Para prolongar su autonomía: proponen considerar la gradualidad del deterioro cognitivo en los adultos mayores
La Comisión Especial del Adulto Mayor comenzó a analizar la moción que busca, a través de una modificación al Código Civil, terminar con una de las discriminaciones que sufren los mayores, considerando que al declarar “demencia” “la persona pierde todos sus derechos, incluyendo la capacidad de disponer de sus bienes”.
18 de junio de 2020Restringir gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo, es el principal objetivo de la moción que comenzó a estudiar la Comisión Especial del Adulto Mayor, instancia presidida por la senadora Carolina Goic.
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El proyecto, en primer trámite constitucional, busca modificar el ordenamiento jurídico actual a fin de incorporar gradualidad a los estados de capacidad jurídica de las personas adultas mayores afectadas por algún nivel de deterioro cognitivo, “a través de una modificación al Código Civil, incorporando gradualidad en los estados de capacidad jurídica, con el objeto de considerar la situación de gradualidad del deterioro cognitivo en los adultos mayores que la padecen”, ahondó durante la sesión, el senador Francisco Huenchumilla, autor de la iniciativa legal.
De esta forma, se busca prolongar la autonomía, capacidad y autodeterminación de los adultos mayores; promover sus derechos y adecuar la legislación al avance de la ciencia y la medicina, que han comprobado la existencia de gradualidad en el proceso de deterioro cognitivo de los adultos mayores.
Cabe precisar que, “no obstante que la ciencia médica autorizada está conteste en que los estados de deterioro cognitivo en adultos mayores cuentan con una gama de gradualidad, pasando por estados leves, moderados y severos, nuestro legislador común no contempla un tratamiento gradual”, explicó Huenchumilla.
Además, el legislador precisó que “actualmente, nuestro ordenamiento jurídico considera al "demente" como una situación excepcional que, al ser declarada como tal, la persona pierde todos sus derechos, incluyendo la capacidad de disponer de sus bienes. Dicha calificación absoluta, atenta contra la autonomía de los adultos mayores afectados por estados graduales de deterioro cognitivo, afectando además de manera muy profunda su dignidad. En nuestro Código Civil vigente, la persona pasa desde la capacidad absoluta a la interdicción sin rangos intermedios, lo que constituye un desfase con la realidad”.
El senador reconoció que es “complicado para muchos el modificar el Código, que data de 1855, pero es necesario, pues considera el concepto “demente” a secas, cuando la esperanza de vida era 25 años”.
En este contexto, hay que considerar que, en Chile, según cifras de los últimos años, hay unos 3 millones de adultos mayores, “con lo que se hace más importante el avanzar en este proyecto y construir caminos”, reconocieron las senadoras Carolina Goic y Ximena Órdenes y los senadores David Sandoval y Francisco Chahuán.
Durante la sesión expusieron los abogados Nicole Lacrampette y Sebastián del Pino, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, quienes enfatizaron que Chile debe modificar el sistema de capacidad jurídica conforme a los estándares de los artículos 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad y 30 de la Convención Interamericana de Personas Mayores, en base a “apoyos y salvaguardias”.
Así, desde el INDH detallaron que son problemáticos los modelos clásicos de incapacidad, debido a que despojan a la persona de la capacidad jurídica y se nombra a un sustituto que decidirá por ella. “Todo esto genera un sistema binario en torno a capaz/incapaz; sumado a que nuestro sistema de capacidad jurídica no reconoce grados intermedios entre la capacidad y la incapacidad (…) El panorama descrito está en directa contradicción con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de derechos humanos de las personas mayores y de las personas con discapacidad”, detallaron.
Entre las recomendaciones entregadas ante la Comisión, señalaron el “dar un tratamiento integral y sistemático al sistema de capacidad jurídica aplicable a las personas con discapacidad y adultos mayores en conformidad a los estándares de los compromisos internacionales adquiridos, sumado a un nuevo sistema de capacidad legal con estas mismas bases”.
Durante la sesión también participó el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Gerardo Fasce, quien se manifestó a favor de actualizar la forma, revisar caso a caso y ver cuáles son las mejores miradas para que sea objetivo.
El profesional manifestó “la necesidad de mirar esto de una manera diferente. La demencia es un estigma y eso es una evidencia clara de falta de conocimiento (…). Hay que reconocer que no hay una respuesta y poca experiencia, por lo que el gran desafío es compartir miradas, sumando evidencia (…) Esta es una buena oportunidad para abrir la discusión y alejarnos de todo lo que es la discriminación”.
Debido a las aristas de la propuesta, la instancia parlamentaria decidió avanzar con el apoyo de un grupo amplio e interdisciplinario; además, le solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional, un estudio sobre legislación comparada y se acordó recibir a más invitados para abordar el tema, entre otros a profesores de derecho civil.