Con la relación de los argumentos se inició sesión especial que conoce acusación constitucional contra ex ministro Chadwick

Con la relación de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y luego el detalle de los argumentos entregados por los acusadores, el Senado conoció detalles del libelo al que deberá abocarse hoy y mañana.

La jornada comenzó con la relación de la acusación que realizó el secretario general del Senado, Raúl Guzmán. Éste detalló la cronología de los hechos que van desde el 18 de octubre cuando se materializó el estadillo social, hasta el 28 de noviembre, día en que se aprobó el líbelo en la Cámara Baja.

Explicó que la parte acusadora representada por los diputados Gabriel Boric, Marcos Ilabaca y Gabriel Silber, se basó en una serie de hechos que dan lugar a dos capítulos:

• Capítulo 1: haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de los derechos humanos y no haber mantenido el orden público de manera racional. Se le acusa a la ex autoridad de no velar por el orden público y seguridad, no desplegar la fuerza pública de modo proporcional y no cumplir con estándares internaciones en situaciones de estado de excepción constitucional en cuanto al uso de la fuerza de las policías.

• Capítulo 2: haber infringido la Constitución al declarar estado emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura. Se le acusa de restringir la libertad de movimiento y reunión en estados de queda, traspasando los parámetros correspondientes desnaturalizando la medida. Desde lo legal, se menciona que el Presidente de la República no delegó al jefe de la defensa nacional, la facultad de restringir ambas libertades, lo que rompió la cadena de mando, exponiendo al ex ministro como responsable de la seguridad pública. También se manifestó que todos estos hechos afectaron la imagen de Chile en el exterior.

Desde la otra vereda, el Secretario General relató que la defensa manifestó que los hechos y cifras que utilizan los acusadores han sido usadas de manera antojadiza y superficial, y en cuanto a diversas denuncias se hace ver que éstas están siendo investigadas por lo que no pueden presentarse como pruebas:

• Capítulo 1: En cuanto a la acusación de "haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de los derechos humanos y no haber mantenido el orden público de manera racional". La defensa hizo mención a la preocupación permanente de la ex autoridad por el actuar de las policías y el control civil sobre ellas, particularmente respecto al respeto de los derechos humanos. También se desestimó la violación de derechos humanos y más aún el hecho que habrían sido sistemáticas, lo que darían cuenta de un patrón de comportamiento. Se aclaró que el rol del ministro del Interior es recomendar a Carabineros y la PDI protocolos de acuerdo a la ley pero no ordenar procedimientos específicos. Finalmente, se aseguró que el estado de emergencia no afectó el estado de derecho puesto que hospitales, el Congreso Nacional, la Contraloría, la Defensoría Pública y las demás instituciones públicas y privadas funcionaron con normalidad.

• Capítulo 2: Respecto a la acusacón de "haber infringido la Constitución al declarar estado emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura". El Secretario General narró que la defensa explicó que en consideración a una modificación a la Constitución, sí es posible que el ministro del Interior delegue al jefe de la defensa nacional, la facultad de restringir la libertad de movimiento y de reunión en estado de queda. Detalla que esta restricción se hizo de manera acotada y no existieron detenciones ilegales puesto que a las personas que no respetaron esta limitación, se les acreditó la identidad y fueron derivadas al Ministerio Público a la brevedad.

“Este es el punto de partida en el camino de reparación que constituyen violaciones graves de los derechos humanos”, comenzó argumentando el diputado Marcos Ilabaca, al iniciarse la formalización de la acusación, por parte de diputados miembros de la Comisión Especial.

El legislador aludió a que las víctimas merecen que todos los responsables “den la cara, se conozcan los nombres. Hoy -a diferencia de la dictadura, la democracia debe entregar respuesta rápida y eficaz. (…) Hubo una incapacidad de encausar el descontento social y optó desde el primer momento por la precesión”.

“Y aquí, el Ministro del interior y seguridad pública, estando al mando de dicha cartera, es el responsable de las fueras de orden. Sus acciones y omisiones están relacionadas con cientos de víctimas”, enfatizó.

A juicio de Ilabaca, lo que rige la acusación es “la racionalidad y el respeto a los derechos humanos. No es la venganza, sino la justicia la que debe prevalecer. (…) Esta acusación tiene como norte hacer efectiva la garantía y promoción de dd.hh. frente a la autoridad civil en los actos”.

El diputado relató una serie de antecedentes recolectados por la Comisión Revisora y que dieron cuenta de variadas violaciones a los derechos humanos, entre otras, torturas, represión, golpizas, lesiones oculares, desnudamiento en comisarías, torturas con connotación de violencia sexual, uso indiscriminado de elementos disuasivos en marchas pacíficas, entre otros y varios casos, según detalló “fueron “puestos en conocimiento del Ministro”.

Por último, emplazó a “la obligación constitucional de respetar y fomentar los dd.hh de las personas (…)” y llamó a “hacer cumplir el mandato constitucional, ético y moral, que haga carne el compromiso, de que nunca más existan atropello a los dd.hh. y menos en democracia. (…) La responsabilidad política de estos hechos termina siendo del ex Ministro del Interior”. 

Luego, el diputado Gabriel Silber se refirió a al capítulo 1 de la acusación, sobre haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de los derechos humanos.

“No es parte del libelo acusatorio, aclaró, hacer un juicio general sobre el actuar público o político de Chadwick; tampoco para enjuiciar sus ideas; ni pretendemos acreditar una suerte de responsabilidad desde el punto de vista penal (…)”.

En esta línea, ahondó a que se alude a la responsabilidad constitucional de carácter política, “los hechos sobre los que acaecen y se centra la acusación, incluso tiene espacio acotado, entre el 18 y el 28 de octubre pasado. Tenemos suficiente información respecto a violaciones graves, extendidas en aquella época, con fuentes confiable y serias”.

“No tratamos de generar emocionalidad; sino que por el contrario, encausar el rol de las autoridades, respecto de su responsabilidad constitucional legal. Su rol de garante o vigilante de tales derechos, que la República ha puesto al amparo de dicha tutela”, explicó.

Silber detalló los alcances legales de la responsabilidad e insistió en que “es acusable por dejar sin efecto las leyes o sin ejecutar (…) Así las cosas, existen buenas razones para pensar que en el ejercicio pleno de parte del ex Ministro, en relación a Carabineros (…), la responsabilidad puede ser de modo activo, pasivo, o por omisión”. 

Luego, comparó el actuar del ex Ministro v/s el nuevo Ministro Blumel, quien a 48 horas de su ascensión, instruyó a reforzar los protocolos sobre el uso de la fuerza, en el ejercicio de su competencia. “El Ministro Blumel actuó de acuerdo a su mandato, cautelando orden público y reguardo de la seguridad”, advirtió.

El ex Ministro Chadwick debía “velar por la mantención del orden público en todo el territorio nacional (…) Le correspondía amparar la sociedad chilena, pero su rol era de recopilar información”, criticó.

La última intervención de esta parte estuvo a cargo del diputado Gabriel Boric, quien se explayó sobre el Capítulo 2, por haber infringido la Constitución al declarar estado emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura.

“Justicia y no venganza, responsabilidad política y no revancha” fueron los ejes que anunció que estarían a lo largo de su argumentación y aclaró que no se está acusando por el estado de emergencia, “sino que producto de ésta y como consecuencia de omisión, se violaron grave y masivamente derechos constitucionales (…)”.

Boric apuntó al “control que le corresponde al Congreso Nacional, por medio de la acusación constitucional. La vieja normalidad a la que estábamos acostumbrados ha terminado y hoy los desafíos exigen compromisos históricos. Tenemos la responsabilidad permanente con quienes hoy nos miran desde las calle y nos juzgarán en el futuro”.

“El ex Ministro es responsable político de las violaciones de dd.hh., quien fuera el responsable de la seguridad pública. No realizó las acciones necesarias para evitar pérdidas de vidas, cuerpos dañados, mujeres violadas. Debe responder política y constitucionalmente ante estos actos, porque si no es el Ministro del Interior el encargado de la seguridad pública, ¿quién es el responsable político de lo que ha sucedido en nuestro país?, porque la respuesta no puede ser nadie. El pueblo no aceptara una respuesta que se traduzca en impunidad”, manifestó.

En lo concreto, ahondó “en estado de emergencia, solo pueden restringirse derechos de locomoción y reunión, en virtud del artículo 43 de la Constitución. En los hechos, sin embrago, el país sufrió la restricción de diversos derechos, por lo cual los estados de excepción constitucional resultaron más gravosos de lo que se enmarca en un estado de emergencia”.

En este contexto, reprochó las detenciones que se realizaron durante el toque de queda, lo que según detalló fueron “ilegales”, al tiempo de lamentar que el ex Ministro no tomó ninguna medida para, al menos, poner freno. “No solo no se refirió al problema, sino que en todo momento resguardó a las FF.AA., lo que agrava la responsabilidad”.

“El ex Ministro es responsable por omitir tomar accione para impedir la flagrante vulneración de los derechos constitucionales, del debido proceso, de la inviolabilidad del hogar y de la libertad personal y seguridad individual”, recalcó en varios pasajes de su argumentación.