Electores con alto grado de discapacidad y electrodependientes podrían eximirse de multas por no votar

Con el fin de facilitar la vida a ciudadanos con un alto grado de discapacidad y a electrodependientes, la Sala aprobó en general -por unanimidad- un proyecto que busca eximir a estos electores a dar cuenta de su condición ante el Servicio Electoral (Servel), de manera de evitar ser multados por no sufragar.

Ahora la iniciativa volverá a la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad que estudió las ideas matrices, para perfeccionar su articulado. Quedó pendiente el plazo para presentar indicaciones.

PROYECTO

La moción presentada en la Cámara Baja busca exceptuar a las personas electrodependientes y a aquellas con un grado de discapacidad igual o superior al 80%, de aquellas que el Servel debe denunciar ante los Juzgados de Policía Local, en caso de no concurrir a sufragar en elecciones o plebiscitos nacionales.

Cabe consignar que todos los mayores de 18 años se encuentran inscritos en el registro electoral del Servel, sin embargo, los electrodependientes o aquellas que presentan una discapacidad superior al 80% deban posteriormente excusarse por no concurrir a sufragar, exponiéndose eventualmente a multas a beneficio municipal de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Hoy el citado servicio no dispone de los registros necesarios para identificar a estas personas, por lo que tendría que acceder a información proveniente de otros organismos públicos para obtener los antecedentes y datos relativos a quienes se encuentran en alguna de esas situaciones.

DEBATE

En la Sala, el presidente de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, el senador Sebastián Keitel informó la norma indicando que “la idea es hacer posteriores cambios en la discusión en particular pese a que se trata de un proyecto de artículo único (…) La iniciativa faculta al Servel para acceder a los registros que permitan verificar la condición de discapacidad con antelación al proceso electoral”.

En el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, Sebastián Keitel, Ximena Ordenes, Alejandra Sepúlveda, Fidel Espinoza y Andrés Longton.

En la discusión se hizo presente la realidad del Servel. Se indicó que “los Juzgados de Policía Local reciben una lista interminable de electores que no concurrieron a votar porque el Servel no tiene la capacidad de discriminar la condición de salud de las personas. Vemos en esos listados gente postrada y fallecida”.

Algunos senadores y senadoras de regiones reconocieron que el 17% de la población presenta alguna discapacidad, mientras que “en regiones extremas dicho guarismo sube”, de allí que “el problema de justificar el no votar, para aquellos pacientes con movilidad reducida, se vuelve aún más difícil cuando hay que viajar kilómetros para ir al juzgado respectivo”.

También se aclaró que “este proyecto jamás le quita el derecho a voto a personas con movilidad reducida, sino que se busca facilitar dicho trámite siempre que puedan”.

En vistas al debate en particular, se abordó la dificultad que existe para justificar el umbral del 80% considerando las actuales definiciones de la discapacidad severa y profunda.

“El Estado no puede exigirles a estas personas como si pudieran desplazarse o no pusieran en riesgo su vida para cumplir esta obligación considerando que hoy el voto es obligatorio. Estamos pidiendo sentido común y que el Estado sea capaz de cruzar sus propios registros”, también se dijo.

Abordando el fondo, algunos parlamentarios reconocieron los problemas que existen a la hora de ejecutar el cobro de multas a electores que sí tienen la capacidad de ejercer el sufragio, pero no lo hacen. “Mientras no haya un mecanismo sancionatorio efectivo, veremos que el voto obligatorio seguirá siendo en la práctica, voluntario. La solución podría ser modernizar los Juzgados de Policía Local o traspasar este cobro a la Tesorería”, se explicó.