Necesitamos una nueva institucionalidad

En un encomiable esfuerzo, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, se dio la tarea de evaluar los efectos de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que cumple seis años de su aprobación y promulgación. Este trabajo permitió una sesión especial de la corporación, realizada el miércoles 6 del presente, en que se analizó y debatió ampliamente sobre la situación de la delincuencia infantil y juvenil en Chile.

La opinión unánime fue de preocupación; incluso, hubo juicios tajantes y concluyentes que tiene un balance desalentador: que los resultados son malos. No faltaron tampoco intenciones de desplazar hacia el “gobierno anterior” las culpas por el impacto tan magro tenido de un cuerpo legal, en torno al cual se generaron altas expectativas. Dejemos eso dentro de lo anecdótico, dado que hablamos de una ley cuyo mayor período de vigencia ha sido en este mismo gobierno.

¿Qué se señala? Que no se avanza en prevención y que no hay rehabilitación; que la infraestructura es inservible o inadecuada y que persiste el defecto esencial: que se mezclan y confunden los niños abusados en diferentes situaciones de agresión sexual, con los niños que ya han delinquido; con lo que se cae fatalmente en la amarga reiteración  que los centros de detención pasan a ser “escuelas” de la delincuencia.

Nuevamente, en los debates del Congreso Nacional, se repite la queja que la autoridad económica no se pone con los recursos necesarios y llueven las críticas sobre la Dirección de Presupuestos y el ministerio de Hacienda. No puedo evitar que venga a mi memoria la reiterada frase que “otra cosa es con guitarra”.

Considero que lo peor es caer en recriminaciones estériles. De lo que se trata es fortalecer las políticas públicas, en este caso, la prevención y/o la rehabilitación de los niños en riesgo de delinquir o de los que han caído en hechos violentos, muchos causantes de gran conmoción. Es urgente una nueva institucionalidad pública que aborde eficazmente y resuelva las graves carencias que existen actualmente en los servicios públicos especializados que, lamentablemente, se encuentran sobrepasados. En tal sentido, presenté junto con un grupo de colegas, un completo Proyecto de Ley, consultado con las organizaciones más preocupadas y especializadas de la sociedad civil. Es un esfuerzo técnico y conceptual que requirió mucha dedicación para su formulación. El gobierno, una vez más, ni siquiera nos respondió.

Ojalá que las cosas no fueran de esa manera; la verdad es que las víctimas son los niños y eso es lo que debe estar primero. Solicito respuesta.