejar por los sostenedores. Discrepo sobre lo que se ha dicho, no creo que el proyecto desatiende lo importante porque apunta a mejorar el ambiente, porque solo así se protege la calidad de la educación. Que convoque a Carabineros es sensato y eso no significa que se excedan los límites”.

En tanto, el senador Vlado Mirosevic recordó que “hay que combinar lo punitivo con el trabajo comunitario. Una ley como esta sin financiamiento, no llegará muy lejos porque no se resuelve todo revisando la mochila. Estoy abierto a esta discusión, pero siempre que haya financiamiento” junto con sincerar que “me preocupa la ampliación de las hipótesis de expulsión. Si estamos hablando de una normal protesta pacífica, ¿cómo vamos a expulsar a ese estudiante? (…) Voy a presentar una indicación al respecto”.

Luego el senador Esteban Velásquez señaló que “creo que hay herramientas, recursos humanos financieros y tecnológicos que están dentro de las comunidades educativas pero no se han relevado porque mañana nos va a parecer poco la revisión de mochila, por ejemplo los departamentos de orientación escolar. Este financiamiento no va a llegar como quisiéramos, podrían entregarse porcentajes, fondos gradualmente”.

Finalmente, el presidente de la Comisión, el senador Gustavo Sanhueza reconoció que esta norma no soluciona el problema de la convivencia porque hay múltiples factores que intervienen. “En cuanto a la propuesta alcalde Jaime Bellolio, quien planteó incluir en este proyecto, el limitar la llegada a liceos emblemáticos de alumnos expulsados por hechos de violencia, creo hay que generar una instancia de acompañamiento porque no se saca nada con trasladar al estudiante de establecimiento”, mencionó.

Con todo, la Comisión acordó recibir audiencias en las próximas semanas, de distintos actores que ya han solicitado ser escuchados. También se adelantó que en una próxima sesión se conocerá un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
 

LO APROBADO POR LA CÁMARA

El texto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas. Esto con el fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional. Pero, estará estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como su revisión corporal.

Si tras esta revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos comunicarán el hecho de inmediato a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.

El proyecto añade que el reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer cuál es el personal expresamente autorizado para esta revisión. Asimismo en los casos de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, la revisión debe contar con el asesoramiento de un profesional del equipo PIE o de convivencia escolar.

El proyecto también aborda los actos que tengan como consecuencia la interrupción de clases. En esa línea, se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas. Pero, se excluye aquellos cometidos involuntariamente.

Adicionalmente, se suman las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada.

Además el proyecto establece no podrán recibir gratuidad en la educación superior, aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o contra la propiedad, pública o privada. La citada inhabilidad tendrá una duración de cinco años.