Aprueban en general proyecto de ley conocido como "antifiltraciones"

Luego de conocer una serie de indicaciones que recogen distintas recomendaciones realizadas por quienes asistieron como invitados, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida, también conocido como proyecto "antifiltraciones".

Cabe recordar que la instancia tiene la autorización de la Sala para discutir en general y en particular este proyecto durante su primer informe. De ahí que la comisión encabezara una serie de audiencias con especialistas, académicos y representantes del gremio periodístico para recoger sus opiniones sobre el proyecto.

Fue así que se logró elaborar una serie de indicaciones que buscan aumentar las penas a los funcionarios públicos que filtren información de las investigaciones. Se establece una escala de penalidad donde se deja claro que la mayor sanción la tienen los funcionarios públicos que filtren información y también se sancionan a los que actuando "ilegítimamente" difundan información de una investigación.

Las indicaciones también precisan temas como: el plazo de la investigación, se regula el anexo separado y reservado de actuaciones sin interés investigativo, donde podrán acceder las partes con las medidas de control que disponga el fiscal o el tribunal, pero no podrán hacer copias ni tomar ningún tipo de registro.

Asimismo, se plantean normas para concordancia necesaria respecto de la destrucción que se ordena de ciertas piezas como los registros de comunicaciones.

Se propone sacar del Código Procesal Penal el inciso final del artículo 226 J, trasladarlo al Código Penal y hacerle precisiones.
 

PRECISIONES

Según explicó el senador Pedro Araya este proyecto buscaba corregir un problema que se iba a presentar al momento de aplicar la pena del artículo 226 J, pues la norma vigente considera sanciones más altas para los civiles que para los funcionarios públicos.

"Se buscaba corregir esa anomalía y a partir de esto se generó toda una batahola que, a mi juicio, no tenía mucho sentido… el proyecto originalmente siempre contempló penas mucho más altas para los funcionarios públicos que filtraban información de una carpeta investigativa, eso nunca estuvo en discusión. Y lo que se hace hoy día es clarificar algunos conceptos que estaban generando dudas. Y también lo que queremos resolver la actual situación del 226 J que, en caso de aplicarse, tiene una pena mucho mayor para un periodista que filtre información versus el funcionario público que se la entrega…la idea es eliminarlo del Código Procesal Penal y llevarlo al Código Penal como una figura nueva", precisó el senador.

Por su parte, el senador Matías Walker manifestó que "es muy importante evitar las filtraciones y, sobre todo, como dijo el senador Pedro Araya, autor de esta iniciativa, sancionar a los intervinientes del proceso que vulneran esta provisión de secreto, el Ministerio Público, los abogados, ya sea el defensor, el querellante o los funcionarios policiales".

Indicó que "no estamos de acuerdo en sancionar a la prensa, y eso lo vamos a hacer ver en la discusión en particular. Ahora, de todas maneras, se incorporó la expresión ilegítimamente, porque hoy día, como ustedes saben, la Ley de Prensa establece una eximente de responsabilidad penal en el caso de los profesionales de la prensa y la idea de hacerlo armónico, pero no estamos de acuerdo con ninguna ley mordaza ni directa ni indirecta".