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Sesión 23ª, Ordinaria, miércoles 28 de abril de 2021

Se realizó de 16:19 a 19:52 horas, con la asistencia de 40 senadores. Presidieron la sesión la senadora Yasna Provoste, presidenta, y el senador Jorge Pizarro, vicepresidente. La Secretaría estuvo a cargo del Secretario General del Senado, Raúl Guzmán.

29 de abril de 2021

DESIGNA MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

 

Por unanimidad se otorgó el acuerdo solicitado por el Presidente de la República al Senado, para nombrar como consejero del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio al señor Pablo Dittborn Barros, en la vacante producida por la renuncia del consejero Alfredo Tomás Saint-Jean Domic, hasta el mes de junio de 2023. (Boletín N° S 2.149-05)

 

Intervinieron los senadores Claudio Alvarado, Carlos Montes, Jaime Quintana y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.

 

En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado a su solicitud.

 

DECLARA FERIADOS IRRENUNCIABLES PARA EL COMERCIO, LOS DÍAS DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

 

Se aprobó, en general y en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece los días 15 y 16 de mayo de 2021 como feriados irrenunciables para todos los trabajadores del comercio (Boletines Nos 14.173-06 y 14.174-06, refundidos).

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El proyecto de ley, tiene su origen en dos mociones del Senado, que por tratar materias similares, se decidió refundirlos. En efecto la primera iniciativa, de autoría de los senadores Juan Pablo Letelier, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Guido Girardi y Álvaro Elizalde (Boletín Nº 14.173-06), tenía por objeto establecer una norma general que otorgara los caracteres de obligatorios e irrenunciables, a todos los días en los cuales deban celebrarse elecciones o plebiscitos. El segundo proyecto refundido, corresponde al iniciado por los Senadores iniciado en moción de los senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz, Carlos Bianchi y Álvaro Elizalde, y apunta a la misma declaración, sólo que referida a las elecciones que deben celebrarse los días 15 y 16 de mayo próximo (Boletín Nº 14.173-06).

 

Así, la iniciativa tiene por objeto general, tiene por objeto, en el actual contexto de pandemia y del necesario distanciamiento social, adoptar una medida para evitar que los trabajadores del comercio deban concurrir a sus lugares de prestación de servicios para luego trasladarse a votar y retornar a trabajar, ya que esto propiciará aglomeraciones en los medios de transporte y la movilidad entre comunas de un gran número de trabajadores, lo que es contrario a todo lo que se busca con las medidas restrictivas existentes como son los cordones sanitarios, cuarentenas, etc.

 

Además, esta norma permitiría abrir una ventana de mayor participación ciudadana en elecciones tan relevantes como las de los días 15 y 16 de mayo próximo, al despejar un obstáculo que existe hoy en día para un gran grupo de trabajadores y trabajadoras que ven limitado su derecho a intervenir en los procesos electorales nacionales y regionales por el tipo de función que desempeñan; ya que, si bien la legislación actual reconoce como feriado legal aquellos días en que se desarrollan elecciones, esto no se encuentra reconocido con un carácter obligatorio e irrenunciable, lo que afecta particularmente a aquellos empleados vinculados al retail, supermercados y otro tipo de labores similares, quienes deben trabajar en dichos días, con un tiempo exiguo para ausentarse de sus labores y concurrir a votar; todo lo cual, como se ha dicho, se ve agravado en el actual contexto de pandemia.

 

Contenido del proyecto de ley:

- Declara feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes del comercio, los días 15 y 16 de mayo de 2021, con excepción de los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

- Dispone que la infracción de esta norma será sancionada con las penas establecidas en la ley que declara feriados obligatorios e irrenunciables (Nº 19.973); esto es, con multa a beneficio fiscal por cada trabajador afectado por la infracción; la que ascenderá a 5, 10 o 20 UTM, dependiendo si el empleador tuviere contratado menos de 50 trabajadores, más de 50 y menos de 200 o más de 200 empleados, respectivamente.

 

Intervinieron los senadores Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Luz Ebensperger, Jaime Quintana, Álvaro Elizalde, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, José García, Alfonso De Urresti, Alejandro García-Huidobro, Felipe Kast, Ricardo Lagos y Carlos Montes.

 

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

 

SANCIONA DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

 

Por unanimidad, se rechazaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. (Boletín N° 12.467-15). Con urgencia calificada de “suma”.

 

El proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier, tiene por objeto disminuir el impacto negativo que en el desplazamiento de la población hacia sus hogares o lugares de trabajo, provocan los actos vandálicos de destrucción, no sólo de los vehículos de transportes, sino de todos los elementos destinados a otorgar una mayor comodidad a los usuarios de estos servicios públicos.

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Controversias surgidas entre ambas Cámaras:

- La Cámara de Diputados mantuvo la norma del proyecto del Senado que extiende la figura del atentado contra un vehículo motorizado, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables o por cualquier otro medio semejante, no sólo cuando se comete en contra de éstos que se encuentren en circulación, sino que también respecto de aquellos que no lo estén. En ambos casos se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo.

- La Cámara de Diputados rechazó las siguientes normas del proyecto del Senado:

- Dispone que, si el atentado fuere en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público, o en contra de la infraestructura asociada a dicha actividad, u otros elementos fijos o móviles necesarios para la prestación de los servicios, se aplicará la pena señalada y una multa de 20 UTM.

- Establece que, si a consecuencia del atentado se produjeren sólo daños en las cosas, se aplicará la pena señalada, aumentada en un grado.

- En caso de que, por dicho atentado, se causaren lesiones graves, o se provocase la mutilación, la castración o la muerte de alguna persona, se aplicarán las penas señaladas en el delito de que se trate, aumentadas en un grado.

- Sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 20 UTM., a quienes, sin la correspondiente autorización, realicen grafitis o rayados sobre cualquier elemento del transporte público, ya sean paraderos, refugios o buses.

- La Cámara de Diputados incorporó un artículo nuevo, cuyo rechazo se propone por la Comisión, en virtud del cual se sanciona con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 20 UTM a los que causaren daños que no excedan de 40 UTM, a medios de transporte público de pasajeros o en bienes o infraestructura asociada a dicha actividad.

 

Intervinieron los senadores Ximena Órdenes, Alejandro García-Huidobro, Francisco Chahuán, y la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

 

En consecuencia, procede la formación de una Comisión Mixta que proponga la forma de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras.

 

PRORROGA VIGENCIA DE LEY QUE PERMITE POSTERGAR PAGO DE DEUDAS POR CONSUMOS DE SERVICIOS BÁSICOS

 

Por unanimidad, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga los efectos de la ley Nº 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red (Boletines Nos 14.163-03 y 14.172-03, refundidos).

 

El proyecto de ley, iniciado en sendas Mociones presentadas, la primera por los senadores Ximena Rincón, Loreto Carvajal, Yasna Provoste, Álvaro Elizalde y Jorge Pizarro, mediante la cual se prorroga los efectos de la ley N° 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red (Boletín N° 14.163-03); y la otra, iniciada por los senadores Álvaro Elizalde, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier y Rabindranath Quinteros, por la cual se modifica la ley N° 21.249 para prorrogar el plazo y fijar las condiciones que indica para el cobro de deudas por suministro de servicios sanitarios, electricidad y gas (Boletín No 14.172-03), tiene por objeto ir en ayuda de las miles de familias chilenas que aún sufren los efectos de la crisis económica, que es consecuencia de las medidas que necesariamente se han debido adoptar, para intentar controlar la expansión de los contagios por coronavirus, contexto que fue el fundamento para la dictación de la ley N° 21.249, y que se mantiene plenamente vigente.

 

Contenido del proyecto de ley:

- Extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, el período en el cual las empresas prestadoras de servicios básicos de agua, luz y gas, se encuentran impedidas de proceder al corte de estos suministros, por causa de mora en el pago de los mismos.

- Consecuente con lo anterior, se extiende, hasta el 31 de diciembre de 2021, el período de cuentas impagas por servicios básicos, que el deudor moroso puede postergar, solicitando que el pago de éstas sean acogidas al sistema de prorrateo en cuotas, ampliándose también, de 36 a 48, el número máximo de cuotas que pueden pactarse.

- Amplía el universo de familias que pueden acogerse al beneficio de la postergación y prorrateo de las deudas morosas, por servicios básicos, al permitir que se acojan al mismo, los clientes finales que se encuentren dentro del 80% (y ya no del 60%) de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

- Amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, el período durante el cual las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica, deben continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas; misma ampliación que se aplica a la facultad que se otorgó a estas últimas cooperativas para pagar a las empresas generadoras y transmisoras, en el mismo número de cuotas en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin multas, intereses ni gastos asociados.

- Dispone que, si llegado el día 31 de diciembre de 2021, aún se encontrare vigente la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por pandemia de Covid 19, declarado en el Decreto 104 de 18 de marzo de 2020, y sus prórrogas, la vigencia de los beneficios de esta ley se extenderán hasta 60 días después de terminado dicho estado de excepción constitucional.

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Intervinieron los senadores Álvaro Elizalde, Ximena Rincón, Carmen Gloria Aravena, Carlos Bianchi, José Miguel Durana, Alejandro Navarro, Francisco Chahuán, Isabel Allende e Iván Moreira.

 

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

 

INCIDENTES

 

Durante la hora de incidentes, hicieron uso de la palabra para referirse a diversos temas de relevancia nacional o de sus circunscripciones:

 

El Senador Álvaro Elizalde, en relación con el proyecto de ley, aprobado en esta sesión, que prorroga vigencia de ley que permite postergar el pago de deudas por consumos de servicios básicos, junto con valorar el efecto de alivio de esta medida para miles de familias afectadas por la crisis económica, planteó la urgencia de la necesidad que se constituya una mesa de trabajo con el Gobierno, que busque una solución integral a la situación económica que viven las familias chilenas, que han visto disminuido sus ingresos durante esta crisis, con la consecuente acumulación de deudas que no podrán pagar.

 

El Senador José Miguel Durana se refirió a la promulgación de la Nueva Ley de Migración, cuya entrada en vigencia se encuentra supeditada a la dictación del respectivo Reglamento, lo cual tiene un plazo de un año, señalando la urgente necesidad que ello no sea dilatado, por cuanto la nueva ley entrega diversas herramientas para enfrentar en forma digna el fenómeno migratorio que vive el país, en especial, todo lo referente a la situación de los extranjeros habitantes de zonas fronterizas, situación que se da especialmente en su Región.

 

El Senador Juan Ignacio Latorre, se refirió, haciéndola suya, a la declaración pública, efectuada en estos días, por la Directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez Atero; la Directora Nacional Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta Cañas; y la Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas Rivas, en la que se expresa la preocupación por una nueva expulsión masiva de personas migrantes que se encuentran en la macrozona norte, haciéndose un llamado a respetar sus derechos y a considerar su compleja situación.

 

El Senador Alejandro Navarro abordo los siguientes temas:

         En relación con el proyecto de ley de prórroga del pago de servicios básicos, manifestó su preocupación por el grave aumento de las situaciones de morosidad, lo que en definitiva puede traducirse en deudas que no van a poder ser pagadas, por lo que llamó al Gobierno a estudiar la posibilidad de extender los actuales subsidios a los servicios básico, entre los cuales se deben incluir los servicios de internet, a un espectro más amplio de los hogares más vulnerables, pero también a aquellos pertenecientes a la clase media.

         En otro orden de cosas efectuó un análisis respecto de la situación que afecta a los deudores de los diferentes créditos universitarios, especialmente en lo relativo a la facultad que tiene la Tesorería General de la República de descontar lo adeudado de las devoluciones de impuestos, privando a muchas personas de una suma de dinero que es tremendamente necesaria en estos momentos.

         Seguidamente, denunció la trasgresión a la libertad de prensa, en la que habría incurrido el Presidente de la República, al expresar telefónicamente a los propietarios del Canal la Red, su molestia por una entrevista efectuada a Mauricio Hernández Norambuena.

         También se refirió al explosivo aumento de los campamentos habitacionales, como consecuencia de la grave crisis económica que afecta al país, advirtiendo de la incubación de un estallido social de la vivienda.

         Finalmente, solicitó oficiar a la Armada y al INFOP, para que se le informe sobre la naturaleza de la regulación sobre la habitabilidad de lanchas pesqueras de 18 metros, exigencias que ponen en peligro la estabilidad de las mismas, por lo que es necesario la revisión de estas normas.

 

 

 

 

 

 

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