Aprueban uso obligatorio de la Denominación Común Internacional en las recetas electrónicas

¿Metformina o glafornil? ¿Usar la Denominación Común Internacional (DCI) o el nombre de fantasía a la hora de recetar un medicamento? Esa fue la pregunta que zanjaron los integrantes de la Comisión de Salud tras comenzar a votar las indicaciones del proyecto que establece la prescripción médica por medio de receta electrónica y sanciona su falsificación.

La propuesta iniciada en moción de los senadores Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti e Iván Flores, y la senadora Paulina Núñez y la exsenadora Luz Ebensperger, cursa su primer trámite y ya recibió el respaldo en general, de la Sala en abril pasado.

Ahora las senadoras Karol Cariola y Ximena Ordenes, y los senadores Juan Luis Castro (presidente), Enrique Lee y Sergio Gahona, se encuentran votando las enmiendas presentadas por el Ejecutivo y los y las parlamentarias.

En la sesión del martes pasado la instancia resolvió el artículo primero que define qué es receta electrónica aprobando una enmienda del Gobierno por unanimidad. Así se entenderá por tal, al instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico individualizado.

Se zanjó que tal prescripción será “por su Denominación Común Internacional (DCI), pudiendo agregar a modo de información alguna denominación de fantasía. En caso de existir medicamentos bioequivalentes certificados, se autorizará su intercambio. Los medicamentos que cuenten con tres o más principios activos podrán ser prescritos sólo por su denominación de fantasía, debiendo señalar además la finalidad terapéutica que motiva la prescripción al paciente”.

Cabe consignar que se entiende por DCI al nombre oficial y genérico asignado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a cada principio activo farmacéutico; mientras que el nombre de fantasía se refiere a la marca comercial o nombre propio que un laboratorio le da a un producto. La idea es que los pacientes cuenten con toda la información para tomar una decisión informada.

Respecto a este tema, el debate se centró en incluir los dispositivos médicos, mencionar los medicamentos bioequivalentes y genéricos, simplificar la receta para facilitar la compra por parte de los pacientes, identificar el stock de medicamentos bioequivalentes en farmacias y estudiar el diseño que deberá tener el formulario de la receta electrónica en la plataforma respectiva.

También se precisó que este formato estará disponible para recetas simples y retenidas, y eventualmente las recetas cheques; y se valoró la obligación de recetar por DCI considerando que el tema estuvo presente en la discusión del proyecto de ley de Fármacos 2, tema que no terminó por aprobarse pese al consenso que generaba.

El proyecto recibió 31 indicaciones, de las cuales 7 son de autoría del Gobierno y 24 parlamentarias. Entre las que deberán discutirse en las próximas semanas está la compatibilidad de los sistemas de recetas electrónicas con el Ministerio de Salud (Minsal), la interoperabilidad de los sistemas y las facultades de las secretarías regionales ministeriales de Salud para fiscalizar las plataformas.

ULTRA PROCESADOS

También la Comisión destinó su tiempo, en las jornadas del lunes 3 y el martes 4 de agosto, a continuar con las audiencias respecto al proyecto que exige la rotulación de alimentos ultraprocesados y restringe su publicidad (Boletín N° 17176-11) que cursa primer trámite.

El texto corresponde a una moción de autoría de la senadora María José Gatica, la que fue patrocinada por la senadora Ximena Ordenes y los senadores Juan Castro y Alejandro Kusanovic, y el exsenador Francisco Chahuán. Ésta busca rotular como ultraprocesados aquellos productos alimenticios que contengan más de cinco ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales.

El martes 4, la Comisión escuchó al ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien explicó que el Ejecutivo no está de acuerdo con establecer una definición de estos alimentos pese a que apoyan el sentido de la moción. “A nivel internacional aún no hay acuerdo respecto a una definición. Nosotros nos regimos por el Códex Alimentario y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ellos están trabajando en ello. Nos parece apresurado avanzar en definiciones internas”, comentó.

Además, reconoció que “no han sido consultados la subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía. Nos preocupa el efecto que pueda tener una definición en los tratados de libre comercio suscritos por Chile”.

En la misma línea, el asesor legislativo del Minsal, Benjain Rug aclaró que “el Ejecutivo no presentará indicaciones. Esto luego de revisar los compromisos internacionales y la falta de una definición de la OMS”.

Así las cosas, las y los senadores acordaron escuchar a la subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía antes de fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones.

Con todo, en el debate admitieron que sus opiniones han ido variando en la medida que han conocido otros puntos de vista. De hecho, reconocieron como esenciales las intervenciones de la doctora y académica de Pulso Legislativo de la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Paula Margozzini; y al profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibálñez (UAI), Guillermo Paraje, efectuadas el lunes 3.

En la ocasión, la doctora Margozzini valoró el proyecto, pero propuso eliminar en la definición, la referencia a 5 o más ingredientes. De esta forma, abogó por una definición más general, pero haciendo presente a la importancia de los procesos industriales en la elaboración de estos alimentos y la incorporación de aditivos.

Por su parte, el profeso Paraje explicó el efecto de la ley de etiquetado del 2016 indicando que “el impacto económico fue nulo (no subieron los costos ni afectó al sector en cuanto a salarios y utilidades) y respecto a lo sanitario, se observó una baja de un 2% en la incidencia de sobrepeso en la primera infancia”.