Funcionamiento de penal Cordillera provoca rechazo

Mientras la senadora Isabel Allende insistió en la necesidad del cierre de los recintos que albergan a militares condenados por violaciones a los derechos humanos; su par el senador Alejandro Navarro anunció que votará en contra del presupuesto destinado al funcionamiento de estas cárceles.

Cabe recordar que la senadora Isabel Allende instó a terminar con “los privilegios” que en la actualidad tienen los militares violadores de derechos humanos que se encuentra recluidos en el penal Cordillera y Punta Peuco y que acogen a cerca de 70 personas.

Reiteró su postura de prohibir derechamente la creación de establecimientos penales especiales: “creo que es necesario derogar los decretos que generan un régimen diferenciado, ya que esto no tiene ninguna razón de ser, derogarlos es una medida administrativa que el Presidente de la República puede adoptar sin mayores dificultades y que sería una tremenda muestra de su real voluntad de acabar con los privilegios que hoy tienen los violadores de los derechos humanos en nuestro país”, puntualizó.

En el mismo contexto, la oposición ha reflotado una serie de iniciativas –una de ellas de la propia senadora Allende- con el objeto de eliminar situaciones de privilegio y en general todo tipo de  honores para los condenados por delitos de lesa humanidad. En este sentido, la parlamentaria destacó que “nuestro sector hace varios años viene manifestando la necesidad de terminar con los privilegios, me parece inverosímil que los militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos aún hagan uso de las prerrogativas otorgadas por el grado alcanzado en las Fuerzas Armadas”.

PRESUPUESTO

En tanto, su par senador Alejandro Navarro señaló que permitir el funcionamiento del penal Cordillera es inaceptable por cuanto existen dos recintos paralelos solo a disposición de estos ex militares. “Existen más de 30 funcionarios cuidando a una decena de internos, como es el penal Cordillera  en donde, además, según un estudio de la Universidad de Chile, el Estado gasta 5 veces más que en una cárcel común; y si comparamos con el penal de Punta Peuco se gasta 3 veces más”.

Por ello , agregó, además del estudio y distribución del personal dispuesto en las dos cárceles, desarrollado por Gendarmería , también se exponga  prontamente el informe  de funcionamiento de ambos penales , solicitador por el Presidente Sebastián Piñera a la Ministra  de Justicia , Patricia Pérez , “esto con el fin de que se avalué adecuadamente y se avance con premura , y de primer paso, en cerrar el penal Cordillera y se trasladen a los 10 violadores de derechos humanos al penal Punta Peuco”.

De esta manera el senador Navarro expresó que no votaría a favor de un presupuesto que resulta en unos 49 millones 835 mil pesos al año. “Es un privilegio mantener esos dos penales, es un costo moral también mantener a violadores de derechos humanos en este hotel de lujo, que no es cárcel”.

Finalmente, el legislador dijo que las condiciones políticas del país permiten cerrar el penal Cordillera. Son cárceles construidas en una condición muy especial de la transición, donde había inestabilidad y riesgo democrático que hoy no existe. Por lo que creo que los 10 internos del penal Cordillera no les hará mal, por lo pronto, estar un poco más estrecho con los 44 reos de Punta Peuco, en el que el Estado gasta 143 millones 142 mil 338 pesos”.