Fallo del TC por gratuidad: legisladores discrepan por resolución

Diversas reacciones en la Cámara Alta ha generado el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que las exigencias a la gratuidad en educación superior generaban una discriminación arbitraria.

Cabe señalar que el organismo acogió la pretensión de inconstitucionalidad planteada por 31 legisladores de oposición en la parte correspondiente a la discriminación arbitraria, respecto a los requisitos de elegibilidad de los alumnos que podían optar a la glosa de gratuidad.

Esto en relación a los estudiantes de universidades que no estén dentro del Consejo de Rectores (Cruch), Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

El presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jaime Quintana refutó los argumentos y acusó que “el Tribunal Constitucional cree en el lucro en la educación”, y que “la derecha está ocupando su artillería de reserva con un super-poder no electo para defender la plena vigencia de la Constitución de Pinochet”. 

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el senador Alfonso De Urresti destacó que a su juicio, el fallo sólo viene a confirmar que Chile requiere un nueva Constitución.

“La institucionalidad que hemos heredado de la dictadura tiene como una de sus características la de imposibilitar avanzar en derechos sociales, como lo es una educación gratuita y de calidad para todos. La derecha en esta Constitución tiene una herramienta a la cual siempre puede recurrir para frenar las transformaciones que el país necesita” afirmó.

El legislador aseguró que el TC es un enclave autoritario que hoy prácticamente funciona como una tercera cámara. “Un grupo de personas designadas, por las cuales ningún ciudadano ha votado, tiene en nuestra institucionalidad la posibilidad de decidir el futuro de reformas relevantes para nuestra sociedad, incluso pasando a llevar la voluntad del Congreso y el Ejecutivo. Esto no es aceptable en una democracia”, enfatizó.

Por su parte, como “un fallo ideológico” calificó el senador Alejandro Navarro la decisión. “Ésta deja claro que la derecha miente cuando dice que la Constitución no afecta a los chilenos, dejando de manifiesto lo indispensable que es cambiar (…)

El TC es un espacio definido por cuoteo político donde la derecha sabe que tiene mayoría, por lo tanto, ahí se va a parapetar ante cualquier tipo de transformación social que pretendamos realizar, aunque se tenga mayoría en ambas cámaras”, confesó.

El parlamentario detalló que “entre los miembros del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la inconstitucionalidad están: Marisol Peña, de tendencia conservadora, Iván Aróstica, de centro derecha cercano a Sebastián Piñera, María Luisa Brahm, ex asesora del Presidente Piñera, Cristián Letelier, ex diputado de la UDI, Juan José Romero, quien llegó con el apoyo del gobierno de Piñera al TC y José Ignacio Vásquez, ligado a la derecha”.

Como un hecho lamentable calificó el senador Felipe Harboe lo ocurrido con el fallo del Tribunal Constitucional que consideró la existencia de discriminación arbitraria en los requisitos para elegir las instituciones beneficiadas en la gratuidad 2016, al mismo tiempo que realizó un llamado al Gobierno para encontrar las mecanismos adecuados que permitan llevar a cabo la iniciativa este 2016.

“Es lamentable lo que ha ocurrido con el fallo del Tribunal Constitucional para las aspiraciones del Gobierno, espero que las cosas se hagan mejor para que tengamos la posibilidad de buscar un mecanismo que junto con respetar las normas constitucionales, garantice la gratuidad”, indicó el senador Harboe.

En esta línea, el parlamentario hizo un llamado al Gobierno para “buscar los mecanismos de legislación adecuada para sacar adelante la gratuidad, que es lo más importante, y ponernos a trabajar para que esto se lleve a afecto” finalizó.

Por su parte, el senador Alejandro Guiller, planteó que “el TC demostró una vez más ser una institución ideológica al servicio de los partidos”.

En tanto, el senador Carlos Montes dijo que deben esperar aún a conocer los detalles del fallo, pero que el tribunal “excedió sus atribuciones” y que eso “es bastante serio y puede ser muy grave”, por lo que “hay que revisar nuestra institucionalidad y eso demuestra la necesidad de una nueva Constitución”.

En tanto, el senador Ignacio Walker, integrante de la Comisión de Educación comentó que “sin perjuicio de que soy partidario de que los temas legislativos se resuelvan en el Parlamento, el fallo del TC me ha dado la razón en el sentido de que la glosa discrimina entre los estudiantes”, dijo, y pidió “que esto nos sirva de lección”, y que se considere la propuesta del mecanismo de becas, para resolver la situación de inconstitucionalidad planteada.

Desde la otra vereda, el senador Andrés Allamand, quien también integra la Comisión de Educación declaró que “el fallo constituye un papelón jurídico para el gobierno y quizá el más serio revés político de su mandato. Confirma que las cosas se hacen de manera improvisada, desprolija y muchas veces ilegal”.

Por su parte, la senadora Ena Von Baer, integrante de la instancia dijo que el fallo del TC confirma que "es injusto que en un país donde no se pueden construir los hospitales necesarios, donde no se pueden financiar mejores tratamientos a los enfermos que los necesitan, el Estado gaste los recursos de todos los chilenos en financiar la educación superior de hijos de las familias ricas. Pero es más injusto aún que el Gobierno y la Nueva Mayoría dejen fuera de la gratuidad a alumnos vulnerables y de clase media porque decidieron estudiar en universidades que no son parte del Consejo de Rectores o porque estudian en centros de formación técnica que no son parte del “club de la gratuidad” que instauró el Gobierno de la Presidenta Bachelet".

Recordó que "sin ir más lejos, en nuestra región con esta glosa tan como quedó ningún estudiante de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales tendría acceso a la gratuidad y sólo podrían gozar de este beneficio los estudiantes del 50 % más vulnerable de la Universidad Austral. ¿Es justo que dos vecinos del mismo nivel socioeconómico no gocen de los mismos beneficios que otorga el Estado? No es justo. Pero en este caso un estudiante que decide ser Chef porque es su vocación, no va a recibir gratuidad, y su vecino que decide estudiar leyes sí, siempre y cuando le alcance el puntaje para estudiar en la Universidad Austral. Si no le alcanza el puntaje, quizá porque fue a un colegio municipal, no le tocaría gratuidad".