Comisión de Educación ante situación de universidades Arcis e Iberoamericana: “esto daña a los estudiantes, sus familias, académicos y al propio sistema”

Analizando sus condiciones actuales y alertando por la realidad de miles de estudiantes de educación superior, la Comisión de Educación y Cultura analizó en detalle la situación de crisis que viven las Universidades Arcis e Iberoamericana.

Al respecto, los legisladores -junto con sentir la situación y los esfuerzos que han debido realizar estudiantes sin clases y personal sin sueldos- hay conciencia de la necesidad de prevenir casos como estos a futuro y garantizar la continuidad de estudios y viabilidad de los planteles.

Para Arcis su desenlace ya es prácticamente un hecho, ya que existe un término de giro, avalado por la Justicia, el Ministerio y la autoridad provisional y por estos días, mientras el administrador de cierre intenta restituir la Unidad de Registro Curricular y ve poco probable un retorno monetario pendiente a los trabajadores, su centro de alumnos rechaza un eventual convenio de continuidad de estudios en la Universidad Católica del Maule y critica haber sido –según indicaron- “el conejillo de Indias” de la Ley 20.800 sobre Administradores Provisionales y de Cierre.

Sin embargo, Sandra Beltrami, del alumnado de la casa de estudios, aclaró que el problema de fondo es que en la ley 20.800 sobre administración provisional y cierre de instituciones de educación superior se superpone con la ley 20.720, que se refiere a la quiebra”

Así mismo, más allá de los problemas los estudiantes “para nosotros lo esencial es que el convenio con la Universidad Católica del Maule se firme, para que así nuestra universidad pueda continuar con la administración de otra casa de estudios del consejo de rectores que nos entregue educación de calidad y dignidad académica”, consignó Beltrami.

En el caso de la Universidad Iberoamericana –a diferencia de Arcis, aún con clases y personal en sus aulas- la principal prioridad en medio de la crisis actual por la quiebra es una posible pérdida del año académico. “Es Urgente que se firme pronto el convenio con la Universidad de Santiago, que es lo que se está trabajando, para entregar garantía a los compañeros de comenzar el año académico”, sentenció Paz Gajardo, representante de la Iberoamericana.

“Si este convenio no se firma, vamos a perder el año. A esta altura ya perdimos un semestre, pero tenemos la posibilidad de partir en agosto, si se llegase a firmar el convenio”, indicó.

A diferencia de la Universidad Arcis, la Iberoamericana aún tiene su giro y no cuenta con síndico de quiebra “por lo tanto hoy día aún tenemos la posibilidad de vender los inmuebles para poder pagar a los profesores”, añadió Gajardo.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación aseguran que se trabaja en ambos temas con seriedad y total dedicación, apostando por la reasignación de recursos y destrabar los requerimientos que exige la ley.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, precisó que “para los miembros de la Comisión era muy importante el poder realizar esta sesión, escuchar los planteamientos de las comunidades educativas y si bien es cierto, las situaciones de ambas casas de estudio son diferentes, los une la dramática realidad (…)”.

“En particular, la Universidad Iberoamericana, a pocos días de haber pasado el proceso de acreditación, sorpresivamente entra en un proceso con un liquidador de cierre por falta de viabilidad financiera y, por lo tanto deja de manifiesto que el Estado tiene que tener un rol mucho más claro, más robusto en anticipar este tipo de procesos”, comentó la senadora y recordó la situación de la U. del Mar.

“La superposición de las leyes debe ser revisada. Estas situaciones terminan dañando no solo a la comunidad educativa en general, a los estudiantes que han hecho una apuesta muy importante en invertir una cantidad de años en ese proceso, a las familias en un proceso de endeudamiento, a los académicos, los trabajadores de esa universidad y finalmente al propio sistema de educación superior en su conjunto. Por lo tanto, esto debe llevar, por una parte a una acción de parte del Ejecutivo para establecer dispositivos de alerta preventiva frente a estas situaciones, y el poder establecer la forma en cómo se abordan estas superposiciones entre administrador de cierre y el liquidador”, detalló.

A su turno, la senadora Ena Von Baer señaló que “Arcis criticó la ley 20.800, a propósito de cómo rieguen estas situaciones. El gobierno anterior hizo cambios legales para hacerse cargo de las universidades que caen en una situación de cierre con la ley de administrador provisional  y creo q esa ley no dejó bien resuelta esta temática”.

“Nosotros –agregó- lo planteamos varias veces durante la tramitación de la ley y ahora ha quedado en evidencia, así que vamos a tener que volver a hacernos cargo de esta situación. Hoy se está planteando que las universidades sigan funcionando hasta que cada uno de los estudiantes termine, pero eso significaría un costo para el estado bastante alto y además cuando se declara la quiebra entra en un conflicto el administrador de cierre y el liquidador, y por lo tanto tenemos una situación que evidentemente no está bien resuelta”.