Apoyan postura del Sernac en lo relativo a la compensación a los clientes afectados

El senador Carlos Cantero reiteró su posición respecto de las penas que deben sufrir las empresas y los ejecutivos involucrados en el caso de colusión de las farmacias, tanto en el ámbito económico como también penal, y expresó su apoyo al director del Sernac, Juan José Ossa, quien anunció que el organismo buscará que se compense a los clientes afectados por este acto.

El parlamentario explicó que “frente a lo sucedido en el caso de las farmacias, donde se jugó con las finanzas de la gente con un alza desmedida de precios y afectó su calidad de vida, especialmente de los jubilados, es imperioso que los responsables naturales y jurídicos respondan, tanto en lo que se refiere a pago de multas, pero también de resarcimiento a quienes vieron afectada su calidad de vida, por lo cual tenemos que apoyar con fuerza las acciones que vayan encaminadas hacia esa consecución”.

Pese a lo anterior el parlamentario aclaró que detectar y probar la existencia de la colusión es particularmente difícil, pero que al constituir dichos actos conductas abusivas que causan un grave impacto en el mercado, con los correspondientes daños sociales a miles de personas, no se pueden dejar sin castigo.

El senador Cantero recordó que luego del bullado caso de colusión de precios de las farmacias Salcobrand, FASA y Cruz Verde, en conjunto con los senadores Espina, García y Horvath, además del ex senador Chadwick, presentaron el año 2009 un proyecto de ley que sanciona este tipo de actos, el cual espera se tramite en el corto plazo.

“En el caso de los carteles y acuerdos colusivos, el riesgo de cárcel tiene un efecto disuasivo importante, por lo que debiera restaurarse como pena adicional a las multas, además para los dueños de las empresas tiene un impacto social mayor el hecho de ser condenados por una sanción penal que podría traducirse en el cumplimiento de una pena efectiva en la cárcel, que el simple pago de la multa", explicó el congresista.

Cabe señalar que el proyecto estipula penas de cárcel entre 61 días y 5 años para aquellos hechos donde los agentes económicos fijen de forma expresa o implícita precios de venta, compra u otras acciones de comercialización, como son determinar límites en la producción o asignación de cuotas de mercado abusando del poder que dichos acuerdos les confieran afectando en último término a los consumidores.