Cesantes contarán con un plazo para que sus antecedentes económicos no lleguen a DICOM

Mediantela inscripción del finiquito respectivo en los sistemas de anotacionescomerciales, las personas cesantes podrán evitar que por un periodo de dos meses,renovables por otros 10, se publiquen los incumplimientos derivados de susituación. Así lo dispone el proyecto aprobado en general, por la Comisión deEconomía que preside el senador José García Ruminot.

Elparlamentario explicó que la iniciativa, en segundo trámite, establece que todapersona que acredite estar cesante, conforme a finiquito expedido en formalegal o al acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, podráconcurrir al Boletín Comercial para que se suspenda, por un período de dosmeses, renovable hasta por 10 meses, la información que verse sobre susobligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

"Setrata de evitar que por falta de trabajo, muchas personas que nunca han faltadoa sus compromisos terminen en DICOM. Es decir, se trata de informar que talconducta no es un hábito sino que deriva de una situación de cesantía puntual",manifestó el legislador.

INFORMACIÓNPERSONAL

Porotro lado, el senador García Ruminot informó que la Comisión de Economía acordótramitar en forma conjunta dos mociones que regulan los sistemas de informacióncomercial en lo relativo a la elaboración de los ranking de riesgo de laspersonas y las limitaciones al tratamiento de los antecedentes económicosprivados de las personas.

Alrespecto, el parlamentario explicó que "me parece razonable prohibir que lasconsultas por RUT de las personas, sirvan para elaborar ranking de riesgo,porque puede que haya una persona que no tenga ninguna mora ni protesto, perosi consultan por él 50 veces a DICOM, automáticamente va a tener un riesgonegativo".

Agregóque es fundamental "impedir los abusos sobre el uso de datos que son decarácter privado y, por lo tanto, vamos a tramitar esta iniciativa en conjuntocon una moción del senador Jovino Novoa que establece ciertas limitaciones alejercicio o tratamiento que se hace de los antecedentes privados".

Precisóque "es lógico que, por razones comerciales, si alguien cae en mora, esainformación sea pública y conocida por los agentes económicos como una forma deprevenir estafas y riesgos en los créditos".

Sinembargo, otra cosa es que "esos datos comiencen a cruzarse con otros para quese vendan a determinadas empresas las que finalmente inundan de correos y llamadostelefónicos a las personas con el fin de hacer determinadas ofertas opropagandas".

Aseveróque esta situación "está en el límite del ordenamiento constitucional porquecada vez más empresas están vendiendo y manejando información personal einvadiendo la privacidad de las personas".

Puntualizóque "también la Comisión acordó invitar para una próxima sesión a lossubsecretarios de Desarrollo Regional, de Interior y a los representantes de laSuperintendencia de Electricidad y Combustibles para que expongan sobre lasituación que afecta a cientos de personas damnificadas por el terremoto y quese les cobra por reposición de los servicios básicos"

Ello,en el marco del estudio de la moción impulsada por la senadora Ximena Rincón en cuanto a impedir el cobro por traslados demedidores o reposición del servicio eléctrico a personas afectadas por elterremoto y tsunami del 27 de febrero pasado.

Elsenador García Ruminot manifestó que se trata de circunstancias que son ajenasa los usuarios y  como se trata dematerias que están reguladas en los contratos de concesión de las compañíaseléctricas, solicitamos mayor información.