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Llega al Senado proyecto de “Ley Nibaldo”

La iniciativa, que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta, surgió tras el asesinato y posterior descuartizamiento del profesor Nibaldo Villegas y plantea sancionar el ultraje de cadáveres y sepulturas.

1 de septiembre de 2019

Imagen foto_00000008Hechos como el descuartizamiento o mutilación de un cadáver humano no estaban sancionados por ley. Y así quedó en evidencia con el crimen del profesor Nibaldo Villegas, quien tras ser asesinado, fue desmembrado y arrojado al mar, sin que los hechos posteriores a su asesinato fueran considerados como agravantes en las condenas de los autores.

Es precisamente ese vacío legal el que quiere llenar una moción que llegó a cumplir su segundo trámite al Senado y que busca sancionar con penas de 541 días a 3 años de cárcel a quienes ultrajen cadáveres o sepulturas.

La iniciativa –que deberá ser estudiada por la Comisión de Constitución- fue presentada en la Cámara de Diputados y planteaba originalmente que “el que maliciosamente mutile un cuerpo o destruya o deteriore tejido corporal a través de cualquier medio, incurrirá en las penas de reclusión menor en su grado máximo”.

No obstante, tras su paso por las comisiones y la Sala, llegó al Senado planteando incorporar un nuevo párrafo al artículo 322 del Código Penal referido al ultraje de cadáver y sepultura. En tal sentido señala que “será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio, el que en menosprecio de la memoria de quien hubiere muerto:

1° exhumare total o parcialmente sus restos humanos;

2° sustrajere sus restos humanos de quien los tuviere legítimamente, o

3° manipulare sus restos humanos o sus cenizas, o realizare sobre cualquiera de ellos actos que los afectaren considerablemente.

Asimismo, se sanciona con la misma pena a que “en menosprecio de la memoria de quien hubiere muerto, profanare su sepultura”.

En lo fundamental, el proyecto busca incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal, por la vía de la tipificación de una nueva figura penal que cubra la mutilación y el descuartizamiento del cadáver humano.

Según advierten los autores de la iniciativa, “un cuerpo mutilado o descuartizado altera también el orden de las familias, pues pese   a que no hay vida, existe un resabio de derechos fundamentales como el honor o dignidad que alguna vez las persona tuvo”.

 

 

 

 

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