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Discrepan por estándares probatorios de tribunales en La Araucanía

Mientras el senador Alberto Espina aseguró que en el caso de Angol se “están haciendo exigencias fuera de la ley”; su par el senador Alejandro Navarro manifestó que “quienes analizan las pruebas son los jueces”.

10 de enero de 2014

Imagen foto_00000001Reacciones opuestas generó el fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Angol que absolvió al imputado como coautor por la muerte del sargento de Carabineros, Hugo Albornoz, ocurrida en abril de 2012, tras un baleo en medio de un allanamiento.

 

El senador Alberto Espina, integrante de la Comisión de Constitución sostuvo que “las investigaciones judiciales las llevan adelante los fiscales y a quienes les corresponde fallar son a los jueces. Por lo tanto, el sistema de administración de justicia en estos casos está fracasando, porque los fiscales no hacen buenas investigaciones, o porque los fallos de los jueces donde absuelven a imputados por delitos graves de forma absolutamente son inexplicables”.

 

En el caso específico del asesinato del sargento Hugo Albornoz, el parlamentario por La Araucanía Norte manifestó que “de acuerdo a las pruebas rendidas en el juicio oral demuestran que existían a lo menos tres testigos que el imputado lo vieron en el lugar de los hechos y habrían otras pruebas contundentes que demostrarían su participación en este delito”.

 

Añadió que “de acuerdo a la información que se dispone el sistema de administración de justicia está fracasando en La Araucanía y en este caso, como ha pasado en otras oportunidades, los estándares probatorios que están pidiendo los jueces para los delitos en La Araucanía son inaceptables y constituyen exigencias que no están establecidas en la ley”.

 

Según explicó el parlamentario “esto ha afectado directamente a los agricultores de La Araucanía, quienes han sido objeto de requerimientos y amenazas, que han limitado el transporte y la comercialización de sus productos, paralizando en muchos casos sus labores”.

 

Cabe recordar que, al respecto el senador Espina junto a legisladores de la Alianza por La Araucanía solicitó al Ejecutivo dar urgencia a cuatro proyectos para enfrentar la violencia.

 

Se trata del proyecto denominado “Reforma de la Reforma” (Boletín N° 8810-07); el proyecto de Control Preventivo de Identidad (Boletín N° 9036-07); el  que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (Boletín N° 9152-07) y el proyecto de ley que sustituye el tipo penal del delito de extorsión establecido en el artículo 438 del Código Penal (Boletín N° 8944-07).

 

PRESIONES

 

A su turno, el senador Alejandro Navarro,  refutó las críticas a la decisión judicial que absolvió al comunero mapuche Daniel Melinao por la muerte de un carabinero. Asimismo, calificó de “testaruda” reacción del gobierno”, porque “de seguirse la tesis del ministro del Interior, Andrés Chadwick, en otros casos bastaría solo la palabra de un Carabinero para condenar a una persona, lo que es sumamente peligroso”.

 

Para el “hay un delirio persecutorio en la mente del Ministro del Interior, que cuando ve a alguien con un trarilonco o un poncho makuñ los cataloga de inmediato de delincuentes terroristas o asesinos de Carabineros”.

 

Precisó además que “las pruebas las analizan los jueces”, y las autoridades "no entrevistan a los testigos, ni presencian las interrogaciones ni las contrainterrogaciones”.

 

Aseveró que “en el caso del comunero Daniel Melinao no bastaron los testimonios de tres Carabineros para condenarlo. En el caso de Matías Catrileo, si le hubiéramos creído a Carabineros, entonces no se hubiera descubierto que le dispararon por la espalda, que estaba desarmado y que le dispararon al chaleco antibalas para disimular un enfrentamiento”.

 

El legislador defendió las prerrogativas e independencia del Poder Judicial y recordó las declaraciones del recientemente nominado presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien expresó que “defenderá los fueros del Poder Judicial, porque su independencia es necesaria para el buen funcionamiento de la democracia”.

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