Bancadas regionalistas de senadores y diputados presentaron propuestas transversales sobre descentralización

El senador Alejandro Guillier, coordinador de la Bancada Regionalista de la Cámara Alta señaló que "todo este trabajo que hemos desarrollado con académicos, rectores, especialistas y asesores de los parlamentarios tiene por objetivo transferir poder a la ciudadanía, y por tanto darle sustancia a la democracia, porque va a ser una democracia centrada en el territorio, asentada en la participación de los ciudadanos".

"Lo que falta ahora en este proceso -agregó Guillier- es una Ley de Rentas Regionales.No sacamos nada con hablar de participación y elección de autoridades, si no somos capaces de tener una ley que establezca claramente un gradual y ordenado proceso que permita tomar las decisiones reales en los territorios, con recursos. Esperamos que el Fondo de Desarrollo Regional pase del actual 8% al 15% en un plazo corto y luego llegue a una meta de al menos un 30%. Esos son los estándares de la OCDE".

El diputado Rodrigo González, coordinador de la bancada regionalista de la Cámara de Diputados, señaló que "hay medidas urgentes y necesarias a tomar especialmente en relación con facultades, como por ejemplo, que las regiones tengan más autonomía y poder en la solicitud de transferencias de competencias. Más velocidad. Estamos solicitando que se adelante la transferencia de competencias a lo establecido por la actual ley que parte el 2022. Igualmente con la transferencia de servicios centralizados y que son fundamentales en los gobiernos regionales".

"También le hemos manifestado al gobierno -agregó González- la necesidad de redistribuir los recursos a regiones y la necesidad de aumentar los recursos disponibles".

En el seminario expusieron también los senadores Jose¿ Miguel Durana (UDI) Francisco Chahua¿n (RN), los diputados Jaime Mulet (FRVS), Joanna Pe¿rez (DC), Fe¿lix Gonza¿lez (PEV) y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades Felipe Delpin.

En representación de los académicos y expertos en materias de descentralización expusieron Heinrich Von Baer de la Fundación Chile Descentralizado, Federico Arenas de la comisión Ordenamiento Territorial, Herna¿n Frigolett de la comisión Responsabilidad Fiscal y Financiamiento Regional, Katherine Lo¿pez, Rectora de la U. de Aconcagua y José Abalos de la comisión Capital Humano, Rodrigo Ma¿rquez de la comisión Participacio¿n de la Sociedad Civil, Manuel Tobar sobre Implicancias en la gestio¿n de los GoRes y  Nemesio Arancibia sobre Efectos y oportunidades locales.

PRINCIPALES PROPUESTAS BANCADAS REGIONALISTAS (resumen)

1. En materia de Ordenamiento Territorial: 

• Solicitar al gobierno que de¿ a conocer en forma inmediata los Reglamentos asociados a la Ley 21.074: Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Zonas Rezagadas, Transferencia de Competencias y A¿reas Metropolitanas. 
• Promulgar a la brevedad la Poli¿tica Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), la Metodologi¿a de elaboracio¿n de los PROT y el Reglamento PROT; sin ellos, los nuevos Gobernadores Regionales no podra¿n elaborar e implementar los PROT durante su periodo. La PNOT se encuentra en revisio¿n en el Comite¿ Interministerial de Ciudad, Vivienda y territorio (COMICIVYT). 
• Solicitar que se revisen y adecu¿en los textos de las Poli¿ticas Nacionales de Desarrollo Urbano (PNDU) y Desarrollo Rural para hacerlas concordantes con el Art. 17 letra a) de la Ley 19.175; ello, una vez aprobada la PNOT. 
• Promulgar a la brevedad la Poli¿tica Nacional de Desarrollo Rural, pues en conjunto con la PNOT y PNDU, constituyen el marco estrate¿gico nacional de la planificacio¿n y del ordenamiento territorial, que debera¿n tener en consideracio¿n los GORE. 
• Asegurarse que en el Reglamento de los PROT se establezca con claridad, en que¿ consisten: la macro zonificacio¿n del territorio, zonificacio¿n por condiciones y tipos de condiciones y la Imagen Objetivo. Estas condiciones definira¿n el espi¿ritu de la planificacio¿n en el territorio y las posibilidades de efectuar determinados tipos de actividades en e¿ste. 
• Que S.E el Presidente de la Repu¿blica firme el primer Decreto Supremo de transferencia de competencias (TC), al an¿o de promulgada la ley, como lo establecen sus arti¿culos transitorios (febrero del 2019). Esto requiere acelerar el acuerdo con los ministerios y los GOREs.

2. En materia de Participacio¿n Ciudadana: 

• Elaborar una poli¿tica de participacio¿n ciudadana que se traduzca en un reglamento regional que regule los instrumentos de participacio¿n y en programas y proyectos, garantizando que ellos cuenten con recursos para su financiamiento y sostenibilidad en el tiempo. 
• Avanzar en la implementacio¿n de un presupuesto participativo regional (experiencia FRIL participativo): la experiencia de la regio¿n de Los Ri¿os y la emergente experiencia de la regio¿n de Tarapaca¿, que asignaron un 30% de los recursos de la glosa para asignacio¿n participativa, dan muestra de su efectividad. 
• Facilitar la realizacio¿n de plebiscitos comunales: Se propone modificar la ley 20.500 para reducir el quorum inicial al 5% de los votantes efectivos de la u¿ltima eleccio¿n municipal en la comuna y los votos necesarios para validar el proceso al 50% +1 de los votantes de la u¿ltima eleccio¿n municipal. En cuanto a la reduccio¿n del costo se propone apoyar con una glosa del presupuesto regional y estudiar la factibilidad de introducir modalidades electro¿nicas de votacio¿n. 
• Favorecer mecanismos de transparencia, consulta y rendicio¿n de cuentas a trave¿s de una plataforma virtual: que los Gobiernos Regionales, incluyan por vi¿a administrativa, una plataforma electro¿nica para propuestas y rendicio¿n de cuentas a la ciudadani¿a. 
• Solicitar la constitucio¿n del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (Art. 17 letra a) de la Ley N°21.074 que fortalecio¿ la LOC 19.175 y de los Consejos Regionales Consultivos de la Sociedad Civil.
• Iniciar la implementacio¿n de Escuelas regionales de formacio¿n de la sociedad civil: una poli¿tica regional de participacio¿n ciudadana que garantice recursos anuales para capacitar a los dirigentes sociales, en convenio con las universidades pu¿blicas regionales, administrada por un Consejo plural y auto¿nomo y sin intervencio¿n del gobierno regional. 

3. En materia de capital humano: 

• Avanzar en el disen¿o de una poli¿tica de estado en materia de capital humano, donde el rol pu¿blico coloque los incentivos necesarios para captar a los mejores talentos y permitir a los profesionales de los territorios (especialmente aquellos vulnerables y rezagados) asentarse con proyectos laborales, de vida y familiares atractivos con condiciones asimilable progresivamente a la zona central del pai¿s. 
• Reconocer y trabajar activamente con los funcionarios pu¿blicos de todo el aparato estatal, y muy especialmente, con aquellos servicios que podri¿an ser objeto de transferencia de competencias en el corto plazo (uso del arti¿culo V transitorio por su S.E. el Presidente de La Repu¿blica a contar de Marzo del 2019). De igual modo, iniciar un fuerte plan de acompan¿amiento, promocio¿n de condiciones y reconocimiento de buenas practicas en cada uno de los Gobiernos Regionales del pai¿s. 
• Intencionar la oferta pu¿blica en materia de educacio¿n superior te¿cnico-profesional vincula¿ndola con las oportunidades y desafi¿os que los territorios imprimen econo¿mica y productivamente 
• Creacio¿n de Observatorios Laborales Regionales que monitoreen los avances de la Poli¿tica de Estado. 
• Insertar una verdadera cultura del desarrollo regional, construido y proyectado desde los espacios y las comunidades locales y regionales, con sentido de identidad y de pertenencia, a nivel primario, secundario y superior. 

4. En materia de rentas regionales: 

• EQUILIBRIO FISCAL: No incrementar el actual déficit fiscal.
• EFICIENCIA DE GESTION, PROBIDAD Y TRANSPARENCIA: Asegurar el buen uso de los nuevos recursos transferidos y generados, incrementando la responsabilidad fiscal de los gobiernos subnacionales.
• CRECIMIENTO Y EMPLEO, CON VALOR COMPARTIDO: Fortalecer las capacidades de las comunidades y territorios de nivel local y regional, incentivando iniciativas de desarrollo económico con generación de empleos de calidad, de beneficios y responsabilidades compartidas. 
• CONFIANZA: Cumplir el programa de gobierno comprometido con la ciudadanía.
• GRADUALIDAD: implementación progresiva, comprometiendo una Hoja de Ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo.
• EQUIDAD: Corregir extremas asimetrías en provisión de servicios básicos y capacidades de gestión del desarrollo entre comunidades locales y regionales de Chile, contribuyendo a un desarrollo social y territorial más equilibrado de Chile.
• PARTICIPACION. Actores y niveles: Promover la participación responsable y articulada de todos los actores del desarrollo (públicos, privados, académicos, sociales) de nivel local, regional y nacional. 
• SENTIDO DE URGENCIA. Legislar a tiempo y bien: Anticiparse al inicio (2019) de las campañas de elecciones municipales y de Gobernadores Regionales (aprendiendo de países que se demoraron demasiado, reaccionando bajo fuerte presión de los niveles subnacionales, legislando tarde y mal)

PROPUESTA DE MEDIDAS 

Definir una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional (2°sem.2018)

• Formular y comprometer una Política de Estado de "Descentralización Fiscal Responsable", que responda a las necesidades de gasto y a la capacidad de generar ingresos de las Municipalidades y los Gobiernos Regionales, garantizando un financiamiento mínimo común y equitativo de los servicios públicos básicos,
• Criterios exigibles: condiciones para el buen uso de los nuevos recursos disponibles.
• Asignación NO discrecional de las transferencias: en base a criterios e indicadores técnicos previamente definidos.  
• Calidad de gestión: medida en base a variables e indicadores objetivos. 
• Inversiones en más y mejor desarrollo: no en gastos corrientes ni en redes clientelares.
• Gobernanza multiactores: público, privada, académica, social (previamente institucionalizada).
• Transparencia: información completa (ingresos, gastos) en plataformas de libre acceso; rendición de cuentas robustas. 
• Crear el Fondo Nacional de Desarrollo Local (hasta 2019)
• Aumentar los recursos transferidos a los gobiernos regionales a partir de los programas de inversión de impacto regional que hoy están en los ministerios (2019).
• Crear una franquicia tributaria para las donaciones a municipios y regiones destinadas a inversión o programas en beneficio de la comunidad (hasta 2020). 
• Aumentar los recursos de libre disposición de los municipios mediante la mejora de normas legales y reglamentarias que faciliten la recaudación de impuestos y derechos municipales (2020). 
• Mejoramiento del Fondo Común Municipal.

Medidas de corto plazo, con actual avance transversal: 2018 hasta 2020

• Aumento del % de inversión regional FNDR, respecto del total de inversión regional; gradual en 8 años, pasando de un 7% a un 15%.
• Fondo de desarrollo local, a partir de cartera de proyectos, administrado por Corporación (gobernanza público-privada-social).
• Fortalecimiento de un Fondo de Convergencia para la equidad territorial, destinado a zonas de rezago, flexible y de mediano plazo.
• Descentralizar fondos discrecionales de SUBDERE (Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB); esterilización de mascotas, otras)
• Equidad en el pago de patentes comerciales, modificando reglamento de ley de rentas municipales.

Medidas de mediano plazo: 2020 al 2024

• % del IVA como impuesto de contribución regional
• Aumento de royalties minero de 3,8 a 5%.
• Aportes de parte de utilidades de las empresas públicas a los gobiernos regionales o municipios para inversión en proyectos territoriales, con incentivos a la buena gestión y ejecución presupuestaria.
• Retribución de 3% del valor nominal de los minerales extraídos destinado a obras de desarrollo de zonas en las que se realiza la actividad extractiva de grandes empresas mineras.
• Ley de puertos: tasa a la carga movilizada).
• Tasa a la tala forestal (sobre 200 ha).
• Impuestos verdes.
• Endeudamiento acotado para inversión de GOREs y Municipios.

Descentralización de las compras públicas: convenios marcos regionales.