Transparencia: una herramienta necesaria en educación

El proyecto de ley sobre transparencia en instituciones educativas que reciben aportes del Estado ha generado un amplio consenso, no sólo en la Comisión de Educación, sino que también en la Sala del Senado y en toda la sociedad civil.

Hicimos un importante trabajo para refundir una moción que presenté y que suscribieron los senadores Carlos Cantero, Alberto Espina, Hernán Larraín y Jaime Quintana, con otra que presentaron los senadores José Antonio Gómez, Ximena Rincón, Ricardo Lagos, Jaime Quintana y Fulvio Rossi, y hemos conformado un proyecto conjunto, ya que se compensan y se complementan en diversos aspectos.

Es un hecho innegable que la transparencia es una herramienta  necesaria para el buen funcionamiento de todo ámbito o proceso. La transparencia, en cualquier asunto o materia, no sólo ayuda a evitar los vicios o falencias, sino que también favorece al aumento de la confianza entre las partes.

El año pasado tuvimos un debate muy intenso con respecto al foco en la educación pública; en la calidad de la educación pública. Pero una arista que también ha cruzado la discusión de la opinión pública, y sobre todo del movimiento estudiantil, tiene que ver con el lucro en la educación pública cuando recibe aportes del Estado. Pues bien, esta moción apunta justamente a ello y transparenta a todos aquellos proyectos educativos que tienen fines de lucro o no los tienen, pero que reciben aportes del Estado. Allí radica su importancia.

Es fundamental que los alumnos, las alumnas y sus padres tengan libertad de elegir y para ello se necesita tener toda la información disponible para tomar una opción con libertad. Hoy día no se tiene.

Casos como el de la Universidad del Mar -que tiene varias sedes en regiones que representamos acá en el Senado- evidencian que hay lugares donde los alumnos, las alumnas y sus padres, que hacen un tremendo esfuerzo por asistir a la educación superior en este caso, no cuentan con todas las herramientas de información para tomar una decisión con respecto a esta casa de estudios, puede ser esta en particular, puede ser otra.

También hemos tenido problemas con el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar,  donde el SERNAC debería aplicar la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor para apoyar a los alumnos, a que puedan finalmente terminar sus carreras y así obtener el título profesional, que es lo que a ellos se les ofreció cuando entraron a estudiar en estas instituciones.

El Gobierno ha enviado un proyecto de Superintendencia de Educación, que a todas luces resulta demasiado relevante. Pero esto tiene que ir unido a otras herramientas de transparencia. Y este proyecto lo que hace es entregar las herramientas, pues todas estas instituciones educativas, tengan o no tengan fines de lucro, van a tener el mismo trato.  Deberán publicar en sus páginas web todos sus balances y tener el mismo tratamiento de una sociedad anónima. Es decir, las personas van a poder tener acceso a la información de cuáles son sus ingresos, sus egresos, la malla curricular, el número de matrículas, las carreras, qué tipo de acreditación tuvieron,  y si tienen una acreditación completa o no.

A raíz de los últimos conflictos que hemos visto con la Universidad del Mar, hemos leído en los medios de comunicación que hay otras universidades que están con problemas, que no cumplen todos los requisitos o que su acreditación está en cuestionamiento.

Pero me parece que es fundamental que cuando hay aportes del Estado exista plena transparencia y que el uso de esos recursos esté absolutamente destinado a la buena calidad de educación que reciban alumnos y alumnas inscritos en determinados centros de educación, del tipo que sean, de la educación básica, de la educación media, de la educación superior.

Lo que a nosotros nos tiene que importar en definitiva, es la calidad de educación que se entrega en nuestro país. Y cuando la educación se convierte en un negocio tenemos que entregar todas las reglas correctas, como legisladores, para que la gente pueda decidir en libertad y a las personas se les entregue calidad de educación.

Esto es un tema de la mayor relevancia. Porque no estamos hablando de cuando una persona obtiene una subvención del Estado en una materia. Aquí el subsidio que entrega el Estado, que se convierte, en el caso de la educación básica, en una subvención escolar, o el aporte del Estado a una institución educacional universitaria, a través de becas o de financiamiento de fondos de investigación, son recursos que deben ser resguardados peso a peso, para que se gasten en lo que corresponde, que es la educación de las personas que están estudiando, y no pueden ir a los bolsillos de las personas que están administrando.