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Sesión 2ª, Ordinaria, en miércoles 13 de marzo de 2019

Se realizó de 16:25 a 19:30 horas con la asistencia de 42 senadores. Presidieron la Sesión los senadores Jaime Quintana, presidente y Alfonso De Urresti, vicepresidente. Actuó de Secretaria General (S), Ximena Belmar

15 de marzo de 2019

CREA LA SOCIEDAD ESTATAL INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S.A.

 

Se aprobó en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada Intermediación Financiera S.A. (Boletín N° 11.554-05)

 

El proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto fortalecer la política de financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, a través de la modernización y mejora de la gestión de los programas de cobertura y de financiamiento crediticio que hoy administra CORFO, creando una nueva empresa del Estado, en la que se consideran las recomendaciones internacionales para el buen funcionamiento de su gobierno corporativo con el fin de asegurar su independencia y optimizar su desempeño.

 

Contenido del Proyecto de ley:

 

- Autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y financiamiento crediticio, a través de una sociedad anónima que constituirán el Fisco (1%) y la Corporación de Fomento de la Producción (99%) y que se denominará "Intermediación Financiera S.A." (INFISA), la que se regirá por las normas que en este proyecto de ley se establecen, además de las que le sean aplicables a las sociedades anónimas abiertas.

 

Imagen foto_00000007- Establece las atribuciones y obligaciones de la sociedad, entre las cuales se encuentran las de constituir y administrar fondos de cobertura de riesgo destinadas a respaldar garantías otorgadas de conformidad con su objeto social; otorgar préstamos a entidades financieras, cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de sus operaciones de crédito y las de adquirir títulos de deuda de instituciones bancarias.

 

- Dispone que, en el mes de marzo de cada año, INFISA deberá informar sus estados financieros y de operación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.

 

- La administración de la sociedad la ejercerá un directorio compuesto por cinco miembros: dos designados por el Presidente de la República, uno a propuesta del Ministerio de Economía y el otro por la CORFO y tres elegidos por el Comité del Sistema de Empresas Públicas de la Corporación de Fomento de la Producción, a partir de una terna propuesta, para cada cargo, por el Consejo de Alta Dirección Pública, los que tendrán la calidad de independientes.

 

- Los miembros independientes del directorio, serán elegidos a través de mecanismos que garanticen que no mantengan vínculos con la sociedad, todo ello con miras a garantizar que la administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de sus decisiones compatible con el estándar que se le exige al resto de las sociedades anónimas abiertas.

 

- La sociedad se regirá por las mismas normas financieras, contables, tributarias y procedimientos de auditorías externas aplicables a las sociedades anónimas abiertas.

 

- Se consideran entidades financieras las instituciones financieras bancarias y no bancarias, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, fondos de inversión e intermediarios del mercado de valores y demás originadores de créditos.Imagen foto_00000005

 

- Dispone que la CORFO solo podrá continuar otorgando coberturas y garantías a intermediarios financieros, y deberá mantener en su patrimonio los recursos necesarios para ello, hasta el cumplimiento de un año contado desde la fecha en que se encuentra totalmente constituida INFISA, la que luego asumirá de manera exclusiva, todo tipo de obligaciones, coberturas y garantías con entidades financieras.

 

Intervinieron los senadores José Miguel Insulza, José García, Yasna Provoste, Juan Pablo Letelier, Juan Antonio Coloma, Ricardo Lagos, Jorge Pizarro, Francisco Huenchumilla, Ena Von Baer, Alejandro Navarro, Ximena Rincón, Rodrigo Galilea, Alejando García-Huidobro y el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

 

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la cámara de Diputados en tercer trámite constitucional.

  

MODERNIZA NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS

 

Por unanimidad se aprobó en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest. (Boletín N° 12.192-25)

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El proyecto de ley, iniciado en mensaje, tiene por objeto actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, adecuándola tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como “Convenio de Budapest”, del cual Chile es parte, cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, todo ello para dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.

 

Contenido del proyecto de ley:

- Deroga la Ley N° 19.223 que “tipifica figuras penales relativas a la informática”, sustituyéndola por una nueva que “sanciona delitos informáticos”.

- Tipifica los siguientes delitos informáticos y establece sus respectivas sanciones: a) la obstaculización o perturbación del funcionamiento de un sistema informático, a través de la manipulación de sus datos; b) el acceso ilícito a un sistema; c) la interceptación o interferencia indebida de la transmisión no pública de información entre sistemas informáticos; d) la eliminación, alteración o destrucción de datos informáticos; e) la manipulación de datos informáticos con la intención que sean considerados o utilizados a efectos legales como auténticos, y f) la utilización o aprovechamiento de información y de documentos electrónicos manipulados o de datos contenidos en un sistema informático, causando perjuicio a otro y con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito para sí o para un tercero.

- Sanciona el uso o puesta a disposición de uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados principalmente para la perpetración de los delitos señalados.

- Establece como circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de alguno de los delitos previstos en este proyecto de ley o permita la identificación de sus responsables.

- Dispone que constituirán circunstancias agravantes el uso de tecnologías de encriptación de datos con la finalidad específica de obstaculizar la acción de la justicia; cometer el delito abusando de una posición privilegiada, y el hecho que la comisión de cualquier delito informático afecte la provisión o prestación de servicios de utilidad pública, tales como electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones o financieros.

- Otorga legitimación activa (facultad para provocar la iniciación de una investigación penal mediante querella) al Ministro del Interior, a los delegados presidenciales regionales y a los delegados presidenciales provinciales, cuando las conductas que deban ser investigadas hubiesen interrumpido el normal funcionamiento de un servicio de utilidad pública.

- Define el concepto de “datos informáticos” como toda representación de hechos, información o conceptos expresados en cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función.

- Precisa que por “Sistema informático” se entiende todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa.

- Faculta al Ministerio Público para solicitar provisoriamente la conservación o protección de datos informáticos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático, que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la respectiva autorización judicial para su entrega.

- Regula la facultad del juez de garantía para autorizar, a petición del fiscal, que cualquier empresa concesionaria de servicio público de telecomunicaciones que preste servicios a los proveedores de acceso a Internet y también estos últimos, facilite datos o informaciones acerca de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ellas.

 

Intervinieron los senadores José Miguel Insulza, Felipe Harboe, Andrés Allamand, Pedro Araya, Francisco Huenchumilla, Kenneth Pugh, Alejandro Navarro, Carmen Gloria Aravena, Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y David Sandoval.Imagen foto_00000006

 

En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 15 de abril próximo.

  

INCIDENTES

 

EL SENADOR RABINDRANATH QUINTEROS Pidió oficiar a la Dirección Nacional del Sename para que informe respecto del tiempo y forma en que se resolverán los requerimientos de recursos para el Sename de la Región de los Lagos, en que existen más de 600 menores de edad en lista de espera para peritajes psicológicos, por falta de profesionales. Asimismo solicito avanzar en la búsqueda de soluciones para los centenares de menores de edad que requieren de atención profesional personalizada en esta Institución.

 

LA SENADORA YASNA PROVOSTE Manifestó su preocupación respecto de la contaminación producida en la población y en la comunidad educativa de El Palomar, comuna de Copiapó,  que a pesar de la intervención de organismos fiscalizadores y aún con la reciente información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre la emanación de gases de alta concentración en establecimientos educacionales, esa situación se sigue sucediendo. Pidió oficiar a diversas autoridades relacionadas a fin de que informen sobre las decisiones y medidas implementadas para enfrentar esta situación en todos los ámbitos afectados.

 

EL SENADOR ALEJANDRO NAVARRO expresó su preocupación por la importante cantidad de recambio de medidores inteligentes instalados en regiones del país y que no se encuentran certificados. Hizo mención a diferentes estudios internacionales que muestran la tendencia de estos medidores a arrojar datos incorrectos, entre otras falencias, y se refirió a la iniciativa de su autoría que pone énfasis en que el recambio de medidores y empalmes debiera ser voluntario, gratuito y no afectar a los usuarios. Pidió oficiar al Ministerio de Energía para que informe respecto del plan de control existente sobre este tipo de instalaciones, su fiscalización y certificación.

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