Violencia en La Araucanía: No todas las responsabilidades son iguales

Quiero referirme a la grave situación de violencia extrema que afecta a la Región que represento y también a algunas apreciaciones que se hicieron en el marco del debate del proyecto de ley sobre control preventivo de identidad.

Vinculo la iniciativa directamente a las atribuciones que la policía debe tener para evitar que se produzcan delitos en la Región de La Araucanía con el grado de violencia, crueldad y cobardía con que se ha llevado a efecto la quema de casas, la destrucción de maquinaria y cuyos actos más graves han sido el asesinato del sargento de Carabineros, Hugo Albornoz, y la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Se ha señalado, y con toda razón, que esta es un falla del Estado de Chile. No tengo duda que es así. Quiero recordar las palabras del ex canciller, senador y hombre de la Concertación, Enrique Silva Cimma, quien expresó que el Estado estaba incurriendo en una falta de servicio porque no era capaz de garantizar las más elementales normas de paz y tranquilidad que deben existir en un Estado de Derecho democrático.

La ciudadanía, que no tiene por qué saber muchas veces en detalle aspectos que dicen relación con las responsabilidades de los distintos poderes del Estado, tiende a globalizar las responsabilidades y no lograr distinguir los roles de cada actor. Como Senador tengo el deber de hacer esa distinción: no todas las responsabilidades son iguales.

La responsabilidad del Gobierno del Presidente Piñera ha sido dotar a la Región de La Araucanía del número de funcionarios policiales necesarios para hacer los mayores controles preventivos y, posteriormente, efectuar la detención de quienes resulten responsables de estos hechos de brutal violencia. Durante esta administración, se ha incrementado en más de 600 el número de efectivos que tiene la región. Me refiero a Carabineros, sin considerar el personal especializado de la PDI y de los servicios de inteligencia, en los que se han invertido más de mil millones de pesos en recursos adicionales para dotarlos de medios, recursos tecnológicos, personal y vehículos.

Es probable que el Gobierno haya reaccionado tarde frente a estos hechos producto de la información que se tenía en un momento, que indicaba que estos hechos no iban a tener la proliferación ni la intensidad que hoy muestran. Cualquier análisis objetivo dice que el Gobierno ha cumplido entregando los medios adecuados e incluso haciéndose parte de las querellas.

He estado permanentemente pidiéndole al Gobierno que los compromisos se cumplan. Entonces no me parece justo que se le atribuya a esta administración responsabilidades respecto de las cuales, no tiene atribuciones legales para cumplirlas.

En el ámbito de las leyes, ha sido reiterado y permanente el rechazo de la Oposición a las leyes que le entregan a las policías y los fiscales más atribuciones para investigar con éxito. Respecto al control preventivo de identidad, esta herramienta existe en todas las democracias modernas. Es una norma que está orientada a un aspecto esencial de la labor policial, que es controlar a la población, requiriéndoles su identificación a quienes se encuentren en lugares donde hay alta intensidad de delitos.

En el caso de La Araucanía, si esta atribución la hubiese tenido la policía, es probable que algunos de los delitos graves que se han cometido no se habrían registrado. Pero hoy la policía no puede pedir el carnet de identidad a un chileno, salvo que haya indicios de que está cometiendo un delito o que lo ha cometido; o que esa persona esté cubriendo su identidad tapándose la cara, es decir, sea un encapuchado.

Pero si en cualquiera de las comunas de La Araucanía, un sujeto en la noche se pasea por esa zona y no está cometiendo en ese instante ningún delito, sino que se pasea simplemente observando y vigilando como lo hacen quienes preparan estos delitos, para saber a qué hora y dónde atacar, la policía no puede pedirle el carnet de identidad.

Es incomprensible que los parlamentarios de Oposición se nieguen a otorgar estas facultades a la policía, mientras que en otros países nadie discute estos temas que están solucionados. Alemania, Italia, Francia y España tienen normas mucho más rigurosas y duras.

Por eso, no todas las responsabilidades son iguales. Espero que el próximo Gobierno, que va a tener que entrar a lidiar con estos temas, no cometa el error de caer en la tentación de disminuir el número de policías, de desmantelar los equipos jurídicos que están llevando adelante estos juicios y debilitar las acciones que se estén realizando, porque si las que ya se realizan son insuficientes, imaginemos lo que va a ocurrir si el nuevo Gobierno no toma medidas drásticas y duras para los efectos de lograr que impere el Estado de Derecho en la Región de La Araucanía.