Audiencias en juicios penales: presentan proyecto para evitar dilaciones injustificadas
La moción que será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, busca evitar que se extiendan, infundadamente, los procesos.
5 de febrero de 2014
Los senadores Alberto Espina y José García Ruminot presentaron un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal, el que será estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
A juicio de los legisladores, la moción “busca evitar que se extienda la persecución de delitos, debido a hechos o solicitudes provenientes de la defensa de los imputados, o bien de los imputados de manera directa, que injustamente busquen alargar los procesos, como por ejemplo el nombramiento de un abogado particular en último momento”.
El texto legal propone que “(…) no habrá lugar a la suspensión del procedimiento, cuando la afección sustancial de los derechos del imputado se deba a una acción u omisión directa o indirecta del propio imputado o de su abogado defensor”.
Asimismo, se consigna que el defensor público designado “(…) deberá mantener la defensa del imputado hasta el término o conclusión del juicio, sin perjuicio que éste pueda designar abogado defensor particular, quien deberá actuar conjuntamente con el defensor público”.
ARGUMENTOS
Para los senadores son incuestionables los derechos y garantías presentes en la Constitución, entre otras, el asegurar a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, o el que toda persona imputada de un delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado.
Pero hacen presente que esto “jamás debe traducirse en un aprovechamiento ilegítimo de aquellos, con el propósito de dilatar indebidamente los procedimientos judiciales a través de subterfugios, acciones u omisiones que apuntan claramente a debilitar la acción de la justicia y obtener la impunidad del delito que se pretende juzgar”.
Y “en los últimos años se ha podido constatar, empíricamente, diversas formas de dilaciones indebidas producto de interpretaciones amplias de normas legales vigentes por parte de algunos jueces de garantía, que impiden u obstaculizan la persecución penal que debe llevar adelante el ministerio público”.
Con estos, y otros, antecedentes a la vista los parlamentarios presentaron el proyecto de ley que obtendrá su primer informe de la Comisión de Constitución del Senado.