Mientras los ministerios de salud y seguridad pública explicaron la estrategia en ejecución, los dirigentes apuntaron a la efectividad de dichas medidas asegurando que “si ocurre un nuevo ataque, paralizaremos las funciones”.
Oficiar al ministerio de Salud y al de Seguridad Pública sobre una serie de materias, fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud luego de estudiar la situación de violencia que enfrenta la Atención Primaria de Salud (APS), la que se ha venido agravando en los últimos meses.
En la instancia, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM), Gabriela Flores detalló la seguidilla de ataques de los que han sido víctimas trabajadores de distintos centros como en el trayecto a otros recintos. A su vez, demandó ser considerados en las instancias de participación que considera la estrategia de seguridad en salud y cuestionó la actitud del Ejecutivo que calificó como “desconectada” de la realidad.
Desde el Gobierno, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell; y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, explicaron las medidas que se han venido implementando desde el año pasado, sin embargo, las senadoras Ximena Ordenes (presidenta accidental) y Yasna Provoste, y el senador Francisco Chahuán solicitaron pasar “de la planificación a la acción”.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Desde el ministerio de Seguridad Pública explicaron que “se ha diseñado una estrategia que considera a los gremios, la PDI, Carabineros, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y las seremis con énfasis en la intervención de resguardo policial, el fomento de las denuncias, la protección de los establecimientos de salud, el mejoramiento del entorno y la promoción del buen trato de funcionarios”.
La autoridad detalló que existen 127 centros de atención primaria priorizados y 193 hospitales, de los cuales 9 centros en calidad de riesgo extremo (4 con carabineros de punto fijo o vigilancia policial) y 46 hospitales en la misma condición (30 con punto fijo y 16 con vigilancia especial).
A la hora de hacer un balance, los subsecretarios Collado y Martorell aseguraron que en todas las regiones hay mesas operativas, se han realizado capacitaciones a funcionarios, marchas exploratorias del entorno y se está diseñando una compaña comunicacional de buen trato usuario. “Hemos puesto énfasis en aprender a realizar denuncias porque hacerlo de manera correcta facilita la investigación. De hecho, estamos reformulando el registro de denuncias, se va a lanzar un nuevo sistema. Tomando el caso de Ercilla, estamos mejorando el protocolo de resguardo de trayecto en visita rural”, comentaron.
VISIÓN DESCONECTADA
En contraposición, la dirigente de la APS planteó que “hace más de una década venimos denunciando esta situación, pero ahora vemos mayor inseguridad en las zonas rurales más aisladas y las urbanas más vulnerables. Tuvimos en esta Comisión, una sesión previa el 12 de mayo, en la que denunciamos una falta de respuesta real del Estado que nos habla de coordinación, pero una visión desconectada de la realidad”.
En la misma línea, detalló indicando que “vemos que las mesas que se instalan no cambian la realidad. Se habla de las capacitaciones, pero se invitan a los jefes porque los trabajadores tienen miedo a denunciar, entonces debe estar un dirigente en esas instancias. Necesitamos saber el real estado de avance del plan, qué ha pasado con la priorización de los 126 centros de salud porque se habla de carabineros de punto fijo que no han estado”.
Gabriela Flores insistió en que “necesitamos que se nos considere en la discusión del proyecto de infraestructura crítica y se entienda que los consultorios, Samus, Sapus, Cesfam son infraestructura crítica (…) No se puede seguir tratando a la seguridad en salud como un plan piloto (…) Si ocurre una nueva agresión, pararemos la APS de Arica a Magallanes”.
“DE LA PLANIFICACIÓN A LA ACCIÓN”
Tras escuchar a los invitados, la Comisión acordó oficial al ministerio de Salud y al ministerio de Seguridad para tener más antecedentes acerca de la estrategia presentada, en particular acerca de los criterios con que se calificó a un centro de salud como más riesgoso que otro. También abogaron para incorporar a los dirigentes en diversas instancias de participación y solicitaron que se investiguen denuncias de empresas de seguridad que prestan servicios a la APS, que aseguran que no se les han pagado sus honorarios.
En particular, la senadora Provoste planteó que “si no hubiera habido la balacera en Copiapó, no se hubieran priorizado los centros de salud de ahí (…) Ahora la CONFUSAM nos hablaba de la campaña comunicacional del trato usuario que fue una promesa de la discusión presupuestaria, que aún no visan (…) Quisiera saber, además, cuántos recursos se han dispuesto para estas medidas”.
La senadora Ordenes insistió en la “disociación de miradas entre los dirigentes y las autoridades. Se necesita un acercamiento urgente. Creo que hay que fortalecer lo que ha planteado el Ejecutivo, algunas cosas pueden estar resultando, pero claramente los esfuerzos son insuficientes porque hay que pasar de la planificación a la acción”.
En la misma línea, el senador Chahuán apuntó a la cultura de la violencia. “La gente exige una respuesta pronta y se entiende, pero muchas veces no se tienen los recursos humanos y materiales para entregarla en la atención primaria. Entonces estamos en una situación crítica. La seguridad en salud no puede ser a costa del presupuesto de salud”, concluyó.
