Comisión de Economía despacha a Hacienda ley corta de INAPI

En condiciones de ser estudiado por los integrantes de la Comisión de Hacienda quedó el proyecto en segundo trámite que modifica la ley de Propiedad Industrial y la que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el Código Procesal Penal.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Economía revisaran cada una de las indicaciones presentadas por los legisladores y el Ejecutivo, en su última sesión.

Cabe considerar que la norma tiene por objetivo contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento.

Con ese fin pretende reducir los tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentar la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.

En la citada Comisión se abordaron mejoras al texto relacionadas con las licencias obligatorias y no voluntarias, oportunidad en que intervinieron la directora de INAPI, Loreto Bresky; y representantes de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual (ACHIPI) y de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Una de las indicaciones que finalmente fue rechazada, abrió un debate respecto al otorgamiento de licencias no voluntarias. Se entiende por éstas a las que son entregadas por la INAPI en circunstancias especiales pensando en el beneficio de la ciudadanía y que deben tener un requisito habilitante (un organismo debe expresar la urgencia de este procedimiento). Por ejemplo, cuando hay una situación de emergencia -una crisis sanitaria- y es necesario agilizar los trámites que permiten utilizar un fármaco patentado. En ese caso se requiere generar una licencia no voluntaria.

Cabe considerar que patente es el derecho que tiene el titular de una invención a explotarla por un plazo de 20 años; mientras que licencia se refiere al mecanismo que permite a un tercero a explotar dicha invención, con o sin autorización del titular.

En específico, otra indicación que se sometió a votación –y también fue rechazada- buscaba ampliar el catálogo de causales para quitar licencias, incluyendo la situación donde el inventor o un tercero no han explotado el invento o de manera insuficiente, entre 3 y 4 años. Al respecto, los legisladores admitieron que tiene más sentido obligar a quien se adjudicó una licencia, a explotarla.