Alcanzan acuerdos sobre proyecto que perfecciona y agiliza las expulsiones administrativas de migrantes irregulares

La Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias sobre el proyecto que modifica la Ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa concluyó su cometido con votaciones unánimes.

La instancia parlamentaria, presidida por la senadora Danisa Astudillo, incorporó observaciones formuladas por la Corte Suprema e integró propuestas técnicas tras escuchar a, entre otros, el Ministerio Público y el Ejecutivo. 

El informe de la Mixta debe ser ratificado por las salas de la de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, respectivamente.

ACURDOS ALCANZADOS 

Entre las principales disposiciones perfeccionadas y acordadas en la Comisión Mixta destacan:

Se elevó de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.

Se estableció que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

Se facultó la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular formalizados, acusados o requeridos por simples delitos cuya pena no exceda los 3 años de privación de libertad y que no registren condenas previas, suspendiendo el procedimiento penal por 3 años a la espera del cumplimiento de la medida.

Además, se acordó la coordinación previa con el Ministerio Público para verificar que la expulsión o el ingreso a domicilio no afecten investigaciones penales en curso que involucren un interés prevalente para la persecución penal, protegiendo además los derechos de las víctimas.

REACCIONES

Transversalmente se valoró el despacho y los acuerdos alcanzado entre todos los sectores políticos. 

Al respecto, la senadora Danisa Astudillo, presidenta de la Comisión Mixta, agradeció la “voluntad de parte del Ejecutivo y de los colegas de los distintos colores políticos de llegar a un consenso. Esta propuesta fue trabajada en múltiples sesiones para revisar en detalle cada una de las propuestas y logramos un consenso”.

“Aumentamos el plazo mínimo para que las personas que son expulsadas no puedan reingresar al menos en 5 años al país y se tomaron algunos resguardos también para que aquellas personas que hayan sido expulsadas porque cometieron algún delito menor se resguarden los derechos de la víctima", recalcó.

El senador Renzo Trisotti recordó que “esta normativa que hemos logrado sacar hoy día adelante permite poder agilizar, poder establecer plazos muy concretos para que, frente a una decisión del subsecretario de expulsar a alguien, esta persona no pueda volver a ingresar a nuestro país por un plazo de 5 años. Se aprovechó ese único artículo que quedaba pendiente para poder escuchar al Ministerio Público y poder establecer una serie de correcciones que puede generar un efecto positivo para lograr este gran objetivo".

El senador Miguel Becker también rescató la unanimidad y adelantó que espera que “esto comience a dar frutos muy pronto. Realmente ya no podemos seguir esperando, especialmente con lo que ocurrió ayer en Lo Espejo, con el cabo Aguilera que es dado de baja por un delincuente que estaba, precisamente, en forma informal en nuestro país y de procedencia venezolano".

A su turno, el subsecretario Máximo Pavez destacó que “el proyecto de ley es muy relevante para cumplir con los fines del plan de reordenamiento migratorio del gobierno” y “poder consensuar mecanismos para mejorar la forma en que se proceden a efectuar y a concretar las órdenes de expulsión administrativa".

Precisó que, actualmente, “la Policía de Investigaciones no tiene la facultad de poder ingresar a un domicilio para detener una persona, para expulsarla cuando hay una orden de expulsión a firme. Por lo tanto, este proyecto le otorga la facultad de, verificada una orden de expulsión totalmente afinada después de una autorización que da el juez de garantía para resguardar los derechos de las personas, poder ingresar a un domicilio solo para los efectos de detener a alguien y ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones para materializar la expulsión".

OBJETIVO

Cabe recordare que el objetivo principal del proyecto de ley es perfeccionar, fortalecer y agilizar los procedimientos administrativos de expulsión de personas extranjeras en situación migratoria irregular. 

Para ello, la iniciativa busca optimizar los mecanismos de control y ejecución material de estas medidas, adecuar las reglas procesales para coordinar las expulsiones inmediatas con los procesos penales por delitos menores y agilizar las autorizaciones judiciales para el ingreso policial a domicilios, asegurando así un cumplimiento efectivo y expedito de la normativa migratoria.