Fin a zonas de sacrificio, avanzar en protección de glaciares y dominio del agua: demandas ambientales expuestas por la sociedad civil frente a la situación país

Avanzar en proyectos de ley que estén “a tono con el medio ambiente” y harán frene a la crisis climática e hídrica; ratificar el acuerdo de Escazú, terminar realmente con las zonas de sacrificio; generar un cronograma para el cierre de las termoeléctricas, son solo algunas de las demandas expuestas por representantes de la Sociedad Civil por la Acción Climática, en el marco de la actual situación del país y el horizonte ambiental ante una eventual reforma constitucional.

Los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente enfatizaron en la importancia de la participación del sector y su visión multisectorial y coincidieron en que es “una vergüenza” mantener zonas de sacrificio en el territorio nacional. Por otra parte coincidieron en que se debe avanzar en toda la legislación pro ecosistema.   

La Comisión acordó oficiar al Presidente de la República, para que aluda a la ley de protección agrícola que establece en su artículo 11, “(…) que en casos calificados podrá ordenar la paralización de la actividad de empresas que lancen al aire humo, gases (…) cuando se comprobare que con ello se perjudique la salud de los habitantes (…) Con esto el gobierno tienen las atribuciones para hacer frente en zonas de sacrificio”, explicó el presidente de la Comisión, el senador Guido Girardi.

Además, manifestó que “la petición al mundo ambientalista, que es uno de los más complejos, es que se sumen a este proceso, que no es más que dar cuenta de lo que la ciudadanía ha demandado. Mientras se sume gran parte de la ciudadanía es más probable que se generen los cambios”.

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Desde la Fundación Chile Sustentable, su directora Sara Larraín sentenció los cuatro puntos fundamentales en los cuales se debe avanzar: fin a la zona de sacrificio, acelerar la legislación en torno a la crisis hídrica, sacar de la agenda legislativa aquellos proyectos que retroceden en el resguardo del medio ambiente y ratificar el acuerdo de Escazú.

Al respecto, llamó a sancionar la reforma al código de agua y las iniciativas de gestión integrada de cuenca y la de protección de humedales y criticó el retraso, en la Comisión de Minería, del proyecto sobre glaciares, “ley tremendamente relevante en sequía y cambio climático”.

En esta misma línea dejó constancia de que existen proyectos que amenazan a los glaciales, “si la minería sigue destruyendo, esta ciudad (Santiago) deberá ser relocalizada”.

Además, la directora llamó retirar, entre otros el proyecto TPP11, y lamentó que se mantenga en la tabla de Sesión, aspecto que podría haber sido reconsiderado, para “tratar de pacificar los ánimos”, sentenció.

Este punto fue tomado por el senador David Sandoval, quien dejó constancia que el texto legal no posee urgencia desde el Ejecutivo y que la decisión de mantenerlo en la Tabla en de Comités. “Las tablas la hace el Senado y es responsabilidad del presidente del Senado el incluirlo”.

Por su parte, las senadoras Isabel Allende y Ximena Órdenes reconocieron que en el contexto actual el TPP no es prioridad y si se votara, sería en contra. “Ya no hay espacio para este proyecto. Es evidente que no hay interés de votarlo”, constataron.

Luego, Ángela Valenzuela de Fridays For Future hizo presente “la voz de los jóvenes y la preocupación de medidas urgentes frente a la crisis climatiza”.

Valenzuela instó a generar un cronograma detallado con el cierre de termoeléctricas al 2030; a avanzar en la ley de protección de humedales; promover la ley de gestión integrada de cuencas;  y explorar un ministerio de gestión de agua, “para hablar eficientemente estas temáticas y enfrentar la sequía”.

En todas estas áreas, declaró que se requiere de la mayor participación ciudadana. “Hemos visto como en la crisis social actual deben haber espacios legítimos de participación”.

Temas constitucionales y medioambientales fueron expuestos por Ezio Costa de la ONG Fima Chile, quien reconoció que en el sector no hay acuerdo sobre el proceso constituyente, “por lo que no existe una valoración unánime respecto de la legitimidad”.

Costa precisó que son aspectos fundamentales el proceso: asegurar paridad de género; representación de pueblos originarios; permitir la competencia de listas independientes con un número menor de firmas requeridas en la elección de diputados; considerar ampliar el derecho a voto a los menores de edad y analizar la necesidad de votación obligatoria en plebiscito de entrada y de salida; además de considerar los derechos humanos en una nueva  constitución.

En lo ambiental declaró como primordial la eliminación de la propiedad del agua y la redacción del derecho de vivir en un medio ambiente sano.

Por último lamentó lo que explicitó como “la violación de los derechos humanos ambientales. Que en este caso se han mantenido por mucho tiempo en las zonas de sacrificio. (…) Existe un fallo de la Corte Suprema para Quintero y Puchuncaví, donde se le ordena al Gobierno a seguir pasos, los que no se han completado y por lo tanto, la situación es la misma”.