Sesión 95ª, Ordinaria, en miércoles 20 de enero de 2016

Por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ena Von Baer, Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Ricardo Lagos, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Carlos Montes, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Jaime Orpis, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, por el que solicitan a la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que interprete el artículo 92 bis de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, relativa a la obligación de cada Municipalidad de dotar al Concejo de los medios necesarios para desarrollar sus funciones. (Boletín Nº S 1.850-12 )

Se aprobó en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. (Boletín N° 10.154-07). Con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto dar respuesta a la ciudadanía que demanda robustecer y proteger a aquellas instituciones políticas que sostienen la democracia, abriendo canales de mayor participación en la toma de decisiones, en el entendido que los partidos políticos son una pieza fundamental en el sistema democrático.

Contenido del proyecto de ley:

- Reconoce a los partidos políticos como asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten los mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

- Faculta a los partidos políticos para realizar numerosas otras actividades distintas de lo meramente electoral, tales como la promoción de la participación ciudadana; el desarrollo de una política inclusiva y equitativa de las mujeres, la formación e implementación de proyectos culturales y educativos; y la promoción de la integración de los jóvenes entre 14 y 18 años en las actividades partidarias, mediante la creación de un registro de adherentes, entre otras.

- Establece la obligación de los partidos políticos de contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los Derechos Humanos, lo que deberá estar contenido expresamente en la declaración de principios del organismo.

- Fija el contenido mínimo que deberán contener los estatutos de los partidos políticos, entre lo que se exige la mención de los principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de elección de sus autoridades y, los derechos y deberes de sus afiliados.

- Simplifica el procedimiento de constitución de un partido político disponiendo, entre otras medidas, que el notario que intervenga no podrá negarse injustificadamente a extender la correspondiente escritura pública, ni podrá cobrar por ella; el extracto de la misma ya no se deberá publicar en el Diario Oficial sino en el sitio electrónico del Servicio Electoral y se establece un debido proceso ante el rechazo fundado a una solicitud de inscripción.

- Dispone que los partidos políticos existirán como tales desde que se hubieren constituido legalmente en al menos 8 de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de 3 regiones geográficamente contiguas.

- Facilita la afiliación a un partido en formación, pudiendo hacerlo no sólo los ciudadanos chilenos sino también los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, permitiendo que ella se efectúe ante cualquier notario, oficial del Registro Civil, o un funcionario habilitado del SERVEL, encargando a dicho servicio la mantención del registro actualizado de afiliados y de adherentes.

- El partido político en formación dispondrá de un plazo de 210 días corridos, durante el cual deberá inscribir un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente, a lo menos, al 0,25 % del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500 electores. El cálculo del porcentaje señalado se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

- Dispone que todo integrante de un partido político tendrá los derechos y obligaciones que se contemplen en el respectivo estatuto, entre los cuales necesariamente se deberán incluir aquellos que se precisan, y que tienden a asegurar que los afiliados de un partido puedan gozar de derechos democráticos, al menos, equivalentes a los que el ordenamiento jurídico otorga a los ciudadanos.

- Establece una nueva forma de organización interna de los partidos, señalando que sin perjuicio del derecho de los partidos políticos para contar con los órganos que sus estatutos determinen, deberán contar con, al menos, las siguientes estructuras: un órgano ejecutivo; un órgano intermedio colegiado y un tribunal supremo, los que deberán ser conformados a nivel nacional y regional, regulándose las funciones y atribuciones de cada uno de ellos.

- Permite a los partidos la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se encuentren fuera del territorio nacional, de acuerdo con las disposiciones de este proyecto de ley, sus estatutos y las instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.

- Regula un equilibrio de género en la integración de los órganos colegiados, disponiendo que en los estatutos deberán contemplarse mecanismos que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 % de sus miembros.

- Impone a los partidos políticos el deber de mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios web, en forma completa, actualizada al menos trimestralmente y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, la información que dice relación con la transparencia de sus principios, institucionalidad y financiamiento, entre otras.

- Establece como causal de disolución de un partido político el no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de a lo menos 8 regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en la que esté legalmente constituido.

- Sanciona con la disolución de un partido político la infracción grave y reiterada de las normas sobre financiamiento de los mismos.

- Permite la fusión de partidos siempre que cumplan con el mínimo legal de afiliados para constituirse como tales y que no se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley.

- Establece qué normas regirán a los partidos que se encuentren ya en proceso de formación al momento de entrar en vigencia el presente proyecto como ley.

Intervinieron los senadores Hernán Larraín, Jorge Pizarro, Víctor Pérez, Alejandro Guillier, Juan Antonio Coloma, Alejandro Navarro, Baldo Prokurica, Lily Pérez, Felipe Harboe, Ignacio Walker, José García, Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Alfonso De Urresti, Eugenio Tuma, Jaime Quintana, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Patricio Walker, Juan Pablo Letelier y el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre.

En consecuencia, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

Se aprobó el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. (Boletín N° 10.043-04) Con urgencia calificada de "suma".

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto garantizar que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, cuenten con un plan explícito para abordar la formación ciudadana de sus estudiantes.

Contenido del proyecto de ley:

- Dispone que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso.

- En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego.

- Precisa los objetivos de este Plan, entre los cuales considera el conocimiento, promoción, comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella; del Estado de Derecho y de la institucionalidad; de la formación de virtudes cívicas en los estudiantes; el compromiso de los alumnos con los derechos humanos y el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

- Considera el fomento en los estudiantes, de la tolerancia y el pluralismo; del ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa; de la valoración de la diversidad social y cultural del país; de su participación en temas de interés público, y de desarrollo de una cultura de la transparencia y la probidad.

- Especifica las acciones concretas que el Plan deberá considerar para el cumplimiento de los objetivos señalados.

- El sostenedor de cada establecimiento podrá incluir el Plan en el proyecto educativo institucional y/o en su plan de mejoramiento educativo.

- Establece que al Ministerio de Educación le corresponderá apoyar a los sostenedores y establecimientos educacionales que así lo soliciten, en el desarrollo de sus respectivos planes, debiendo, además, entregar al sistema escolar orientaciones curriculares, ejemplos de planes y recursos educativos con el objeto de facilitar la implementación de aquéllos.

Intervinieron los senadores Ena Von Baer, Jaime Quintana y Alejandro Navarro.

En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación.

EL SENADOR JAIME QUINTANA solicitó oficios al Ministerio de Salud y de Educación para que, en sus respectivas áreas, informen sobre las medidas que se están tomando y los planes a futuro para la localidad de Chufquén, en la comuna de Traiguén, provincia de Malleco, que se ha convertido en un Villorrio con aproximadamente 700 habitantes y en el que se hacen patentes las necesidades básicas de Salud, por la precaria atención primaria existente  y la falta de un centro asistencial que cubra las necesidades de sus habitantes; mientras que en materia de educación solicitó se estudie la factibilidad de reabrir un colegio que fue cerrado, situación que hoy obliga a los niños a trasladarse a zonas alejadas para recibir educación.

EL SENADOR ALFONSO DE URRESTI solicitó diversos oficios a fin que se le informe sobre los siguientes asuntos:

- La demora en la implementación de un proyecto de asfaltado ya comprometido, de un tramo del camino que une la comuna de San José de la Mariquina con el sector de Iñipulli, Región de Valdivia (desde el kilómetro 11 hasta el castillo San Luis de Alba). Asimismo pidió antecedentes sobre el calendario de reparación comprometido para mejorar los caminos entre Corral y Valdivia.

- Instalación de un Centro de Formación Técnica (CFT) en la ciudad de la Unión, de la provincia de Ranco. (Estado de avance, calendario de inversiones y lugar en el que se emplazará).

- Informe detallado de las Salas Cuna de la Junji comprometidas para el año 2016-2017, en la Región de los Ríos, cuáles se han construido y en qué etapa están cada una de ellas.

- Estado de avance del proyecto “Paso Internacional Carirriñe”, comuna de Panguipulli, que une la localidad de Liquiñe con Argentina.

EL SENADOR ALEJANDRO NAVARRO pidió se oficie a diversas autoridades para que informen en relación a los siguientes asuntos.

- Sobre el proceso de devolución de boletas de garantía, reparación habitacional e Informe Técnico que originó la demolición de las viviendas de los habitantes de Paso Seco, en la comuna de Coronel.

- Sobre el resultado del estudio de suelo realizado para llevar a cabo la construcción de una parte de las viviendas de la población Aurora de Chile, en la comuna de Concepción, en atención a que ese sector era un botadero de basura y requeriría un mejoramiento del terreno de alto costo.

- Comportamiento de la empresa de suministro eléctrico Frontel, en las zonas rurales de las Provincias de Concepción y Ñuble en relación a los sucesivos cortes de luz, la fórmula y forma de cobro de boletas y de las compensaciones efectuadas por estos motivos.

- Detalle de las razones que ocasionaron la varazón de jibias en Isla Santa María, comuna de Coronel y las medidas para preveer este fenómeno.

- Conocer el proceso de remate de minera Santa Ana, que es un proyecto minero fracasado, del cual ha terminado haciéndose cargo el Estado y que afectará aproximadamente a 150 mineros.

- Solicitó se declare la laguna del Laja como parte de los lagos navegables para buques de más de 100 toneladas.

- Pidió conocer los lugares en Chile en que se esté enseñando el lenguaje chino mandarín e información de cómo se está apoyando la enseñanza de este lenguaje.

-Detalle de las fechas en que estarán los resultados de los exámenes de muestras de sangre tomadas a niños y niñas de la comuna de Coronel, ante la denuncia hecha por la existencia de metales pesados en la bahía de Coronel.