Apuntan a fortalecer la prevención para evitar casos de agresión como el de Hospital de Osorno

Tras conocerse el caso de un ex trabajador del Hospital de Osorno que fue sometido a torturas y vejámenes por parte de funcionarios de ese establecimiento, la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado analizó la legislación vigente y las medidas que se han adoptado en el país en materia de acoso, agresión y violencia contra grupos vulnerables.

Cabe recordar que, tras conocerse estos hechos, se formalizó a los cuatro ex funcionarios del Hospital base de Osorno como autores del delito reiterado de tortura contra otro trabajador de la Unidad de Desarrollo del recinto, entre los años 2018 y 2020, correspondiente a agresiones físicas y verbales frecuentes, además de divulgación de imágenes y videos privados de la víctima en redes sociales. Dos de ellos quedaron en prisión preventiva mientras dura la investigación.

Fue por ello que la senadora Fabiola Campillai (presidenta) y los senadores Sebastián Keitel y David Sandoval (integrantes) se reunieron con el director nacional del Instituto de derechos Humanos, Yerko Ljubetic; la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Karen Astorga; y el Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, para hacer un análisis de la normativa vigente y las medidas que se pueden adoptar en la materia.

La y los senadores plantearon su inquietud respecto de si la legislación vigente en nuestro país es suficiente para enfrentar este tipo de sucesos y en la necesidad de fortalecer la prevención a través de la revisión de protocolos y la fiscalización constante. “Es importante que se hable de eso, de prevención, de acción y de sanción según corresponde”, se indicó.

En tanto, desde el INDH se enfatizó que las normas actuales, entre ellas la Ley Karin, sirven para enfrentar este tipo de casos, pero no estaba vigente al momento de ocurridos los hechos.
 

ADULTOS MAYORES

En otras materias, el senador David Sandoval abogó por fortalecer el rol fiscalizador del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el proyecto de ley de envejecimiento positivo. Indicó que es fundamental fiscalizar las vulneraciones a adultos mayores, que son víctimas de delitos más invisibilizados por su condición de vulnerabilidad y porque su tipificación penal explícita no recae en transgresiones como la tortura.

“No siempre son situaciones de tortura o maltrato como los que aquí se señala. Muchas veces son situaciones de maltrato psicológico, de abandono, de abuso patrimonial, o simplemente los sacan hasta de sus propias propiedades. Es un tipo de falta o delito que evidentemente no cuaja con la perspectiva tradicional en el marco institucional del INDH”, señaló.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, senadora Fabiola Campillai, planteó la necesidad de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad, de instrumentos y documentos públicos. Ello, tras dar a conocer el caso de un profesor de un colegio de Renca, que no pudo realizar correctamente el examen de Evaluación Docente por la inaccesibilidad para su condición de baja visión.

“No es posible avanzar hacia la equidad de derechos para las personas con discapacidad en contexto laboral, sino se le dan las herramientas suficientes”, dijo la Senadora.

Asimismo, indicó que evalúan seguir realizando sesiones en regiones para acercar el Senado a organizaciones de adultos mayores.