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Lunes 16 de Marzo de 2026

Avanza moción que sanciona el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal

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El proyecto, que cursa su primer trámite en la Comisión de Constitución, también incorpora su imprescriptibilidad; sin embargo, durante la aprobación en general se dejó constancia de las dudas sobre la pertinencia, o no, de “ampliar la imprescriptibilidad”.

Adopción ilegal

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la idea de legislar del proyecto que sanciona el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal e incorpora su imprescriptibilidad.

 

Esto, durante la sesión del lunes 09 de marzo, oportunidad en la que las y los senadores integrantes respaldaron por unanimidad; sin embargo, pese a recalcar que “la figura penal de trata de personas con fines de adopción ilegal es particularmente grave y requiere ajustes normativos”, “se debe analizar detalladamente los efectos de ampliar la imprescriptibilidad de la acción penal”.

 

En esta línea, se adelantó la pertinencia de “ampliar nuevas hipótesis y evaluar figuras alternativas”

Modificar el Código Penal para tipificar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal y declarar su imprescriptibilidad, con el fin de que la acción penal y la responsabilidad correspondiente no se extingan por el transcurso del tiempo.

Objetivo del proyecto

CONTEXTO 

 

Cabe recordar, que la moción es de autoría de los exsenadores Felipe Kast, Carlos Montes y las exsenadoras Luz Ebensperger y Carolina Goic.

 

La moción hace referencia a que, “en los últimos años, se ha revelado una práctica delictual violatoria de los derechos humanos de una población particularmente vulnerable, consistente en adopciones ilegales o irregulares de niños y niñas. Tales antecedentes se han obtenido, principalmente, por los esfuerzos de la “ONG Nos Buscamos”, las investigaciones del magistrado Mario Carroza y Jaime Balmaceda y, adicionalmente, una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados”. 

 

En consecuencia, el proyecto propone medidas legislativas que inhiban e impidan las prácticas ilegales descritas, puesto que se trata de vulneraciones de principios y derechos fundamentales de los niños y niñas.