Ahora las Salas de ambas Cámaras deberán votar el informe respectivo que estableció que el Estado no tiene la obligación de indemnizar económicamente a los propietarios privados que deberán ceder terreno para la creación de cortafuegos.
En condiciones de ser conocido por la Sala de la Cámara Baja y después por el Senado, quedó el informe de la Comisión Mixta que zanjó las discrepancias en torno al proyecto sobre prevención, mitigación y responsabilidad ante incendios forestales y rurales. Esto luego que en la última sesión, sus integrantes terminaran de votar los artículos pendientes.
La propuesta iniciada en mensaje, busca fortalecer e institucionalizar las acciones de prevención y mitigación de incendios forestales y rurales en todo el territorio. Para ello define el diseño de zonas de interfaz urbano-rural y áreas de amortiguación, obligando a que los planes de desarrollo urbano y comunal incorporen la variable de riesgo de incendios.
También establece la obligatoriedad de ejecutar planes de prevención específicos y medidas concretas como la limpieza de vegetación y la creación de cortafuegos, tanto para propietarios privados como para organismos públicos en áreas de riesgo.
A su vez otorga herramientas sancionatorias y de fiscalización reforzadas a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) -o a la institución que la suceda- y al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas.
MIXTA
Durante cuatro sesiones, las y los integrantes de la Comisión Mixta estudiaron los nudos críticos.
El principal dice la relación con determinar si el Estado tenía la obligación de indemnizar económicamente a los propietarios privados cuyos predios estuvieran ubicados en las nuevas zonas de interfaz urbano-rural y que fueran obligados a ceder terreno para la creación de cortafuegos.
Respecto a aquello, se negó esa posibilidad recogiendo la redacción del Senado. Se argumentó que debe priorizarse la corresponsabilidad. Pese a ello, el Ministerio de Agricultura aceptó estudiar la creación de un fondo para financiar el perjuicio económico que tendrían los propietarios de los terrenos.
En paralelo y tras la revisión de indicaciones presentadas por el Ejecutivo que fueron declaradas inadmisibles por estar fuera de las ideas matrices, el Ministerio de Agricultura anunció que evaluará ingresar una ley corta de combate de incendios. Las enmiendas del gobierno se referían al establecimiento de un marco normativo común para aeronaves dictado por la DGAC, la designación de un coordinador aéreo por siniestro y la regulación de la cooperación público privada.
A su vez, la citada cartera introdujo enmiendas para regular el uso preventivo de fuego controlado (quemas visadas por CONAF y autorizadas por las Delegaciones Presidenciales), las que también fueron excluidas por razones de admisibilidad reglamentaria.
Ahora el informe será conocido primero por la Sala de la Cámara de Origen y luego por el Senado concluyendo la tramitación del proyecto que surgió tras los graves incendios que afectaron a Quilpué y Viña del Mar el 2 de febrero de 2024.