Despachan a Sala proyecto que busca reparar a víctimas de violencia en la macrozona sur

La Comisión de Derechos Humanos aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite, que establece un sistema de reconocimiento, calificación y reparación para las víctimas de hechos de violencia ocurridos en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el marco del conflicto intercultural y territorial.

En la sesión participaron el presidente de la comisión, senador Francisco Chahuán, junto a los senadores Rojo Edwards y Enrique Van Rysselberghe. Asimismo, expuso el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien presentó los principales alcances de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

El proyecto busca establecer un marco normativo en materia de atención y reparación de las víctimas, haciéndose cargo de una deuda histórica del Estado en esta materia.  En ese contexto, la iniciativa contempla la entrega de medidas de reparación adecuadas, oportunas y proporcionales al daño sufrido, en concordancia con los principios de dignidad humana, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.

Entre sus disposiciones, el proyecto regula la creación de una comisión encargada de calificar administrativamente la condición de víctima. Esta instancia no tendrá funciones jurisdiccionales ni se pronunciará sobre responsabilidades penales, civiles o administrativas. 

Establece los requisitos para dicha calificación, los antecedentes que deberán acreditarse y el procedimiento aplicable, el cual podrá iniciarse a solicitud de la persona interesada o de oficio por la respectiva Delegación Presidencial Regional. Un reglamento posterior regulará el procedimiento, los plazos y los estándares de la evaluación de las solicitudes.

La propuesta también crea el Programa de Atención de Víctimas de Violencia del Conflicto Intercultural y Territorial, dependiente de la Subsecretaría del Interior, que tendrá por objetivo coordinar, ejecutar y promover acciones de atención, acompañamiento y reparación para las personas calificadas como víctimas.

Entre las medidas contempladas se incluyen apoyo psicológico, jurídico y social; mecanismos para la reposición de actividades económicas y sociales; acceso a beneficios en materias de vivienda, salud y educación; así como acciones orientadas a la memoria, el diálogo, la convivencia y la prevención de la violencia.

Finalmente, el proyecto establece la creación de un Catastro Nacional de Víctimas, cuya administración estará a cargo de la Subsecretaría del Interior, organismo responsable además de coordinar, supervisar y evaluar la ejecución del programa.