Buscan sancionar la trata de personas con fines de adopción ilegal

Sancionar como delito la trata de personas con fines de adopción ilegal e incorporar su imprescriptibilidad en el Código Penal, es el objetivo central de la moción que empezó a analizar esta semana la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La iniciativa fue presentada por las y los senadores Felipe Kast, Luz Ebensperger y los ex senadores Carolina Goic y Carlos Montes.

En la primera sesión en que se abordó este tema, la comisión escuchó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; al director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille; a la cofundadora de la ONG Nos Buscamos, Constanza del Río; a la ex diputada María Antonieta Saa y al senador Felipe Kast, autor del proyecto.

En la oportunidad, el senador Kast pidió al Ejecutivo que le pusiera urgencia a la iniciativa a lo cual se comprometió el ministro.

En general las opiniones de quienes intervinieron apuntan a la necesidad de sancionar la trata de personas con fines de adopción ilegal y declarar su imprescriptibilidad, aduciendo que se trata de delitos contra los derechos humanos.

Se señaló que la recién promulgada Ley de Adopción contempla sanciones para la adopción ilegal, pero que el tema de la trata de personas con fines de adopción ilegal va por un carril separado y actualmente no se tiene sanción.

La representante de la ONG Nos Buscamos, presentó un video con casos de niños y niñas robadas al nacer y que fueron enviadas a otros países para ser adoptadas ilegalmente sin que los padres adoptivos supieran que eran adopciones ilegales.

La Comisión acordó invitar para una próxima sesión a abogados penalistas para que precisen el alcance de la actual ley de adopción y de la propuesta en estudio y la idea es que después de escuchar esas opiniones se pueda votar en general la iniciativa.

RECINTOS CARCELARIOS

Pero además de conocer dicha iniciativa, la comisión estudió los alcances del proyecto que exime de trámites y reduce los plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios (boletín 17.312-07).

El ministro de Justicia explicó el contenido del proyecto señalando que en algunos casos se pueden llegar a reducir en 36 meses los plazos para la ampliación o construcción de los recintos; se reducen a 5 días los plazos para que la Contraloría haga toma de razón de actos administrativos; se exime del sistema de evaluación de impacto ambiental en el caso de los proyectos de alteración, ampliación o reparación de cárceles y se reduce a la mitad el plazo del sistema de evaluación  ambiental para los recintos nuevos.

Si bien hay consenso en la necesidad de avanzar en este proyecto debido a la sobrepoblación penal, se plantearon algunas dudas, sobre todo en lo relativo al impacto ambiental, por ejemplo, con la ampliación de Santiago 1.

Por ello, se solicitó que se invitara a representantes de las municipalidades para tener una conversación sobre el tema.