Durante la presente jornada, el Senado conoció detalles del libelo, a través de la relación realizada por el Secretario General del Senado; luego, se dio paso a los miembros de la Comisión designada por la Cámara para formalizar la acusación.
El Senado dio inicio a la Sesión en la que conoció la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, quien estuvo acompañado por los abogados Francisco Javier Cox e Ignacia Hidalgo.
Cabe hacer presente que, a partir de las 15 horas y hasta el total despacho, las y los senadores fundamentarán el voto respecto de los dos capítulos que contempla el libelo acusatorio, para lo cual dispondrán de hasta tres minutos en total.
Terminados los fundamentos, se pondrá en votación separada, en forma electrónica, cada uno de los capítulos de la acusación.
RELACIÓN
La sesión inició con la detallada relación realizada por el Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, quien precisó que el libelo se funda en dos capítulos:
- El primer capítulo apunta a que el exministro habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa al fijar los precios del sistema eléctrico nacional vigentes desde el 1 de enero de 2024, lo que derivó en un perjuicio para los consumidores y compromisos de pagos en exceso.
- El segundo capítulo se refiere al error de cálculo de tarifas cometido por una empresa de transmisión y comunicado al Ministerio a fines de 2024, donde se señala que la falta de actuación oportuna del exministro y el hermetismo tras la autodenuncia de Transelec evidenciarían una infracción al principio de probidad.
Se hizo notar que, “Pardow, como ministro de Energía, tenía la responsabilidad de fijar tarifas eléctricas, lo que implica un deber de diligencia y probidad”; sin embargo, “se identificó un error en la metodología utilizada para calcular el Precio de Nudo Promedio, que resultó en un cobro excesivo a los consumidores”.
“El error en la fijación de tarifas no solo afectó a los consumidores en el presente, sino que también comprometió pagos futuros hasta 2035”, se indicó.
En tanto, sobre falta de transparencia y diligencia se le imputa al exministro “la falta de acción ante un sobre cobro por parte de la empresa Transelec, que fue informado al Ministerio de Energía”.
Con todo, a pesar de que la empresa se autodenunció, “Pardow no tomó medidas para corregir la situación, lo que evidencia una falta de diligencia”, se leyó de la Acusación.
Además, se detalló el viaje oficial a China y la falta de claridad.
Luego, el Secretario continuó con la relación de la contestación presentada por el exministro de Energía, Diego Pardow.
Se detalló que la defensa argumenta que la acusación “no cumple con los requisitos constitucionales para ser admitida” y se indica que “no respeta el carácter de última ratio que debe tener”.
Se sostuvo que “no cumple con el deber de fundamentación exigido por el debido proceso” y se critica la falta de claridad en las imputaciones, “lo que impide el ejercicio del derecho a defensa”.
Con todo, se precisó que la defensa enfatiza que “la responsabilidad política ya fue asumida al cesar en el cargo” y se critica el uso de la acusación como herramienta de presión política.
Para el primer capítulo, la defensa aclaró que “se imputa un error metodológico en el proceso tarifario que llevó a cobros excesivos”; sin embargo, se sostiene que el exministro no tiene facultades para modificar cálculos tarifarios de la Comisión Nacional de Energía.
FORMALIZACIÓN
La acusación fue formalizada por la Comisión designada por la Cámara de Diputados integrada por la diputada Carla Morales y el diputado Sergio Bobadilla, mientras que el diputado Jaime Mulet, miembro de la Comisión, excusó su participación por problemas de salud.
La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada Carla Morales quien defendió la presentación de la acusación constitucional contra el exministro Pardow señalando que la exautoridad infringió la Constitución y las leyes en la "negligencia" en el cálculo de tarifas e incurrió en infracción a la probidad administrativa en las exigencias de eficiencia y eficacia.
A juicio de la diputada las condiciones para la acusación se "verifican completamente, puesto que las actuaciones que se le imputan son hechos graves ya que redundaron en un perjuicio económico para millones de chilenos". Agregó que también hubo efectos en la inflación.
La parlamentaria indicó que la acusación constitucional es "para exigir una responsabilidad jurídico constitucional", puesto que la responsabilidad política la puede ejercer el Presidente de la República al solicitar la renuncia del exministro. "Ambas responsabilidades son diferentes", señaló.
Asimismo, la diputada Morales se refirió a la conviviente civil del exministro, señalando que tiene la calidad de socia de un estudio de abogados que presta servicios a diferentes empresas, entre ellas, Transelec.
Luego, el diputado Sergio Bobadilla se refirió al segundo capítulo, señalando que "hacer caso omiso y ocultar información sensible a millones de chilenos respecto de un tema tan sensible como el alza de la luz, afectó el interés general".
Agregó que "se establece un incumplimiento del deber de probidad en su dimensión de eficacia y eficiencia, así como el deber de transparencia que exige la función pública".
El diputado indicó el que el exministro no informó de este error a la ciudadanía, ni cuando se enteró de los hechos ni en un año. "Decir que esto se mantuvo en reserva para "no generar alarma pública" es un insulto para los chilenos".
Continuó señalando que "el interés nacional en este caso se transformó en el interés político del señor Pardow…es evidente que hubo una maniobra de reserva para ocultar la inoperancia de las autoridades y resguardar la imagen de este gobierno".
DEFENSA
La defensa del acusado, por medio del abogado Francisco Cox, aseguró que “esta acusación es inédita (…) Nunca me había tocado que se arrastrara a la familia en esto, se dice que no declaró un conflicto de interés que no existe. Es lamentable hacerse cargo de hechos que no están en la acusación”.
El jurista hizo referencia a la declaración de interés que fue cuestionada por los diputados acusadores, respecto a la relación que mantiene la conviviente civil de Pardow, Catalina Iñiguez Morales, con la empresa Transelec al formar parte de un buffet de abogados que defiende los intereses de dicha compañía.
El defensor calificó como desprolija la acusación porque “los académicos y aquellos que han opinado en los medios sobre el caso, reconocen que este libelo no tiene méritos porque una acusación responde a una infracción grave y esto no corresponde a ello. Para justificarla, se fuerzan principios como eficiencia, eficacia, transparencia, probidad”.
En cuanto al primer capítulo referido al precio del nudo promedio, se indicó que "la CNE es un órgano funcionalmente descentralizado y el exsecretario de Estado no podría entrometerse. El error estaba en una plantilla que alimentaba el informe técnico, él no podía duplicar en su gabinete los organismos técnicos. Él no tenía los recursos, el personal y ni la facultad para hacer observaciones".
Respecto al segundo capítulo, Cox manifestó que “no se tiene claridad sobre los hechos y se hacen afirmaciones que pueden llegar a ser injurias. La ley no provee el sistema de autodenuncia. Sí hubo una reunión con Transelec en la agenda de Pardow, en la que la compañía indicó un problema que podría redundar incluso en una baja de precios. Tras ello, se activaron tres procesos administrativos en los que se respetan las funciones y competencias de cada organismo, y el oficio que se emitió después es público”.
Posteriormente, se desarrolló la réplica y duplica de las partes.