Cada año el Congreso debe conocer, analizar y votar el proyecto que autoriza al Estado a percibir y gastar los recursos necesarios para la ejecución de las políticas públicas y la operación normal de la administración del país. La semana próxima ingresará a tramitación el erario para 2026.
Como cada año en esta época, nos acercamos al plazo (30 de septiembre) que tiene el Ejecutivo para presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos de la nación que define los gastos e inversiones que se desarrollarán el próximo año en materias tan relevantes como salud, educación y obras públicas, entre otras.
Su tramitación está definida en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados.
El proyecto de Ley de Presupuestos debe ser presentado por el Presidente de la República al Congreso, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir y el Parlamento tiene un plazo de 60 días, desde que ingresa la iniciativa, para tramitarla y despacharla. Si el Congreso no lo despacha en ese tiempo, regirá el proyecto presentado por el Ejecutivo.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 debe ingresar a trámite a través de la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados y, luego de darse cuenta de su recepción en la Sala, será derivado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para comenzar su discusión.
Acompaña esta presentación, la tradicional exposición del Estado de la Hacienda Pública, por parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau y el Informe de Finanzas Públicas, a cargo de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez. En esta oportunidad, desde el Ejecutivo ya adelantaron que habrá una "reducción acotada" en los recursos destinados a las gobernaciones regionales para el próximo año y también se realizarán ajustes en otros ministerios.
El debate estará cruzado por los diversos debates sobre estimaciones de ingresos fiscales y gasto público, pues el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su último informe advirtió que en 15 de los últimos 17 años el gasto ha superado los ingresos estructurales. Por lo que señalaron que se requiere iniciar una consolidación fiscal.
La Comisión Especial Mixta de Presupuestos está integrada por 13 senadores y senadoras y por 13 diputadas y diputados, entre los que se encuentran los integrantes de las comisiones de Hacienda de las respectivas ramas del Congreso. De acuerdo a la costumbre parlamentaria la presidencia de la Comisión Mixta de Presupuestos está a cargo de la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, senadora Ximena Rincón.
Esta comisión se divide en 5 subcomisiones que están encargadas de analizar las distintas partidas presupuestarias de los ministerios, además de Presidencia, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría y Tesoro Público.
ETAPAS DE DISCUSIÓN
La discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos se realiza en dos etapas.
Primero se realiza un análisis por parte de cada una de las subcomisiones donde se revisa, discute y vota las partidas presupuestarias presentadas por los ministros respectivos. Cabe recordar que los y las parlamentarios pueden presentar indicaciones para modificar la propuesta del Ejecutivo, pero constitucionalmente no pueden aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrán reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.
Luego, se realiza la discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos que se inicia una vez que las subcomisiones ya se han pronunciado sobre las distintas partidas presupuestarias.
Para ello, recibe los informes de las subcomisiones sobre las propuestas para cada ministerio, las que son sometidas a votación. Se elabora un informe final que es el que se presenta a la Sala de la Cámara de Diputados, que luego despacha el proyecto a la Sala del Senado.
En el caso de que existan discrepancias entre ambas ramas del Congreso, se constituye una Comisión Mixta para su resolver las divergencias, la que elabora un informe que debe ser sometido a votación tanto por las Salas de la Cámara de Diputados y por el Senado.
Una vez terminada la tramitación, se remite la iniciativa al Ejecutivo para su promulgación.
