Comisión Mixta de Fármacos 2 despacha informe a Comisión de Hacienda

Tras varias sesiones de debate, los integrantes de la Comisión Mixta que busca zanjar las discrepancias entre ambas Cámaras respecto al proyecto que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, no dio curso a la reapertura de la discusión.

La norma más conocida como ley de fármacos 2 ha tenido una extensa tramitación. El año 2022, los acuerdos de la instancia mixta fueron remitidos a la Comisión de Hacienda, sin embargo la Sala ordenó devolver lo aprobado a la Comisión Mixta.

En el intertanto, el Ministerio de Salud planteó la necesidad de actualizar su contenido dada las leyes que se han ido aprobando, las que abordan algunos de los temas que considera la moción de autoría del senador Manuel José Ossandón y los exparlamentarios Guido Girardi, Carolina Goic, Fulvio Rossi y Andrés Zaldívar.

Cabe recordar que la propuesta busca facilitar el acceso a los medicamentos a la población considerando el alto costo de bolsillo. Asimismo apunta a perfeccionar las prácticas de la industria pasando de los laboratorios hasta las farmacias.

El presidente de la Comisión Mixta, el senador Francisco Chahuán planteó votar la reapertura del debate, la que requería mayoría absoluta. La idea fue desestimada luego que parlamentarios expresaran su voto en contra. Con este resultado, el informe emanado en el 2022 será remitido nuevamente a la Comisión de Hacienda.

LEY FÁRMACOS 3

En la sesión del miércoles 2 de julio, se expresaron las dificultades que implica continuar la tramitación, por lo que la mayoría de las y los diputados, y las y los senadores planteó la urgencia de redactar una ley de Fármacos 3 que considere las materias que sí generaron consenso.

Así el senador Sergio Gahona manifestó que “debe ser la mesa del Senado la que decida si pone este informe en tabla o archiva el proyecto (…) No tiene sentido avanzar en esta propuesta que está desactualizada y manchada por un proceso judicial”. El legislador se refirió así a la denuncia que realizó el diputado Andrés Celis hace algún tiempo, por cohecho en contra de una de las asesoras de parlamentarios oficialistas, la que habría tenido vínculos con la industria farmacéutica, lo que generaría un evidente conflicto de interés.

En la misma línea, el senador Iván Flores lamentó que se haya llegado a este punto porque “se pierde un tiempo valioso para resolver uno de los principales problemas de la población como es mejorar el acceso de los medicamentos dado su alto costo. Hoy no sabemos por dónde partir el debate”.

El senador Juan Luis Castro recordó que “todo partió con la moción de los senadores del 2015, la que llegó a Comisión Mixta el 2021. Se revisaron los puntos de acuerdo y los que generaban diferencias. En el 2021 se habría registrado el conflicto de interés del que se habla que tiene su propia derivada judicial, por lo que creo que no hay sustrato para validar este producto”.

Luego la senadora Ximena Ordenes explicó que “había un camino avanzado hasta el 2022 y ahora que se retoma el debate, los asesores parlamentarios no llegaron a un acuerdo. Ahora soy partidaria de seguir avanzando con lo aprobado, pero veo que la votación en contra de reabrir el debate, por parte de los colegas, termina por cercenar el corazón del proyecto”.

De igual forma, el senador Francisco Chahuán reconoció que “era partidario de reabrir la discusión. Desde el 2022 he estado tratando de avanzar pero no se pudo. Entonces lo mejor es que el Ejecutivo presente a la brevedad, ojalá en 15 días, una propuesta que aúne lo avanzado porque la gente no puede seguir esperando”.

LO AVANZADO

Entre los temas que concitaron mayor acuerdo en la tramitación está la prohibición de publicitar fármacos, la obligación de incluir la Denominación Común Internacional (DCI) en la patente, la regulación de las reuniones de visitadores médicos con prestadores, la homologación de códigos de los medicamentos, la obligación de las farmacias de dispensar por DCI, la tarifa de dispensación y el permitir el uso de receta electrónica, entre otros.

También recibió apoyo la idea de crear un Observatorio Nacional de Medicamentos, el que estaría a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública. Esta institucionalidad tendría como objetivo analizar los costos y gastos de los fármacos en comparación al mercado internacional. También estudiaría los problemas de costos cuando se presenten diferencias sustanciales, propondría al Ministerio de Salud precios máximos a determinar, y revisaría la metodología para definir lo anterior.

Algunas materias en las que no se llegó a acuerdo fueron la intercambiabilidad de productos farmacéuticos por dos años y cuando existe bioequivalencia, el fraccionamiento, la prohibición de establecer contratos injustificados entre proveedores y farmacias, la regulación de los conflictos de interés y la política de precios.